Tras el fallo de la Corte, Bensusán pidió evaluar el régimen de ciudadanía por inversión

El senador nacional por La Pampa se refirió a la suspensión provisoria de la derogación de la Ley de Tierras. A través de un mensaje en su cuenta de X, el legislador advirtió sobre las implicancias de las políticas del Gobierno nacional en materia de tierras rurales y ciudadanía por inversión, luego de que la Corte Suprema de Justicia suspendiera provisoriamente los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogaba la Ley de Tierras.

La decisión del máximo tribunal restablece transitoriamente las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, mientras continúa el trámite judicial. 

En ese contexto, Bensusán puso el foco en el DNU 366/2025 y el Decreto 524/2025, mediante los cuales el Gobierno nacional estableció un régimen que permite a extranjeros solicitar la ciudadanía argentina a partir de inversiones consideradas relevantes. La normativa prevé la intervención de organismos estatales en la evaluación de las solicitudes. 

El legislador planteó interrogantes sobre la relación entre ese mecanismo y las restricciones previstas en la Ley de Tierras. En particular, advirtió sobre la posibilidad de que la obtención de la ciudadanía modifique la situación jurídica de los inversores extranjeros frente a los límites para adquirir tierras rurales.

El régimen de ciudadanía por inversión también enfrenta cuestionamientos judiciales. La Corte Suprema tiene pendiente resolver planteos relacionados con la validez del DNU 366/2025, aunque las causas que llegaron a esa instancia no se originaron en solicitudes de ciudadanía por inversión propiamente dichas. 

Para Bensusán, la discusión no se limita a quién puede comprar un campo, sino que involucra la protección del territorio argentino, el agua, los recursos naturales y las posibilidades de desarrollo de las provincias.

En esa línea, el senador sostuvo que la defensa de la soberanía requiere leyes, controles y decisiones que permitan resguardar el patrimonio nacional, en un debate que adquiere especial relevancia para las economías regionales y las comunidades vinculadas con la producción rural.