La Justicia habilitó la revisión de la cautelar
La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal le dio luz verde al Ministerio de Capital Humano al ordenar que se revise la vigencia de la medida cautelar que obligaba al Ejecutivo a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Con las firmas de los jueces Sergio Fernández, José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán, el tribunal consideró que el Estado Nacional sufría un “perjuicio irreparable” al tener que acatar una orden cuya vigencia se discute.
La causa se originó por un amparo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) tras el recorte de fondos dispuesto por Javier Milei mediante el Decreto 759/25. Aunque la Cámara aclaró que todavía no definió si el Ejecutivo cumplió o no con las partidas, en los despachos oficiales ya interpretan la resolución como una luz verde para suspender las transferencias salariales pendientes.
Según publicó Tiempo Argentino, los magistrados desactivaron temporalmente la intimación de cinco días que pesaba sobre el Estado para actualizar los salarios universitarios bajo apercibimiento de imponerle multas diarias.
Para justificar el congelamiento de fondos, el Gobierno alegó ante la Justicia que los aumentos salariales otorgados entre diciembre de 2023 y agosto de 2025 superaron la inflación, una afirmación que contrasta drásticamente con la pérdida del poder adquisitivo denunciada por los sindicatos docentes.
De esta manera, la batalla por el presupuesto universitario regresa al juzgado de primera instancia para continuar la rosca procesal, mientras las casas de altos estudios enfrentan un panorama crítico de desfinanciamiento y conflicto gremial de cara al cierre del año.
Santilli.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentó un escrito ante la Justicia para intentar frenar la ejecución de las multas personales que le impusieron en el marco del conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales.
El funcionario solicitó que se suspendan las astreintes de $100.000 diarios fijadas por el incumplimiento de una medida cautelar y, en caso de que ese pedido sea rechazado, interpuso un recurso de revocatoria con apelación en subsidio para que se deje sin efecto la sanción.
Según publicó Ambito, la presentación se produjo después de que la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal concediera, el 15 de octubre, un recurso de apelación del Estado Nacional contra la decisión del juez Martín Cormick que había considerado incumplida la cautelar y había intimado al Gobierno a cumplirla en un plazo de cinco días.
El Jefe de Gabinete pidió que las multas no se ejecuten hasta que la Cámara resuelva esa apelación. Según argumentó, mantener la sanción mientras se revisa judicialmente el supuesto incumplimiento podría generar consecuencias patrimoniales de difícil reparación. La Cámara aceptó tramitar el planteo de Santilli.
En el escrito sostuvo que la discusión pendiente ante la Cámara comprende “la existencia misma del incumplimiento atribuido al Estado Nacional” y la interpretación de las obligaciones que, según la resolución judicial, todavía están pendientes.
Por eso, advirtió que la ejecución de las multas podría anticipar consecuencias económicas antes de que el tribunal de alzada se pronuncie sobre el planteo del Gobierno.
Presupuesto 2027.
Por otra parte, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, defendió en la Cámara de Diputados el presupuesto para las universidades y pidió que tengan una gestión "responsable y con transparencia", en una tensa reunión donde hubo fuertes cruces que rozaron el escándalo.
Torrendel defendió, junto al subsecretario de Política Universitaria, Alejandro Álvarez, la política educativa y para las casas de altos estudios, en la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Bertie Benegas Lynch.
A lo largo de la reunión no faltaron los insultos y casi los diputados de UxP Carlos Castagneto y de la LLA, Andrés Leone, casi se toman a golpes, aunque fueron separados a tiempo por los libertarios y peronistas.
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