Debate y apoyo al proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
Alrededor de 180 personas participaron ayer, en el Aula Magna de la Universidad, de la audiencia pública para debatir el proyecto oficial de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que el gobierno nacional aspira a aprobar antes de fin de año en el Congreso y a través del cual promete eliminar los monopolios y las posiciones dominantes en el mercado de los medios de comunicación.
Durante cinco horas se escucharon apoyos casi unánimes y también críticos a la propuesta -con la excepción de los prestadores privados de cable-, destacándose el pedido de las cooperativas para que en la redacción definitiva de la ley no queden dudas de que ellas podrán brindar televisión por cable en las mismas condiciones que los prestadores comerciales.
De la audiencia participaron con voz la Federación Pampeana de Cooperativas Eléctricas (Fepamco), la Cooperativa Popular de Electricidad, la Universidad Nacional de La Pampa, el Sindicato de Prensa y pequeños cableros, entre otros sectores y entidades. Quien no concurrió fue el interventor del Comité Federal de Radiodifusión, Gabriel Mariotto. El funcionario llegó a la ciudad por vía terrestre, procedente de San Juan, pero a las 6 de la mañana tuvo que partir imprevistamente a Buenos Aires, a pedido de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, para participar de reuniones y agasajos con la comitiva que acompañó al país al presidente brasileño Lula da Silva. Tampoco estuvo el gobernador Oscar Mario Jorge, asistiendo en su nombre el ministro de Gobierno, César Rodríguez.
En reemplazo de Mariotto habló el coordinador general del Comfer, Luis Lázzaro, quien afirmó que "el derecho de información y de libre expresión no puede quedar en manos de unos pocos grupos mediáticos porque es propiedad del pueblo argentino" y añadió que el gobierno nacional "aspira a una nueva ley democrática y pluralista".
El funcionario expresó que la comunicación "es un servicio de interés público" y que "estamos cansados de ver durante todo el día, por las cadenas informativas, el reclamo de veinte vecinos por el cambio de mano de la avenida Pueyrredón. Eso es una ofensa al sentido federal que propone la ley".
Más adelante, Lázzaro dijo que cuando se asigne el espectro radiofónico -estará dividido en partes iguales entre el Estado, las empresas privadas con fines de lucro y las empresas privadas sin fines de lucro (cooperativas, mutuales) y entidades intermedias (sindicatos)- habrá una "equiparación de derechos" y un "rol protagónico de las cooperativas". Calificó de "innovadora y revolucionaria" la propuesta de renovar las licencias en audiencias públicas para que no haya "un discurso único y hegemónico".
El coordinador del Comfer remarcó que el proyecto estipula darle acceso a los medios a las personas discapacitadas, al interior del país, a los pueblos originarios, etc.. Sobre las críticas opositoras de que el gobierno aspira a concentrar más poder, respondió que "es al revés. Hoy, con la ley vigente de la dictadura, el gobierno tiene todo el poder. Por eso pretendemos que Mariotto sea el último interventor del Comfer, un organismo que actualmente no es federal ni democrático, sino autoritario",
Otro de los oradores del panel inicial fue Abel Argüello, presidente de la Fepamco. El dirigente cooperativo recordó la "ardua lucha" que viene manteniendo el movimiento para poder ofrecer tevé por cable. "Fue una lucha administrativa, legislativa y judicial donde conseguimos pocos avances, excepto en el Poder Judicial, ya que hubo fallos decretando la inconstitucionalidad de la ley vigente". Incluso calificó como "más de lo mismo" a la modificación parcial del artículo 45 que le abrió las puertas a las cooperativas de servicios para ofrecer el cable pero sólo en los pequeños pueblos donde no hay operadores privados.
"Hay una marcada discriminación -aseveró Argüello-. Queremos que se contemplen las necesidades de la gente del interior, porque hoy nos desayunamos con el estado de las autopistas y los subtes de Buenos Aires, pero que no sabemos qué pasa a dos kilómetros de donde vivimos".
Después, al momento de las presentaciones, la Fepamco reclamó que en el texto definitivo de la nueva ley quede bien en claro que las cooperativas de servicios públicos podrán dar televisión en las mismas condiciones que las firmas privadas.
A su vez, la C.P.E. formuló un planteo similar, con el agregado de que esa igualdad de condiciones también debe darse en la prestación del servicio telefónico, algo que no ocurre hasta ahora.
Otras voces.
El diputado nacional por La Pampa, Manuel Baladrón, presidente de la comisión de Comunicaciones de la Cámara Alta -por donde podría ingresar el proyecto oficial- dijo poco. Expresó que "inexplicablemente" (¿inexplicablemente?) aún rige una norma de facto (la ley 22.285) para regular la radiodifusión, y agregó que la futura tiene una "definición concreta contra los monopolios". Baladrón es un orador permanente en los once foros que el Comfer lleva organizados en el país.
La vicerrectora de la Universidad, Estela Torroba, sostuvo que la nueva ley "es un espacio para canalizar la educación en forma masiva a través de los medios", y el secretario general de la CGT local, Jorge Lezcano, prometió acompañar "firmemente" la propuesta y reconoció que la Fepamco tuvo la "responsabilidad social y empresaria que no tuvieron las empresas con fines de lucro".
El viceintendente Guillermo Di Liscia propuso que "todas las normas importantes pasen por la opinión de los vecinos de pie", remarcó que en este debate "se juegan intereses de los distintos operadores", destacó la presencia del cooperativismo en la pelea, y pidió que "los servicios (de comunicación) sean más baratos y populares".
Flavio Frangolini, en representación del Sindicato de Prensa, expresó que con los "grandes grupos económicos, han desaparecido los contenidos locales. Ahora se produce mediante tercerización de servicios, con el resultado de una precarización laboral, con contratos en negro o empleados monotributistas". Por eso pidió que la ley prevea que el Estado no distribuirá publicidad oficial entre los medios que no tengan a su personal en blanco. Por su lado, César Montes de Oca, que habló por las 62 Organizaciones Peronistas y el gremio telefónico, solicitó que el gobierno provincial ponga la fibra óptica del acueducto del Río Colorado a disposición de las cooperativas para que puedan dar telefonía, internet y cable.
El proyecto del gobierno, de concepción antimonopólica, está basado en los 21 puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática -un grupo integrado por más de 300 organizaciones-. El texto limita a diez las licencias de servicios abiertos para un mismo propietario, exige un 70 por ciento de producción nacional en las radios y 60 en la televisión, prevé un control parlamentario -con representantes de las principales minorías- en la evaluación y control de los medios, y estipula una cuota de pantalla para el cine nacional, entre otros puntos.
“El cable debe facilitar su infraestructura”
“El operador de cable debe facilitar el 50 por ciento de su infraestructura para que sea utilizada por otro operador”, afirmó el coordinador general del Comité Federal de Radiodifusión, Luis Lázzaro, cuando este diario le preguntó específicamente por la realidad de Santa Rosa, donde una sola empresa monopoliza el negocio de la televisión por cable. De esa manera, agregó, y si se aprueba el proyecto oficial de Ley de Radiodifusión tal cual está redactado, quedaría disponible el otro 50 por ciento del mercado para que lo operen otra u otras empresas. En esta ciudad, además de Multicanal yTeledigital (las dos compañías pertenecen a los mismos dueños), los potenciales operadores serían la Cooperativa Popular de Electricidad y Telefónica Argentina.
– ¿Qué significa concretamente la obligatoriedad de facilitar la infraestructura?
– Por ejemplo, que si el operador tiene columnas propias debe compartirlas con los otros operadores.
– ¿A qué costo?
– Al costo de mercado, a un valor razonable. No puede cedérselas a un millón de dólares cada una. Y si quiere hacerlo, se le impedirá, porque por lo menos dos operadores deben tener la posibilidad de ofrecer el servicio. Otro ejemplo: ahora que las telefónicas podrán participar del cable, como también otros operadores podrán ofrecer telefonía, ellas deberán facilitarles las interconexiones y la mantención del número a los clientes que cambien de empresa.
– Otra particularidad de la ciudad es que la CPE hace años que lucha por brindar tevé por cable. ¿Tal como está redactado el proyecto podrá hacerlo o, como plantea la Cooperativa, es necesario pulir la letra fina de algún artículo?
– Puede brindar el servicio, aunque también es cierto que se están discutiendo ciertos detalles de redacción.
– ¿También podría tener un canal de aire?
– También. Lo que sí, en ningún caso, avalaremos un monopolio; así hablemos de empresas privadas con o sin fines de lucro,
Otro punto importante del proyecto es que ante la multiplicidad de licencias –a nivel nacional y para todos los servicios–, en ningún caso un prestador podrá abarcar más del 35 por ciento del total nacional de abonados (cuando se trate de servicios por suscripción) o habitantes (cuando se trate de servicios abiertos). Lázzaro señaló que otros detalles de ese punto se definirán en la reglamentación. Justamente en ese texto, más que en la propia ley, estará la pelea de fondo por los enormes intereses políticos y económicos que existen detrás de la nueva norma.
“Acá hay grupos que concentran diarios, medios gráficos, canales de aire y cable, contenidos, el papel... Son niveles de concentración no tolerables para una democracia. A diferencia de Estados Unidos, aceptaremos que un mismo dueño tendrá radios, canales y diarios, pero con limitaciones”, agregó el funcionario.
– ¿Cuáles son los sectores que más resisten la ley?
– Las empresas que concentran el esquema comunicacional y el poder económico.
– ¿Por qué durante 25 años de democracia no pudo derogarse una norma de la dictadura?
– Es una vergüenza del sistema democrático. Ahí, precisamente, radica su debilidad.
Finalmente, Lázzaro expresó que “no podemos permitir que la gente tenga que pagar para acceder a la información” y remarcó que detrás del proyecto están “el justicialismo, el radicalismo, el socialismo y sectores de izquierda, tratando de aunar esfuerzos para llegar a un texto consensuado”. Además resaltó que paralelamente a este debate “se viene la televisión digital y la convergencia tecnológica con la prestación del triple play” (una misma empresa prestadora de telefonía, internet y cable).
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