Amplio respaldo al proyecto de Ardohain contra el vandalismo rural

La iniciativa para endurecer las penas contra el vandalismo rural sumó este martes un fuerte respaldo político y sectorial en la Cámara de Diputados de la Nación. La reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería de Diputados, encabezada por el pampeano Martín Ardohain (PRO), contó con representantes de la Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Coninagro, CARBAP, Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz y Fundación Barbechando.

Ardohain calificó como “excelente” el encuentro y destacó que el respaldo trascendió las diferencias partidarias. “Todos los bloques, sin bandera política, dijeron que acompañaban”, afirmó. El proyecto también tiene giro a la Comisión de Legislación Penal y el próximo paso será intentar un plenario de ambas comisiones para avanzar hacia un dictamen.

Durante las exposiciones, las entidades coincidieron en que el vandalismo no afecta solamente la producción y el patrimonio de los establecimientos, sino también la seguridad de las familias que viven en zonas rurales.

Organizaciones.

Desde Federación Agraria, Claudio Angeleri sostuvo que la iniciativa permitiría brindar “tranquilidad” y “previsibilidad” al sector. Eloísa Frederking, de la Sociedad Rural Argentina, remarcó que la libertad de producir requiere seguridad y que los bienes y la infraestructura deben estar protegidos.

César Guatti, representante de CRA y de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz, advirtió que el ingreso deliberado a un establecimiento puede ser el primer paso hacia una faena clandestina, un robo o la destrucción de instalaciones. Por su parte, el titular de Coninagro, Lucas Magnano, sostuvo que el campo reclama desde hace años herramientas de este tipo.

Qué propone.

El proyecto plantea incorporar el artículo 150 bis al Código Penal, con penas de un mes a un año de prisión para quien ingrese a un establecimiento rural contra la voluntad de quien tenga derecho a excluirlo. La existencia de alambrados, vallas, muros o señales de prohibición permitiría presumir esa voluntad, aunque se contemplan excepciones por razones de auxilio o necesidad justificada.

También propone incorporar el artículo 184 bis, con penas de dos a ocho años de prisión y multas para quienes destruyan, inutilicen o dañen elementos que afecten directamente el ciclo productivo o la infraestructura agropecuaria. La propuesta menciona, entre otros bienes, cereales no cosechados, silobolsas, ganado e instalaciones destinadas a la provisión de energía o extracción de agua.

Además, plantea agravar en un tercio la pena para la instigación pública a cometer delitos cuando se realice mediante medios de comunicación, redes sociales o plataformas digitales.

El acompañamiento fue transversal. Desde La Libertad Avanza, Provincias Unidas y Unión por la Patria también hubo expresiones favorables. El diputado Luis Basterra recordó que en 2024 había obtenido dictamen una iniciativa similar y confirmó el respaldo de su espacio.