¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Las notificaciones están desactivadas

Para activar las notificaciones:

Pedido Ya: la Justicia reconoció como empleada a una repartidora monotributista

Redaccion Avances 19/11/2026 - 14.03.hs

La Justicia laboral reconoció la existencia de una relación de dependencia entre una repartidora y dos sociedades vinculadas a PedidosYa, pese a que la trabajadora estaba inscripta como monotributista y había firmado contratos de locación de servicios. El juez consideró que la plataforma organizaba y controlaba su actividad mediante turnos, precios, rankings y herramientas digitales, por lo que entendió que la prestación reunía las características de un vínculo laboral.

 

La sentencia fue dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N.º 77, a cargo del juez Mariano Candal, en la causa iniciada por M. I. V. contra Delivery Hero Logistics S.A. y Delivery Hero E-Commerce S.A. Ambas compañías fueron consideradas empleadoras durante todo el período analizado y condenadas solidariamente.

 

El caso adquiere relevancia por el debate sobre la naturaleza del trabajo en plataformas digitales y por el nuevo régimen de prestadores independientes incorporado por la reforma laboral. Sin embargo, el magistrado aclaró que esa regulación no resultaba aplicable al expediente, porque la relación se había extinguido antes de la entrada en vigencia de la nueva ley.



Por qué la Justicia consideró que existía una relación laboral.

 

La trabajadora había comenzado a prestar servicios el 8 de enero de 2023 como repartidora de productos gastronómicos. Según el expediente, la empresa le exigió inscribirse en el monotributo y emitir facturas para cobrar, por lo que la relación nunca fue registrada como laboral.

 

Las compañías sostuvieron que se trataba de una locación de servicios. Argumentaron que la reclamante elegía los días, horarios y zonas en las que trabajaba, podía rechazar pedidos, no estaba sujeta a exclusividad y utilizaba su propio vehículo y teléfono.

 

Sin embargo, el juez entendió que la documentación aportada por las propias empresas mostraba un funcionamiento diferente. Los contratos establecían que la plataforma ofrecía semanalmente los servicios y fijaba los precios, organizaba los lugares donde debían retirarse y entregarse los pedidos y podía pausar la conexión de una repartidora que no respondiera a las confirmaciones.

 

También se tuvo en cuenta que la trabajadora debía avisar con 24 horas de anticipación si no podía cumplir los horarios comprometidos. Las planillas de conexión mostraron que, entre octubre de 2023 y octubre de 2024, se conectó entre 23 y 29 días por mes, con una actividad mensual de entre 150 y 200 horas.

 

El sistema también registraba las ausencias y exigía que fueran justificadas mediante tickets generados en la aplicación. Para el magistrado, ese mecanismo demostraba que la empresa evaluaba los incumplimientos y podía aplicar limitaciones a conexiones posteriores.

 

Otro elemento considerado fue el acuerdo de exhibición publicitaria que había firmado la repartidora. La empresa le entregaba prendas y elementos identificados con su marca y le pagaba un importe por cada hora que permanecía conectada. A cambio, le prohibía utilizar distintivos de compañías competidoras durante ese tiempo.



El algoritmo y el control de la actividad de los repartidores.

 

Uno de los aspectos centrales del fallo fue el análisis del papel de la tecnología en la organización del trabajo. Candal sostuvo que la utilización de una aplicación no elimina la posibilidad de que exista subordinación laboral.

 

En ese sentido, señaló que la asignación de pedidos, el seguimiento mediante GPS y el control del cumplimiento de las condiciones podían constituir el ejercicio de facultades de dirección de la empresa, aunque se realizaran de manera automatizada.

 

El juez también consideró que la trabajadora no conocía los criterios con los que funcionaba el algoritmo ni las razones detrás de las decisiones que afectaban su actividad. Esa circunstancia fue valorada como un elemento de subordinación, porque debía cumplir las instrucciones del sistema sin intervenir en su configuración.

 

La sentencia agregó que los clientes pertenecían a la plataforma y no a cada repartidor. La empresa concentraba la relación con los usuarios y administraba información sobre sus domicilios, consumos y preferencias, mientras que los trabajadores realizaban las entregas dentro de una organización empresarial ajena.

 

En ese contexto, el magistrado consideró que el hecho de que Vargas utilizara una moto y un teléfono propios no demostraba que tuviera una estructura económica independiente. Esos elementos fueron considerados herramientas necesarias para realizar el trabajo, pero no suficientes para acreditar autonomía.

 

Por qué fueron condenadas las dos empresas de Delivery Hero.

 

La sentencia también analizó la participación de Delivery Hero Logistics S.A. y Delivery Hero E-Commerce S.A. Las compañías habían sostenido que sus respectivas vinculaciones con la trabajadora correspondían a períodos diferentes.

 

Sin embargo, los registros mostraron que Vargas utilizó la misma cuenta de la aplicación y continuó trabajando en las mismas zonas. El último turno registrado por Delivery Hero Logistics fue el 30 de junio de 2024 y al día siguiente comenzó a figurar actividad vinculada con Delivery Hero E-Commerce, sin interrupción de la prestación.

 

Además, la segunda sociedad no presentó un contrato celebrado con la repartidora. El juez entendió que la continuidad de las tareas bajo las mismas condiciones y la confusión entre las estructuras de ambas compañías impedían considerar que se tratara de relaciones independientes.

 

Por ese motivo, las consideró empleadoras durante todo el vínculo y dispuso que respondieran solidariamente por las obligaciones derivadas de la relación laboral.

 

Las demandadas también habían argumentado que el contrato se había extinguido por voluntad concurrente, porque la trabajadora dejó de conectarse durante un período. El planteo fue rechazado: el expediente mostró que, después de varios meses de escasa actividad, Vargas volvió a trabajar regularmente en abril de 2025 y que las empresas no habían comunicado la finalización del vínculo.

 

Qué establece la reforma laboral para los trabajadores de plataformas.

 

La Ley 27.802 de Modernización Laboral incorporó un régimen específico para los servicios privados de movilidad de personas y reparto que utilizan plataformas tecnológicas. El capítulo correspondiente establece la figura de los prestadores independientes y modifica el alcance de la Ley de Contrato de Trabajo respecto de quienes encuadren en esa categoría.

 

Entre otros aspectos, la norma reconoce a los prestadores los siguientes derechos:

 

La libertad de conectarse y desconectarse

Elegir sus horarios y recorridos

Aceptar o rechazar pedidos sin necesidad de justificar la decisión

Información sobre suspensiones y la portabilidad de datos

Capacitación

Seguros de accidentes personales

Percepción íntegra de las propinas

 

El régimen establece, además, obligaciones para las plataformas y para los prestadores. Entre estas últimas figuran la inscripción fiscal y el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a su actividad independiente.

 

La regulación busca encuadrar como independientes a quienes prestan servicios bajo esas condiciones. Por eso, su aplicación exige analizar si la relación concreta reúne las características previstas en la ley: no implica que cualquier persona que trabaje mediante una aplicación quede automáticamente fuera de la legislación laboral.

 

Por qué el nuevo régimen no se aplicó en este caso.

 

Aunque la sentencia se dictó en noviembre de 2026, el vínculo laboral que analizó había terminado el 11 de febrero de ese año. La Ley 27.802 fue publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo de 2026, después de la finalización de la relación.

 

Por esa razón, Candal sostuvo que la nueva normativa no podía modificar la calificación jurídica de un vínculo que se había constituido, desarrollado y extinguido bajo el régimen anterior. En consecuencia, consideró abstracto el planteo de inconstitucionalidad que había formulado la trabajadora contra el régimen de prestadores independientes.

 

El magistrado también examinó la modificación del artículo 23 de la LCT introducida por la Ley 27.742. Esa reforma incorporó una excepción a la presunción de existencia de un contrato de trabajo para determinadas contrataciones de obras, servicios profesionales o de oficios, bajo ciertas condiciones. El juez entendió que esa excepción no correspondía al caso, porque la prestación de Vargas no estaba comprendida en esos supuestos.

 

De esta manera, la sentencia no declaró inconstitucional el nuevo régimen de plataformas ni resolvió cómo deben calificarse los vínculos que se desarrollen bajo la Ley 27.802. Su conclusión se limitó a una relación que había finalizado antes de la entrada en vigencia de esa regulación.

 

Qué resolvió el juez sobre el reclamo de la repartidora.

 

El fallo reconoció que Vargas mantuvo una relación laboral no registrada con las dos sociedades entre enero de 2023 y febrero de 2026. También consideró justificada la decisión de la trabajadora de darse por despedida, luego de que las empresas rechazaran su intimación para que regularizaran el vínculo.

 

La condena incluyó las indemnizaciones correspondientes al despido y una reparación por los daños derivados de la falta de registración. Además, el juez ordenó entregar el certificado de trabajo previsto en el artículo 80 de la LCT, bajo apercibimiento de aplicar una multa diaria en caso de incumplimiento.

 

La sentencia también dispuso que, una vez firme, se comunicara la situación a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

 

El pronunciamiento pone el foco en las condiciones concretas en las que se desarrolló la actividad: para determinar si existió una relación laboral, el juez consideró la organización de los turnos, la fijación de los pagos, el control de las tareas y la inserción de la repartidora en la actividad empresarial, más allá de que hubiera facturado como monotributista. (IP Profesional). 

 

 

 

 

'
'