El Tribunal de Cuentas traba el acceso al patrimonio del titular de Vialidad Provincial

La ley 1612 dice que la prensa tiene libre acceso a la información oficial de carácter público. La ley 1252 estipula que las declaraciones tienen carácter público. Pero el Gobierno traba el acceso a los patrimonios de funcionarios.
Desde hace dos días, LA ARENA está pidiéndole al Tribunal de Cuentas las declaraciones juradas que el presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, Horacio Luis Giai, está obligado a presentar por su condición de funcionario. Sin embargo, y a pesar de cumplir con las exigencias burocráticas del organismo -que violan la ley provincial vigente de acceso a la información-, aún ha sido imposible acceder a ellas.
El argumento del TdeC para ocultar esa información es insustancial, pero así y todo sus autoridades se han mostrado inflexibles. Prefieren priorizar una norma de menor jerarquía, como la resolución interna 38/04, por sobre la ley provincial 1612.
Esta última norma expresa sencilla y claramente que los periodistas tendrán "libre acceso a las fuentes informativas oficiales de carácter público", y detalla -según el artículo 2º del Estatuto del Periodistas Profesionales- que pueden hacerlo desde directores de medios hasta simples cronistas.
¿Qué dice la ley 1252 sobre presentación de declaraciones juradas en la que se respalda la resolución 38? No deja dudas sobre el carácter público de las DD.JJ. Así lo indica textualmente: "En todos los casos el contenido del legajo tendrá carácter público y cada vez que la autoridad proporcione un informe sobre asientos o constancias del mismo,
practicará una anotación marginal con individualización del solicitante, destino del informe y motivo que lo ocasione".
Esa resolución fue dictada hace casi siete años por el destituido presidente del Tribunal de Cuentas, Natalio Peres, y fue la segunda parte de la resolución 11/96. A través de ésta última empezaron a ponerse trabas para acceder libremente a la información pública con un argumento insólito: que la entrega de fotocopias de las declaraciones juradas a los solicitantes obligaba al personal "a dejar de lado las tareas habituales" y, además, significaba "una reducción de las partidas presupuestarias" del organismo.
La resolución 38/04 de Peres mantuvo el texto de la 11/96, pero le sumó más trabas. Dice dos cosas que no sólo son violatorias de la ley 1612 sino de la propia 1252, modificada parcialmente en 2003 por la ley 2039. ¿Cuáles? Habla de que "en caso de admitir el pedido...", cuando el Tribunal de Cuentas no puede rechazarlo porque los legajos tienen carácter público; y que "lo resuelto se notificará al funcionario o empleado cuya declaración jurada se ha requerido consultar", pese a que la ley sobre DD.JJ. no exige esa notificación.

Nada cambió.
El actual presidente, José Sappa, designado por el gobernador Oscar Mario Jorge, no cambió nada y mantuvo vigente la resolución de Peres. Ante esta hoja explicó que no se preocupó por modificar esa normativa porque por ley -que debió entrar en vigencia el 1 de marzo- las declaraciones juradas deben presentarse ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y ya no ante el TdeC. "Aún no sé porqué las siguen entregando acá", expresó.
Más allá de que Sappa violó la ley 1612, este diario cumplió con todo lo pedido. El miércoles presentó una primera nota, firmada por el jefe de redacción, que fue rechazada porque no cumplía con los requisitos de la resolución 38/04. Una hora después se entregó una segunda nota con los datos del cronista que requería la información, el motivo y el destino que se le daría a ella, y hasta la aceptación del jefe de redacción de asumir las responsabilidades civiles y/o penales que pudieran derivarse del uso ilícito o distinto del que se adujera en la petición. Ese escrito fue ingresado a las 12.15 por Mesa de Entrada. Informalmente se prometió que el trámite sería rápido.
Pero ayer el Tribunal de Cuentas volvió a negarse a entregar la información oficial de carácter público. El fundamento fue que Giai no había sido notificado. Incluso extraoficialmente una fuente del TdeC comentó que el presidente de Vialidad estaría fuera de la ciudad. ¿Y si se tomase vacaciones por un mes, este diario debería esperar ese lapso para acceder a sus declaraciones juradas?

Patrimonio.
En el Boletín Oficial de la Provincia Nº 2924, del 23 de diciembre pasado, Giai declaró un patrimonio de 227.500 pesos y que no tiene deudas. La ley 2093, aprobada a principios de 2003, exige que los funcionarios declaren los bienes, rentas, ingresos y deudas, pero también los consumos mensuales de tarjetas de crédito y débitos y los saldos de cuentas corrientes y cajas de ahorro, propios y familiares. También que el TdeC publique en una página web -con acceso mediante firma digital- una rendición anual de los funcionarios y empleados jerárquicos que "contenga todas las erogaciones efectuadas por intermedio de tarjetas de crédito y de débito y un balance del estado patrimonial, con el total del activo y del pasivo". Como ello nunca fue implementado por los gobernadores que tuvo La Pampa en estos ocho años, se desconoce a qué corresponden esos 227.500 pesos declarados por Giai bajo juramento.
De acuerdo a los boletines oficiales de la Provincia, el funcionario dijo el 28 de mayo de 2004 -siendo ingeniero jefe de Vialidad- que tenía un patrimonio de 104.734,88 pesos y ni un peso de deuda. El 27 de mayo de 2005 declaró bienes por 36.691,15 pesos. El 9 de diciembre de 2005 no presentó la declaración, al menos en tiempo y forma. El 26 de mayo de 2006 juró que poseía bienes por 33.995,67 pesos. El 15 de diciembre de 2006 tampoco entregó su DD.JJ.
El 24 de mayo de 2007, aún siendo ingeniero jefe, declaró un patrimonio de 68.013,14 pesos y el 29 de noviembre de 2007 no presentó el formulario. El 13 de marzo de 2008 declaró bienes por 137.077,50 pesos. El 19 de diciembre de 2008 volvió a no entregar la planilla en término. El 29 de mayo de 2009, ya siendo presidente de Vialidad, dijo que tenía bienes por 184.031 pesos. El 28 de mayo de 2010 no entregó la declaración. Y el 23 de diciembre del año pasado juró un patrimonio de 227.500 pesos. Siempre dijo que no tenía deuda.