Nación deja de cubrir pasajes a personas con discapacidad

El Gobierno dejará de financiar los pasajes gratuitos en micros de larga distancia a personas con discapacidad, trasplantados y menores con cáncer, delegando esa responsabilidad en las empresas.

 

La decisión adoptada por la Secretaría de Transporte se da mediante la Resolución 28/2026, publicada en el Boletín Oficial, que deroga el esquema de compensaciones económicas que el Estado Nacional otorgaba a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos emitidos por ley.

 

La normativa derogada establecía que el Estado compensaba parcialmente a las empresas por los tickets otorgados a personas con discapacidad, personas trasplantadas o en lista de espera (Sintra) y menores con cáncer.

 

Según publicó Tiempo Argentino, el Ejecutivo argumentó que este sistema de subsidios nació en un contexto de “emergencia”, generando “un esquema de regulación tarifaria con fuerte intervención estatal que limitaba la posibilidad de los operadores de fijar libremente sus precios”.

 

Con la desregulación del transporte interjurisdiccional aprobada por el Decreto 883/2024, sostuvo que se produjo “una modificación sustancial del paradigma regulatorio vigente, estableciendo un régimen basado en la libertad tarifaria, la simplificación normativa y la promoción de la competencia”.

 

Transporte considera que la capacidad de los transportistas para fijar libremente sus precios, recorridos y horarios les permite ahora “internalizar dentro de su estructura de costos las obligaciones legales”.

 

La administración de Javier Milei considera que, al no haber ya bandas tarifarias impuestas, las empresas deben absorber el costo de los pasajes gratuitos como parte de su operación comercial habitual.

 

Gratuito.

 

La resolución no elimina el derecho de los usuarios a viajar sin cargo. El documento aclara explícitamente que el derecho a la gratuidad previsto en las leyes 22.431 (discapacidad), 26.928 (trasplantados) y 27.674 (oncología infantil) “permanece plenamente vigente y exigible frente a los transportistas”.

 

De esta manera el Gobierno puntualizó que “el eventual impacto económico de la decisión se circunscribe exclusivamente a la relación financiera entre el Estado y los operadores privados”.

 

Control.

 

Para garantizar que las empresas sigan cumpliendo con la entrega de los pasajes a pesar de no recibir la compensación estatal, la resolución encomienda a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) el mantenimiento de los procedimientos de control y fiscalización necesarios.

 

La medida entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, aunque incluye una cláusula para resguardar los pagos de compensaciones que ya se hubieran devengado antes de esta fecha.

 

Familias.

 

Las familias reportaban problemas para conseguir cupo. “Las empresas ya venían restringiendo la manera de acceder a estos pasajes gratuitos ya que el gobierno no las controlaba. Ahora el estado se retira completamente, y aunque el derecho sigue vigente, y las empresas estan obligadas a garantizar ese derecho adquirido. Sin control y sin subsidio“, explicó la actriz Valentina Bassi.

 

“Como sea, lo que nosotros creemos es que los pasajes los debe garantizar el Estado, y los debe pagar el Estado. Así está estipulado en las leyes vigentes que garantizan el derecho, en ninguna de las cuales se menciona nunca a los privados”, precisó a Página 12 la referenta de Red por por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), Ana Dones.

 

Por su parte, las empresas dijeron que seguirán garantizando los pasajes y esperan ganar la batalla en los tribunales. “Nos vemos obligados a aclarar que bajo ningún concepto cuestionamos el derecho al transporte gratuito de las personas con discapacidad, trasplantados y pacientes oncopediátricos. Lo que sí señalamos es la inconsistencia de, por un lado desregular un sector eliminando su carácter de servicio público y al mismo tiempo pretender que las empresas absorban indefinidamente -sin compensación alguna- las cargas propias de ese régimen”, dijo en un comunicado Daniel Russo, Presidente Celadi.

 

El Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad salió a advertir sobre la posible pérdida de derechos. “Desde el FORO manifestamos nuestra preocupación ante una nueva medida que, en un contexto de ajuste y desfinanciamiento del sector, puede traducirse en mayores obstáculos para el acceso efectivo al derecho al transporte de las personas con discapacidad”, dijeron.