Catriló: Cestac Cufré advierte por “graves irregularidades sin consecuencias”

(Catriló / Corresponsal) - El Concejo Deliberante de esta localidad rechazó en la sesión del pasado lunes la suspensión de la intendenta Graciela Nidia López (CO), ya que la iniciativa de los bloques opositores (Frejupa y Juntos por el Cambio) no alcanzó los dos tercios necesarios. El dictamen de mayoría, que proponía apartarla por 60 días tras detectar irregularidades administrativas, obtuvo cinco votos a favor y tres en contra (los del bloque oficialista de Comunidad Organizada), por lo que quedó desestimado.

 

El concejal Bautista Cestac Cufré (JxC), quien presidió la comisión investigadora, expresó su “preocupación desde lo institucional” por el resultado. Afirmó que la suspensión “no era una cuestión de poder”, sino una herramienta para sancionar conductas indebidas, y consideró “triste” que, pese a las irregularidades detectadas, “no haya consecuencias”.

 

Entre los hechos más graves, señaló el uso de fondos con destinos específicos para otros fines y la existencia de facturación por trabajos que no habrían sido realizados por quienes los cobraron. “Son situaciones que no deberían pasar nunca”, remarcó.

 

Además, el referente del Pro en la localidad cuestionó la falta de controles efectivos y sostuvo que “La Pampa debe repensar el control de los municipios”, actualmente en manos de los concejales. También anticipó que analizarán los pasos a seguir en otros ámbitos, con la documentación ya respaldada, y remarcó que cada edil deberá hacerse cargo de su voto.

 

Por último, advirtió que parte del “desorden” se explica por la ausencia de sanciones para quienes actúan mal y afirmó que será "la ciudadanía la que evalúe la situación en las próximas elecciones".

 

 

Comisión investigadora.

 

La comisión investigadora, conformada en octubre de 2025 por tres concejales -uno por cada bloque-, elaboró dos dictámenes que fueron presentados durante la sesión. El de mayoría, firmado por Aylén de Beffort (Frejupa) y Cestac Cufré (JxC), proponía suspender a la intendenta por 60 días tras detectar “graves irregularidades administrativas”. En tanto, el dictamen de minoría, rubricado por Fátima Capdevilla (CO), sostuvo que los hechos analizados “no revisten gravedad institucional”.

 

Al momento de la votación, el despacho de mayoría no alcanzó los dos tercios necesarios (seis votos). Recibió el respaldo de de Beffort, Verónica Tineo (presidenta del cuerpo) y Juan Cruz Balanho, por el Frejupa, y de Cestac Cufré y Susana Vázquez, por Juntos por el Cambio. En contra se pronunciaron Mario Motzo, Celis Martínez y Capdevilla, del oficialismo. De esta manera, la iniciativa quedó desestimada.

 

 

Irregularidades graves.

 

Entre los principales puntos observados por de Beffort y Cestac Cufré se mencionan contrataciones directas consideradas irregulares, algunas vinculadas a un empleado municipal que también actuaba como proveedor, en operaciones autorizadas por un familiar directo funcionario. Además, se detectó el fraccionamiento de gastos para eludir los mecanismos legales de contratación, particularmente en obras públicas como el Acueducto Norte.

 

El dictamen también advierte sobre deficiencias en la rendición de cuentas de programas financiados con fondos provinciales, como el destinado al mejoramiento del parque automotor, donde se habrían realizado compras sin cumplir con los procedimientos correspondientes ni contar con la debida justificación documental.

 

Otra de las irregularidades señaladas involucra el cobro de cuotas del plan de viviendas sociales “Mi Casa”, cuyos fondos no habrían sido depositados en tiempo y forma en las cuentas pertinentes. Asimismo, se denunció la presunta simulación de contrataciones en obras municipales, donde quien facturaba no sería quien efectivamente realizaba los trabajos.

 

Por último, la comisión advirtió la negativa del Ejecutivo municipal a proporcionar documentación clave —como el libro de resoluciones—, lo que fue considerado un obstáculo significativo para el control institucional.

 

El informe concluye que existiría “un incumplimiento sistemático de los deberes del Ejecutivo”, pese a sanciones previas aplicadas por el propio Concejo Deliberante. En ese contexto, los concejales firmantes calificaron los hechos como “faltas graves” y recomendaron, además de la suspensión, la eventual remisión del caso a la Justicia.