Polideportivo: los jueces frenan el arreglo del fiscal

Raúl Lechner había recibido tres años de prisión en suspenso por fraude a la Municipalidad de Puan cuando era funcionario. Ahora el fiscal Amado deberá decidir si mantiene el arreglo o si va a juicio oral y público.
La Cámara en lo Criminal 1 dio marcha atrás con la decisión de declarar admisible el procedimiento de juicio abreviado en la causa penal por el derrumbe del polideportivo de Ataliva Roca. ¿El motivo? La información publicada el viernes por LA ARENA acerca de que uno de los dos imputados, el responsable técnico de la constructora Sol Obras, Raúl Horacio Lechner, había sido condenado en septiembre de 2009 a tres años de prisión en suspenso por hechos de corrupción en la Municipalidad de Puan.
Fuentes absolutamente confiables revelaron que con el dato publicado, desde el tribunal se contactaron telefónicamente con organismos judiciales para poder confirmarlo oficialmente. Una vez que llegó esa ratificación, los jueces Elvira Rossetti, Miguel Gavazza y Miguel Vagge convinieron rever la declaración de admisibilidad y darle vista al fiscal Jorge Marcelo Amado para que diga si insiste con el arreglo que había alcanzado con Lechner y el otro acusado, el inspector del Ministerio de Obras Públicas, Juan Velázquez, o si elige otra estrategia.
Amado, a horas del inicio oral y público contra Lechner y Velázquez, negoció con ambos que se declararan culpables de fraude al Estado provincial a cambio de recibir penas mínimas y no ir a la cárcel. Luego presentó el acuerdo y ya había conseguido que la Cámara 1 diera un paso clave para su revalidación con la admisibilidad. Pero esa vieja condena puede cambiar el rumbo del caso.

Irregularidades.
El gimnasio de Ataliva Roca se derrumbó el 30 de enero de 2009 por el paso de un tornado. Su caída dejó en evidencia las graves fallas de construcción. Los trabajos estuvieron a cargo de Sol Obras, una firma que se radicó en La Pampa apenas los cuatro años que duró la gestión del actual senador Carlos Verna al frente de la gobernación (2003-2007). Cuando se marchó dejó una gran deuda, abandonó trece obras que tenía adjudicadas por 23 millones de pesos y pidió el concurso de acreedores en la justicia porteña.
En el procedimiento de juicio abreviado, la fiscalía había convenido que Velázquez fuera condenado a solo dos años de prisión en suspenso por administración fraudulenta como delito continuado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica; y Lechner, a la misma pena, por fraude a la administración pública como delito continuado, en concurso ideal con falsedad ideológica.
Si ellos fueran a un juicio oral y público -una variante a la que Amado ahora podría recurrir- y fuesen hallados culpables de esos delitos, recibirían sanciones de entre dos y seis años; o sea que podrían ser efectivas y no en suspenso.
El polideportivo había sido inaugurado en septiembre de 2007 y levantarlo le costó a los pampeanos 1.800.000 pesos. Cuando se cayó, el gobierno provincial debió llamar a otra licitación y adjudicó la obra por 2.200.000 pesos. Que se sepa, hasta ahora ni la constructora ni los imputados han devuelto ese dinero al erario público.
En el expediente penal que tiene la Cámara 1 consta un peritaje oficial que detalla que se cambiaron materiales "sin estar debidamente documentados", que se pagaron "trabajos no ejecutados", que se usaron materiales de "mala calidad", que hubo "graves deficiencias" en la construcción, que hubo "certificados y pagos por trabajos de calidad y cantidad" diferentes a los contratados y que llegaron a abonarse tribunas que no habían sido levantadas. Además existieron sospechas de "connivencia" entre Velázquez y "personal de la empresa para defraudar al Estado".

El antecedente.
Lechner es un arquitecto de 58 años que, en septiembre de 2009, fue condenado a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en otro abreviado por hechos de corrupción cuando era secretario de Obras y Servicios Públicos de Puan, una localidad bonaerense cercana a La Pampa.
El imputado admitió que entre 1997 y 1999 había cometido cuatro casos de malversación de caudales, uno de fraude en perjuicio de la administración pública y que formó parte de una asociación ilícita. La moneda de cambio fue que eludió una eventual pena de cárcel. Ese arreglo fue uno de los primeros de ese tipo en Bahía Blanca y fue avalado por la fiscal Claudia Lorenzo y el Tribunal en lo Criminal 1. Ese fue un caso escandaloso en Puan porque también fueron condenados el intendente Ricardo Larrondo y la tesorera Graciela María Trabucco.
La investigación penal se inició en 2000 a raíz de una denuncia de las nuevas autoridades municipales de Puan. ¿Qué hizo el trío? Adjudicó trabajos a empresas que no habían presentado las ofertas más convenientes para el municipio y pagó obras que no se habían terminado. Por eso la comuna presentó una demanda civil por 1.400.000 pesos.
Además Lechner fue asesor de la Municipalidad de Santa Rosa durante la gestión de Néstor Alcala. El entonces secretario municipal de Hacienda, Pablo Larrañaga, hermano del actual intendente, Luis Larrañaga, lo contrató en forma directa en 2006 para que brinde asesoramiento en materia de "normativas vinculadas a tasa de baldíos y derechos de construcción" a cambio de 1.800 pesos.

Una pregunta obligada.
El interrogante surge ineludible frente a la resolución de la Cámara 1 de frenar la aceptación del juicio abreviado: ¿el fiscal Amado, cuando presentó el arreglo, averiguó los antecedentes de Lechner? Se supone que es un paso mínimo que debió dar antes de solicitar que el tribunal avalara el arreglo que había alcanzado con Lechner y Velázquez. Pero si la condena anterior contra el imputado debió confirmarla la propia Cámara, ello significaría que la fiscalía no se preocupó por saberlo ya que sino la información estaría incorporada a la causa.
¿Qué puede pasar ahora? Amado, si no cambia de idea, podría insistir con el juicio abreviado más allá de que Lechner, cuando fue condenado en 2009, ya recurrió al mismo procedimiento. Pero la duda principal es si podría insistir con que la pena contra el representante técnico de Sol Obras sea en suspenso porque, con ese antecedente, debería ser efectiva, según opinaron varios funcionarios judiciales.