Asistencia técnica e innovación en riesgo

El financiamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) vuelve a quedar en el centro de la discusión presupuestaria. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advierte que el proyecto de Presupuesto 2027 profundiza el ajuste sobre el organismo y pone en riesgo capacidades estratégicas para la producción agropecuaria, desde la investigación y el desarrollo tecnológico hasta la asistencia técnica en los territorios.

El principal cambio está contemplado en el artículo 21 del proyecto, que elimina la asignación específica vinculada a la recaudación sobre las importaciones que financia al INTA, al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

En el caso del organismo agropecuario, el impacto es significativo. Según los datos analizados por el CEPA, durante 2026 el INTA contó con un presupuesto de 905.711 millones de pesos, de los cuales 513.034 millones provenían de esa fuente de financiamiento, equivalente al 57% de sus recursos.

Para 2027, el proyecto contempla una asignación de 546.784 millones de pesos, sin ingresos provenientes de la alícuota. El informe estima que, al considerar la inflación, la reducción presupuestaria alcanzaría el 50% interanual. Si se compara con 2023, la caída real acumulada llegaría al 55,9%.

Menos asistencia.

Una de las principales preocupaciones pasa por las consecuencias que el ajuste puede tener sobre los productores que dependen de los servicios públicos de extensión rural y transferencia tecnológica.

El documento señala que ya se dieron de baja 41 Agencias de Extensión Rural, se cerraron 74 oficinas y se dispuso el cierre de la Estación Experimental Agropecuaria AMBA y sus nueve agencias.

El repliegue territorial puede limitar el acceso a asesoramiento técnico sobre manejo de cultivos, control de plagas, riego, sanidad y mejora de los sistemas productivos. El impacto sería especialmente importante para los pequeños y medianos productores, que cuentan con menos posibilidades de contratar servicios privados.

De acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario de 2018, las explotaciones de menos de 100 hectáreas representan el 70% de las unidades productivas del país, según la caracterización incluida en el informe.

El CEPA también advierte sobre las consecuencias para programas como Cambio Rural, que promueve el trabajo asociativo y la incorporación de tecnologías mediante el acompañamiento de técnicos. La reducción de esos servicios puede debilitar los grupos de productores y dificultar la adopción de mejoras productivas.

Investigación en riesgo.

El ajuste también compromete actividades de investigación y desarrollo tecnológico. Según el relevamiento del organismo citado por el CEPA, el 23% de las actividades de investigación y desarrollo en los territorios y el 42% de las líneas de innovación resultaron afectadas por las restricciones presupuestarias.

Las consecuencias pueden extenderse a distintas cadenas productivas, desde la agricultura hasta la ganadería y las economías regionales. El INTA participa en programas de mejoramiento genético, desarrollo de variedades, manejo de recursos naturales y adaptación de tecnologías a las condiciones productivas de cada región.

El informe destaca, entre otros ejemplos, el aporte del organismo al mejoramiento de cultivos como ajo, cebolla, algodón, arroz y yerba mate, además de sus trabajos con especies forestales y producción ovina.

La continuidad de esas investigaciones resulta relevante para mejorar rendimientos, reducir costos, enfrentar enfermedades y adaptar la producción a condiciones ambientales adversas. La interrupción de los programas o la pérdida de sus equipos especializados puede generar consecuencias que no se revierten rápidamente con una recuperación posterior del presupuesto.

A eso se suma la salida de personal calificado. El documento registra la desvinculación de 223 profesionales con estudios de posgrado durante el proceso de retiros de julio de 2026 y advierte sobre las dificultades para retener equipos técnicos en un contexto de pérdida del poder adquisitivo salarial.

Menos herramientas.

Otra de las capacidades que podría resentirse es la respuesta ante contingencias climáticas, productivas y sanitarias. El INTA produce información sobre suelos, agua y clima, desarrolla sistemas de alerta temprana y participa en redes de monitoreo que utilizan productores y organismos públicos para tomar decisiones. Esa información permite anticipar riesgos, ajustar prácticas de manejo y mejorar la planificación de las actividades agropecuarias.

El CEPA advierte que la reducción de recursos también limita la capacidad de respuesta ante sequías, inundaciones y plagas emergentes. Entre los antecedentes que permiten dimensionar la importancia del monitoreo se encuentra la crisis provocada por la chicharrita del maíz durante la campaña 2023/24.

En ese escenario, la vigilancia, los muestreos y las recomendaciones técnicas resultan fundamentales para detectar problemas y reducir sus consecuencias económicas. Una menor disponibilidad de recursos puede demorar esas tareas y dificultar la respuesta ante situaciones imprevistas.

El financiamiento específico que se busca eliminar también contribuye a sostener gastos de funcionamiento, inversiones, becas y actividades de investigación. Además, el Fondo Nacional de Tecnología Agropecuaria permite acumular saldos no ejecutados para atender necesidades extraordinarias, aunque su utilización está sujeta a autorizaciones administrativas.

Trasciende al organismo.

El informe plantea que el desfinanciamiento del INTA no se limita a una reducción de su estructura administrativa, sino que puede afectar servicios y conocimientos que forman parte de la infraestructura productiva del país.

La investigación pública, la extensión rural y la generación de información permiten que los avances tecnológicos lleguen a establecimientos de distintas escalas y regiones. Cuando esas capacidades se reducen, el acceso a las herramientas de innovación puede quedar cada vez más condicionado por la posibilidad de pagar asesoramiento privado.

En ese sentido, el CEPA advierte que las consecuencias podrían ser más profundas en las economías regionales y en las provincias con menor capacidad propia de investigación y asistencia técnica.

El debate sobre el Presupuesto 2027 vuelve así a poner en discusión el papel del INTA en el desarrollo agropecuario. La eliminación de su fuente específica de financiamiento y la reducción de los recursos disponibles plantean interrogantes sobre la continuidad de sus investigaciones, el acompañamiento a los productores y la capacidad del sistema público para responder a los desafíos tecnológicos, climáticos y sanitarios de la actividad.