Memorándum: la Corte ordenó que CFK vaya a juicio oral

La Corte Suprema de Justicia ordenó ayer que la ex presidenta Cristina Kirchner y otros acusados vayan a juicio oral por la firma del memorándum con Irán por el atentado a la AMIA, al rechazar recursos extraordinarios de las defensas, informaron fuentes judiciales.

El máximo tribunal avaló la decisión que había tomado al respecto la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que revocó los sobreseimientos de todos los acusados y ordenó que se avance hacia la etapa de juicio en el caso que se abrió por denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman.

La Corte rechazó por unanimidad las apelaciones presentadas por las defensas de Cristina Kirchner, Angelina Abbona, Carlos Zannini y Juan Martín Mena, al ratificar la revocatoria de sus sobreseimientos y ordenar la continuidad de las actuaciones judiciales.

Las impugnaciones fueron desestimadas por cuestiones formales, sin abordar el análisis de las pruebas; en paralelo, en un expediente relacionado, la Corte también rechazó una recusación planteada por Zannini contra los ministros del máximo tribunal.

Apelaciones.

El caso involucra la presunta intención de garantizar impunidad a ciudadanos iraníes acusados por el atentado a la AMIA mediante negociaciones paralelas al tratado internacional.

Inicialmente, el Tribunal Oral Federal 8 sobreseyó a todos los imputados, decisión que fue revocada por la Cámara Federal de Casación Penal, que ordenó además apartar a los jueces originales del proceso.

El fallo de la Corte, respaldado por los votos de Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, destacó que el recurso presentado "no satisface los recaudos legales para su admisibilidad".

Asimismo, se rechazaron planteos sobre la garantía de juez natural, la razonabilidad de los tiempos procesales y las alegadas arbitrariedades del fallo apelado.

Finalmente, la Corte subrayó que no se demostró la existencia de una situación de gravedad institucional que justificara su intervención.

En otro dictamen, también se rechazaron recusaciones contra los jueces de Casación y los nuevos magistrados designados para intervenir en el juicio.

La causa.

La causa se inició en enero de 2015 con la denuncia que presentó el fallecido fiscal Alberto Nisman, y en la que sostuvo que con la firma del memorándum entre Argentina e Irán se buscó encubrir a los acusados del atentado a la AMIA porque hacía caer las alertas rojas de detención de Interpol que pesaban sobre ellos.

El Tribunal Oral Federal 8 sobreseyó en octubre de 2021 a todos los acusados por inexistencia de delito.

"El Memorándum, más allá de se lo considere un acierto o desacierto político, no constituyó delito", dijeron en aquel fallo los jueces Gabriela López Iñíguez, José Michilini y Daniel Obligado, en una decisión que fue apelada por la DAIA y familiares de las víctimas del atentado a la AMIA.

Dólar Futuro.

Por otra parte, La Corte Suprema desestimó un planteo de la fiscalía y dejó firme el sobreseimiento de la ex presidenta Cristina Kirchner, del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y de otros ex funcionarios en la causa ´Dólar futuro´.

El máximo tribunal invocó el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para rechazar el recurso de queja interpuesto por la fiscalía.

La causa, originada por una denuncia de diputados del PRO y la UCR, investigó supuestas irregularidades en las operaciones de contratos a futuro realizadas por el Banco Central entre agosto y noviembre de 2015, durante la gestión del kirchnerismo.

Según la denuncia, el precio pactado de los contratos ($10,6 y $10,8 por dólar) generó pérdidas frente al tipo de cambio del mercado en ese período.

Sin embargo, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal sobreseyó a los acusados tras una pericia del Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Justicia Nacional, que concluyó que no hubo perjuicio al erario público.

El fallo beneficia también a Alejandro Vanoli Long Biocca, Sebastián Andrés Aguilera, Miguel Ángel Pesce y otros ex directivos del Banco Central.

La sentencia cierra definitivamente la investigación sobre uno de los casos más emblemáticos de la gestión económica de la ex presidenta, quien calificó esa denuncia como una "persecución política". (NA)