La Justicia emplazó a Milei por el financiamiento

El juez federal Martín Cormick le dio cinco días al Gobierno de Javier Milei para que cumpla con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria (LFEU). Si no lo hace, Cormick advirtió que aplicará condenas pecuniarias por cada día de demora.

Cormick en una carilla dejó en claro que entendía que el Gobierno le había mentido cuando pidió que levantara la medida cautelar que él mismo había dictado en diciembre pasado a pedido de las universidades.

“Verificándose que no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos, medida que se encuentra firme, intímese al demandado Estado Nacional, Poder Ejecutivo Nacional, a que dé efectivo cumplimiento en un plazo perentorio de cinco (5) días, bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de demora”, escribió Cormick.

Festejo.

“Es una excelente noticia. Algo que habíamos solicitado desde el CIN en el marco de la causa ante el incumplimiento de la cautelar que está firme, y estábamos esperando resolución”, dijo Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), a Página/12.

Y agregó “esperamos que el Gobierno Nacional haga lo que debe hacer y cumpla con lo dispuesto por el juez en los plazos estipulados. Vamos a seguir con mucha responsabilidad, como hasta ahora, y con mucha firmeza, hasta que la ley se cumpla integralmente, como corresponde”.

En octubre del año pasado, el CIN inició una batalla en los tribunales para que Milei cumpla con la LFEU. El 23 de diciembre pasado, Cormick dictó una medida cautelar para que el Gobierno pagara lo que adeudaba. La decisión del juez fue confirmada por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. El 25 de junio pasado, la Corte ratificó lo que había resuelto el juez.

Cautelares.

Por su parte, la Casa Rosada viene utilizando distintas maniobras para hacer que la medida cautelar se caiga. El 10 de junio pasado, el Ministerio de Capital Humano, que maneja Sandra Pettovello, le informó a Cormick que se había llegado a un acuerdo entre el CIN, la Subsecretaría de Políticas Universitarias y los gremios. En las actas, se afirmaba que el Gobierno iba a transferir 24,33 por ciento a las universidades para el pago de salarios –21 por ciento en junio y un tres por ciento adicional en octubre–, iba a actualizar en un 20 por ciento los gastos de funcionamiento y que iba a incrementar la partida para los hospitales universitarios.

Después de que el Gobierno presentara el acta como para desinflar el reclamo ante los tribunales, el CIN contestó que la suscripción de ese documento no implicaba renunciar a la posición que mantenía .

El 21 de agosto pasado, hubo una audiencia en la que el Poder Ejecutivo volvió a pedir que Cormick levantara la cautelar. El argumento que invocaba el Gobierno era que, como había hecho transferencias parciales en favor de las universidades, había desaparecido el requisito del peligro en la demora.

La posición del Gobierno no convenció al juez, que el 1 de septiembre rechazó la pretensión de la administración libertaria. En ese momento, Cormick le recordó al Ministerio de Capital Humano que ya había establecido que la cautelar regiría hasta tanto dictara una sentencia definitiva.

Tanto el 1 como el 17 de septiembre hubo reuniones entre el Gobierno, gremios y universidades. En ninguno de los encuentros se llegó a acuerdo alguno.

Desde el CIN respondieron que el Gobierno intentaba engañar al juez: que la única oferta que había hecho desde que comenzó la gestión fue la de junio y que ni siquiera había terminado de pagarla.