Ultimátum judicial al Gobierno por prestaciones de discapacidad de PAMI

El juez cordobés Miguel Vaca Narvaja dictó una medida cautelar de carácter urgente en medio del conflicto entre el Gobierno nacional y las personas con discapacidad. En su resolución, intimó al Ministerio de Salud de la Nación y al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) a regularizar en un plazo de 72 horas los pagos correspondientes a las prestaciones contempladas en la Ley 24901 para beneficiarios de Pensiones no Contributivas con Certificado Único de Discapacidad.

 

La decisión judicial, a la que accedió El Destape, se dio en el marco de un amparo colectivo promovido por Defendamos Córdoba junto a Apadim, el Pequeño Cottolengo Don Orione y distintos centros terapéuticos cordobeses. En el fallo, el magistrado advirtió que la interrupción de tratamientos o la falta de cobertura provoca retrocesos en el desarrollo alcanzado por las personas con discapacidad y afecta el esfuerzo que realizan las familias y cuidadores para sostener esos espacios terapéuticos. Desde PAMI, en tanto, señalaron ante la consulta de este medio que “la obra social ya está al día”.

 

Vaca Narvaja, en la resolución, sostuvo que existen elementos suficientes para considerar que tanto el PAMI como el programa Incluir Salud incurrieron en atrasos en los pagos de las prestaciones contempladas en la ley 24901 para personas con discapacidad.

 

Además, señaló que la situación se desarrolla en un contexto en el que, según expresó, existen "numerosos intentos por parte de la autoridad estatal de evadir o dilatar el cumplimiento de su obligación de observar y garantizar los estándares constitucionales e internacionales de protección integral de los grupos más vulnerables". Además, remarcó que el colectivo afectado está integrado por personas en situación de "múltiple vulnerabilidad", entre ellas niños, adultos mayores, personas con discapacidad y sectores de bajos recursos.

 

 

La versión del Gobierno.

 

El diario porteño indicó que en el expediente, el Ministerio de Salud reconoció retrasos en los pagos a prestadores de servicios para personas con discapacidad. Según una nota de la Subsecretaría de Políticas de Acceso y Apoyos incorporada a la causa, las demoras obedecen a un "proceso de reordenamiento estructural" y a la incorporación del programa a los mecanismos administrativos de la cartera sanitaria nacional.

 

De acuerdo con esa explicación, la transición hacia los estándares de gestión de la Administración Pública Nacional habría generado dificultades en la tramitación de pagos, aunque el organismo aseguró que la situación se encuentra "en pleno proceso de regularización" y que no implica una reducción de las prestaciones. Sin embargo, el juez consideró que la continuidad de estas demoras puede derivar en interrupciones de tratamientos y prestaciones indispensables para las personas con discapacidad, con el consecuente riesgo para su salud y desarrollo integral.

 

 

Justificaciones.

 

Tanto el ministro de Salud, Mario Lugones, como el titular del PAMI, Esteban Leguízamo, aseguraron en distintas declaraciones que los pagos de la institución se regularizaron. "Hoy PAMI está pagando, la plata llegó", aseguró Lugones en la cumbre de AmCham Summit que se realizó semanas atrás. "La obra social más grande de la Argentina tiene un millón de personas, más o menos, de más de ochenta años, sobre los cinco millones de personas que hay en total. Tiene casi seis mil personas más de cien años", agregó.

 

Leguízamo, por su parte, negó en abril que PAMI atraviese una crisis, tal como denuncian sus afiliados. "No creo que tengamos un momento de crisis en PAMI. Llevo 20 años en la institución y ha habido situaciones mucho más difíciles que la que podemos tener ahora", dijo en diálogo con TN. "Quiero llevar tranquilidad a nuestros afiliados, la provisión de medicamentos no va a tener ningún problema y la deuda con farmacias de medicamentos está al día", agregó.