OSPRERA vuelve a manos de sus trabajadores después de 15 meses de intervención

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) celebró la resolución judicial que ordenó la inmediata restitución del directorio de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores (OSPRERA). 

Mediante un comunicado titulado "Triunfo de la autonomía sindical: OSPRERA vuelve a manos de los trabajadores rurales tras 15 meses de intervención irregular", la organización criticó duramente la acción del gobierno nacional y remarcó que ese año y medio de intervención estuvo atravesado por "denuncias" y se trató de "un claro atentado contra la autonomía sindical".

"Esta decisión revierte la medida adoptada en octubre de 2024 por el juez Villena —actualmente bajo investigación por prevaricato— que desplazó al directorio legítimo en un contexto de manifiesta parcialidad e incompetencia territorial, tal como lo cuestionaron duramente los fiscales mediante recusación", contextualizó el texto.

Desde UATRE sostuvieron que a lo largo de los 15 meses, Marcelo Petroni, el interventor designado por el presidente Javier Milei, fue denunciado en varias oportunidades. En tal sentido, detallaron las tres situaciones más graves: "Duplicación innecesaria de la estructura administrativa, con nombramientos de dirigentes derrotados en elecciones internas y sin experiencia en salud. Priorización de negocios espureos, con pagos de facturas sin prestación real. Reducción drástica del gasto en prestaciones médicas, lo que provocó interrupciones y cortes en la entrega de medicamentos ambulatorios, oncológicos y de alto costo".

El comunicado afirmó que las acciones de Petroni generaron "consecuencias devastadoras para miles de afiliados", entre las que mencionaron el agravamiento de patologías, el empeoramiento de cuadros graves, y "pérdidas irreparables". 

En esa línea, el escrito precisa que "hasta diciembre de 2025, se registraron 476 acciones de amparo en la Justicia por falta de cobertura, muchas de ellas incumplidas, y tres causas penales por “abandono de persona seguido de muerte”, incluyendo el caso del compañero José Alfredo Garavento, paciente oncológico fallecido en febrero de 2025 tras la interrupción de su tratamiento".

El fallo sobre el caso Garavento, según UATRE, mostró que el argumento usado por el gobierno nacional para intervenir la obra social queda sin sentido y, por tal razón, consideró que no era necesario que se continúe con la intervención y el desplazamiento del Directorio. 

"Hoy la OSPRERA retorna a la gestión de las autoridades elegidas legitimamente, tras más de un año de conflictividad institucional, judicial y perjuicios irreparables a los afiliados. La UATRE reafirma su compromiso
irrestricto con la defensa de la libertad sindical, la transparencia y la prioridad absoluta en la salud y los derechos de los peones rurales y estibadores de todo el país. La lucha continúa, no sabemos en qué estado será devuelta la Obra Social. No será fácil ni inmediato, pero desde UATRE trabajaremos por una obra social digna, autónoma y al servicio exclusivo de las familias rurales", concluyó la organización.