Se cayó una sesión impulsada por LLA
La estrategia parlamentaria del oficialismo sufrió este miércoles un duro revés en la Cámara de Diputados. La sesión especial convocada para debatir la Ley Malvinas y la reforma del Banco Central naufragó antes de empezar luego de que el oficialismo lograra reunir apenas 126 legisladores, quedando lejos del número necesario para habilitar el debate. La caída de la convocatoria no respondió únicamente al rechazo de la oposición más dura, sino a un inesperado movimiento coordinado de bloques habitualmente dialoguistas que decidieron hacer valer su peso específico en el recinto.El factor determinante de la jornada fue la postura adoptada por Provincias Unidas, la bancada presidida por la santafesina Gisela Scaglia. De sus 18 integrantes, 17 optaron por no bajar a sus bancas, siendo la cordobesa Alejandra Torres la única excepción. Detrás de este vacío estuvo la decisión política de los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora, y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quienes mantuvieron el suspenso hasta último momento para enviar un mensaje contundente a la Casa Rosada tras una serie de desentendimientos acumulados.
Biocombustibles.El principal foco de conflicto para los mandatarios de la Región Centro radica en el freno impuesto en la Cámara baja a la Ley de Biocombustibles, un proyecto que ya contaba con media sanción del Senado. La iniciativa busca elevar el corte obligatorio de bioetanol y biodiesel, una medida que favorece directamente a las grandes aceiteras del Gran Rosario y a las firmas maiceras de Córdoba y Tucumán, pero que genera resistencia en las pymes del sector radicadas en Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis. La presión de estas últimas provincias logró bloquear el avance del expediente, desatando la represalia política de Llaryora y Pullaro. A este malestar se sumó la falta de respuestas del Ejecutivo en la negociación por el Presupuesto 2027. El dictamen de mayoría firmado el martes en la comisión de Presupuesto y Hacienda no contó con el aval de los representantes de Provincias Unidas, Carolina Basualdo y Jorge Rizzotti. El espacio reclama una rebaja en el Impuesto a los Combustibles Líquidos, mayor flujo de subsidios al transporte, partidas específicas para obra pública y un refuerzo en los fondos destinados a cubrir los déficits de las cajas previsionales provinciales.
Además, en el bloque persiste el enojo por el acuerdo entre el oficialismo y el PRO para otorgarle al partido amarillo una silla en el Consejo de la Magistratura, un lugar que, por estricta aplicación reglamentaria, le corresponde a Provincias Unidas en su carácter de segunda minoría con 18 diputados frente a la docena del PRO.
Zago y Falcone.El plantón también tuvo otros protagonistas relevantes. Los dos diputados del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Oscar Zago y Eduardo Falcone, se ausentaron en rechazo a la reforma política impulsada por el Gobierno. Desde el espacio cuestionaron el endurecimiento de los requisitos para la creación y sostenimiento de partidos políticos, los cambios en el financiamiento y la recentralización en la selección de candidaturas.
Bajo la premisa de que "la democracia no se negocia", advirtieron que no avalarán un esquema que tienda a la polarización y a la extinción de fuerzas históricas. En sintonía política con este planteo, el diputado del PRO Álvaro González tampoco dio quórum siguiendo las directivas del exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.Por último, el frente oficialista terminó de resquebrajarse por la ausencia de cinco de los ocho integrantes de Argentina Federal y de los tres diputados de Elijo Catamarca, alineados con el gobernador Raúl Jalil. El titular de la bancada catamarqueña, Sebastián Nóblega, explicó que, si bien acompañan el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, rechazan que el tema se mezcle en un mismo texto con reformas en áreas de defensa, seguridad e inteligencia.
Asimismo, cuestionaron la creación de un Consejo de Seguridad Nacional con atribuciones para congelar fondos o fijar aranceles de hasta el 75%, facultades que consideran propias del Congreso, dejando en claro que cualquier avance futuro requerirá de una negociación mucho más fina por parte del Gobierno.
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