Perpetua al autor del triple lesbicidio
La justicia porteña dictó una sentencia ejemplar al condenar a prisión perpetua a Justo Fernando Barrientos, el único acusado por el brutal ataque incendiario ocurrido en el barrio de Barracas, que acabó con la vida de Pamela Cobas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 5 de la ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Adrián Pérez Lance, Juan Manuel Grangeat y Cinthia Oberlander, halló al imputado penalmente responsable de homicidio agravado con ensañamiento, alevosía, odio a la orientación sexual de las víctimas y la utilización de un medio idóneo para generar un peligro común.El trágico suceso tuvo lugar durante la madrugada del 6 de mayo de 2024 en una pensión familiar donde residían tanto el agresor como las dos parejas de mujeres. Según la reconstrucción judicial respaldada por los testimonios de los vecinos, Barrientos arrojó un artefacto explosivo de fabricación casera al interior de la habitación mientras las víctimas dormían, desatando un incendio devastador. Lejos de detenerse, bloqueó la salida a golpes y patadas para impedir que escaparan de las llamas. Como consecuencia de las quemaduras sufridas, tres de las mujeres fallecieron, mientras que Sofía Castro Riglos logró sobrevivir milagrosamente al ataque. El diario Página 12 reveló que durante la última jornada del proceso judicial, antes de escuchar el veredicto, Barrientos hizo uso de su derecho a las últimas palabras frente a los magistrados y declaró de manera inmutable: “Me siento inocente”.
Su defensa había intentado lograr su libertad amparándose en el principio del beneficio de la duda, una estrategia que fue desestimada de plano por los jueces frente a la contundencia de las pruebas y el pedido unificado de pena máxima sostenido tanto por la fiscalía como por las querellas.Samanta Pedrozo, abogada de la Federación Argentina LGBT+, destacó la importancia vital de que el tribunal haya aplicado el agravante de odio de género. Subrayó que esta calificación legal permite comprender la masacre no como un incidente aislado, sino como un crimen motivado por la discriminación.
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