Caso docente: Utelpa pide la intervención de Educación

La Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa (Utelpa) apuntó contra el ministerio de Educación por la condena a la docente piquense Ana Contreras. La profesora fue multada con casi un millón de pesos por abordar en el aula saberes sobre Derechos Humanos y terrorismo de Estado en Argentina, que derivaron en una discusión sobre la ocupación israelí.

A través de un comunicado de prensa, Utelpa subrayó la responsabilidad del Ministerio de Educación pampeano en este caso. “La falta de implementación efectiva del Acuerdo de Resguardo y Reparación ha contribuido directamente a los perjuicios sufridos por la docente involucrada. Esta situación no solo afecta a la profesional, sino que establece un precedente alarmante para toda la comunidad educativa, exponiendo al sistema escolar a intromisiones indebidas que vulneran derechos laborales y pedagógicos”, manifestaron desde el sindicato. Y sostuvieron que garantizar marcos protectores “es indispensable para evitar que estos episodios se repitan”.

En ese marco, hicieron hincapié en que “la judicialización de conflictos educativos refleja la ausencia de aplicación de protocolos diseñados para resolver situaciones en el ámbito escolar, como la Guía Provincial de Intervenciones y el Estatuto del Trabajador de la Educación. Estas herramientas deben garantizar la autonomía de las instituciones y defender una educación pública libre de injerencias externas”.

Desde la Utelpa exigieron que “el ministerio de Educación asuma su responsabilidad, fortalezca los espacios de escucha y acompañamiento, y proteja a las y los docentes frente a medidas arbitrarias que comprometan su estabilidad laboral y pedagógica”.

También invitaron a toda la comunidad a sumarse en defensa de una educación pública y democrática, “en un contexto donde los discursos de odio y los ataques a las y los trabajadores de la educación amenazan las garantías fundamentales para convivir en comunidad”.

“Junto a Ctera reafirmamos nuestro compromiso en la búsqueda de la absolución de la docente Ana Contreras y exigimos el fin de la intromisión judicial en las escuelas. Este mensaje es un respaldo claro y contundente a las y los trabajadores de la educación y un llamado firme a las autoridades ministeriales y al sistema judicial para que respeten los derechos educativos y democráticos que sostienen nuestro sistema educativo”, completaron.

“No se expedirán”.

Sin embargo, el Ministerio de Educación no se pronunciará sobre la condena. Así lo confirmaron fuentes de Casa de Gobierno consultadas por LA ARENA. “Si bien se agotó la instancia judicial, no así el sumario administrativo. Hasta tanto la FIA no concluya el mismo y lo remita al Ministerio, ninguna autoridad podrá expedirse”, explicaron.

El cuestionado fallo llegó a los medios nacionales y gremios docentes de todo el país ya se expresaron contra la intromisión judicial en la libertad de expresión y de cátedra.

Juntaron más de 5.000 firmas.

Ya se juntaron más de 5.000 firmas de apoyo a la docente Ana Contreras. Hace tres días, comenzó a circular un formulario online para demostrar el acompañamiento a la profesora piquense y exigir su absolución.

En el documento pidieron el “respaldo masivo de organizaciones sociales, sindicatos, periodistas, medios de comunicación y figuras públicas para frenar este ataque a la educación pública, laica y gratuita. El plazo es crítico: la defensa de Ana presentará la apelación en los próximos cinco días (venciendo el miércoles 16 de abril), por lo que la difusión inmediata y la presión colectiva son esenciales”.

“La figura utilizada para imponer esta pena fue la de ‘maltrato psicológico’, una herramienta legal creada para proteger a víctimas en situaciones de abuso o dependencia, ahora desvirtuada para censurar contenidos curriculares y debates fundamentales en el ámbito educativo. Esta reinterpretación abre un precedente gravísimo: cualquier contenido sensible o controversial podría ser judicializado, atentando directamente contra la libertad de cátedra y el derecho a la formación ciudadana crítica”, alertaron en el escrito.

Alarmante.

Lamentaron que la condena a Ana “no es un caso aislado, sino la manifestación visible de un problema más profundo. Durante más de un año, fue sometida a un agotador proceso judicial que, tras culminar en un juicio y una sentencia condenatoria, dejó secuelas en su salud mental, compromete su situación económica y su trayectoria profesional. Sin embargo, el impacto trasciende lo individual: esta decisión judicial envía un alarmante mensaje colectivo al sistema educativo, donde el ejercicio de la enseñanza crítica podría convertirse, en la práctica, en un acto punible”.

“La educación pública no puede quedar a merced de la censura ni de intereses particulares que desvirtúan los valores democráticos. Esta sentencia contradice los principios consagrados en la Constitución Nacional, así como tratados internacionales que garantizan la libertad de expresión, de pensamiento y de enseñanza”, completaron.