Denuncia penal contra funcionarios y empresas

La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue las irregularidades que pudo comprobar el organismo a través de sus peritos en el Programa de Mejoramiento Barrial (Promeba) en los barrios Villa Germinal y Zona Norte de Santa Rosa.
La presentación por posible comisión de delitos fue firmada por el fiscal Juan Carlos Carola y alcanza a todos los responsables del programa nacional en la provincia, con énfasis en los inspectores técnicos, dos funcionarios del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda (IPAV) y los dueños de las empresas Ulima y Tito Construcciones, encargadas de refaccionar las viviendas.
Esta denuncia podría ser incorporada a una preexistente en la Justicia por irregularidades en la construcciones externas, relacionadas con veredas, alumbrado y cordones cuneta, a cargo de Inarco.
Las deficiencias encontradas en las distintas casas que fueron controladas por los peritos de la FIA tienen que ver con las conexiones e instalaciones eléctricas, construcción en general, obras incompletas, daños, materiales en mal estado y falta de arreglos.
El Promeba, que depende del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, tiene como finalidad mejorar la calidad de vida y contribuir a la inclusión urbana y social de los hogares de los segmentos más humildes de la población residentes en villas y asentamientos irregulares.
El coordinador ejecutivo del plan en la provincia era Miguel De Elorriaga, actual secretario de Hacienda municipal. El programa se dividió en 4 grupos diferentes: dos proyectos de obra fueron adjudicadas a Ulima y otro tanto a Tito Construcciones.
Las acusaciones son distintas: deficiencias graves en la ejecución de la obra por no haberla ejecutado las contratistas de acuerdo a las mínimas reglas del buen arte y construcción; incumplimiento de las pautas del pliego y de los deberes de inspección de las obras; aceptación y certificación a trabajos mal hechos; modificación ilegitima de la obra definida contractualmente mediante el uso de las "Actas de Consenso".

Malversación.
La resolución del fiscal general Carola, que da inicio a la presentación judicial, señala además que de "las irregularidades (...) resultarían 'prima facie' acreditado que determinados sujetos actuaron por la administración pública, y que tenían el deber de cuidar el erario público y exigir el cumplimiento en forma del programa, incurrieron en conductas que encuadrarían en violación de los deberes de funcionario público".
El funcionario agregó que las conductas también podrían implicar una "malversación de caudales públicos" en cuanto "se permitió disponer de los fondos públicos en obras no ejecutadas, deficientemente realizadas sin las condiciones de ser aceptadas y/o no autorizadas por la autoridades correspondientes, otorgándole así al caudal a su cargo una aplicación diferente de aquel a que estuvieren destinados".
Aclaró, además, que los inspectores de obra no son agentes del Estado Provincial y que estarían vinculados al Promeba a través de contratos de locación de obra, de acuerdo a los datos que fueron aportados por el IPAV.
Se pide también investigar a los responsables de las empresas Ulima y Tito Construcciones por "presunto incumplimiento de contrato", sin obviarse que "las firmas fueron partícipes de la falta o una deficiente inspección de obra (...) sin cumplir con el compromiso asumido, y cobrando tareas no hechas, mal ejecutadas o sustituidas sin su aprobación por la autoridades competente", algo que podría encuadrar en un posible delito de estafa.

Dos empresas con antecedentes
Ulima y Tito Construcciones, las dos empresas que son cuestionadas por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), tienen pobres antecedentes en el marco de la obra pública provincial. Es más, en las últimas semanas, ambas firmas no cumplieron con el pliego en distintas obras y el gobierno provincial decidió rescindirles sus contratos, según se publicó a través del Boletín Oficial.