Aseguran que habrá juicio antes de fin de año, pero...
"Ya no pueden aceptarse más planteos, antes del 2013 se hará el juicio", afirmó una calificada fuente tribunalicia, después que la Cámara en lo Criminal 1, el tribunal que debe llevar adelante el proceso, avalara la postura de uno de sus integrantes, Miguel Vagge, de rechazar una recusación en su contra porque en marzo de 2006, cuando el juez Jorge Luis Howe abrió el caso, él era su secretario en el Juzgado de Instrucción 6.
Esa recusación, a la que en la justicia consideraron una 'chicana', fue promovida por el ex ministro de Bienestar Social, Santiago "Patucho" Alvarez, aduciendo que Vagge había intervenido en aquella época en el expediente. Alvarez es uno de los siete imputados por peculado. Los otros son la ex ministra y ex diputada, Marta Elena Cardoso; la ex subsecretaria de Promoción y Asistencia a la Comunidad y ex diputada, Elsa Labegorra; la ex directora de la Familia y el Menor, María Cristina Hidalgo; el ex subsecretario de Coordinación del M.B.S., Sergio Samper; el ex jefe de despacho de Promoción y Asistencia a la Comunidad, Nelson Teves; y el dueño de la agencia de viajes Swiss Travel, Luis "Popo" Alonso.
Los antecedentes no ayudan al optimismo. El expediente fue abierto por Howe en marzo de 2006, o sea hace algo más de 2.300 días, quien dictó los procesamientos por asociación ilícita y peculado el 22 de noviembre. Luego la Cámara en lo Criminal de General Pico, en un trámite "exprés", revocó el delito más grave (asociación ilícita), confirmó el más leve (peculado) y permitió que los acusados (excepto Labegorra y Cardoso que tenían fueron parlamentarios) pudieran pasar esa Navidad en libertad, después de estar presos casi un mes.
A los tres meses, el 26 de marzo de 2007, el actual juez del Tribunal de Impugnación Penal, Pablo Balaguer, firmó la elevación a juicio. O sea que técnicamente hace cinco años y medio, casi 2.000 días, que se está técnicamente en condiciones de enjuiciar a los sospechosos. Para ser más exactos, 1.986 días.
Hechos independientes.
Con esta investigación busca dilucidarse si 73 viajes sociales que el MBS dijo realizar a través de Swiss Travel, entre 1998 y 2002, se hicieron o no. Esos traslados presuntamente estaban destinados a niños, ancianos y discapacitados, beneficiarios del programa Pro-Vida, aunque existen indicios de que se habría tratado de una "pantalla" para desviar fondos que los ex funcionarios usaron hasta para pagarse pasajes al exterior.
Como cada uno de los viajes fue considerado un hecho distinto, Alonso será juzgado por 73 peculados (una figura que se aplica solamente a los funcionarios públicos), Labegorra por 64, Hidalgo por 17, Cardoso por 9, Samper por 4 y Alvarez por 3. A Teves le imputaron usurpación de autoridad y defraudación.
El peculado es un delito sancionado con entre dos y diez años de prisión, e inhabilitación absoluta perpetua, y se aplica al funcionario público que "sustrajere caudales o efectos cuta administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo". Para que esa conducta se cometa no es necesario que el funcionario público se lleve dinero del Estado a su bolsillo, sino que lo desvíe a algún lugar donde esos fondos públicos no puedan ser controlados.
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