Adorni: peritan billeteras de bitcoins

El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó una serie de medidas técnicas para profundizar la investigación sobre las ocho direcciones de Bitcoin aportadas por la defensa de Manuel Adorni en el marco del requerimiento de justificación patrimonial.

El jueves se llevó a cabo en la sede de la Fiscalía Federal un procedimiento de verificación criptográfica de las direcciones de Bitcoin aportadas por la defensa de Manuel Adorni para explicar los casi u$s600.000 declarados en su última rectificación de las declaraciones juradas patrimoniales como dinero en efectivo en dólares proveniente de “ventas de activos”, según consignó el ex Jefe de Gabinete.

El objetivo de la fiscalía es establecer qué información puede obtenerse, más de ocho años después, sobre el origen de los fondos, la identidad de quienes controlaban las billeteras y las condiciones en las que se realizaron los movimientos.

Según publicó Ambito, el fiscal Pollicita encomendó al Departamento Técnico Cibercrimen de la Policía Federal Argentina la elaboración de un informe especializado sobre las direcciones de Bitcoin y los 41 movimientos registrados entre el 21 de octubre de 2014 y el 11 de septiembre de 2018.

Uno de los primeros aspectos que debe analizar la PFA es el marco legal que regía durante esos años. El fiscal pidió determinar qué normativa existía en Argentina para las operaciones con monedas virtuales, cuál era el alcance de la Resolución UIF 300/2014.

También se deberá establecer si las plataformas que operaban durante 2017 y 2018 tenían obligación de conservar los historiales de sus clientes y qué sucedía con esos registros cuando las empresas entraban en quiebra.

Además deben reconstruir cómo era el sistema de regulación internacional en aquellos años. Pollicita preguntó específicamente cuándo el GAFI incorporó estándares para los proveedores de servicios de activos virtuales y si esas reglas eran exigibles al momento en que se produjeron alguno de los 41 movimientos investigados.

Las claves.

Por otra parte, el peritaje deberá determinar qué tipo de billeteras representan las ocho direcciones analizadas. En particular, se preguntará si pueden identificarse como direcciones bajo custodia de una plataforma o de autocustodia, es decir, controladas directamente por quien posee las claves privadas.

La diferencia es importante porque una billetera alojada en una plataforma puede estar vinculada con registros internos de usuarios, mientras que una dirección de autocustodia no necesariamente contiene información que permita identificar a su titular.

Pollicita pidió que los especialistas expliquen si es posible determinar desde cuándo existen las direcciones y quién las generó, y si existe algún registro que permita conocer la fecha en la que fue creada una clave privada.

Otro elemento particular son las llamadas “paper wallets”. El fiscal quiere saber si, entre 2014 y 2018, las claves privadas podían generarse y conservarse en soportes físicos, sin dejar necesariamente un rastro digital, y qué relación existe entre ese mecanismo y los formatos de claves utilizados en las ocho direcciones.

Los 41 movimientos.

Por último, Pollicita preguntó si los 41 movimientos de las ocho direcciones pudieron haber sido realizados por una misma persona o si necesariamente tuvo que intervenir un tercero.

El fiscal va tras la pista de un posible registro que le permita determinar si los movimientos fueron ejecutados por una misma persona.