“Consecuencias de un modelo que excluye”

Representados por la Federación Argentina de Municipios (FAM), 73 jefes y jefas comunales, se sumaron a intendentes e intendentas de todo el país, para reclamar al gobierno nacional por “la situación económica, fiscal y social que atraviesan nuestros territorios”.  

En un documento presentado al Ministerio de Economía que encabeza Luis Caputo, señalaron que “los municipios somos el primer mostrador de la democracia. Es en nuestras comunidades donde las variables macroeconómicas se traducen en realidades concretas: en la caída del consumo, en la dificultad para sostener la producción, en la presión sobre los sistemas de salud y asistencia, en la dificultad del acceso al transporte y en la creciente demanda social”. 

“En este contexto, observamos con preocupación una combinación de factores que afectan directamente la capacidad de gestión local: disminución de recursos, incremento de costos, eliminación de herramientas de acompañamiento productivo y un impacto creciente sobre los sectores más vulnerables”, añadieron.

“Desde una perspectiva federal y con responsabilidad institucional, acercamos este diagnóstico con el propósito de contribuir a la construcción de soluciones que permitan sostener el entramado social y productivo de la Argentina, fortaleciendo el rol de los municipios como actores centrales en la implementación de políticas públicas”, subrayaron las y los jefes comunales. 

 

Situación fiscal.

Respecto de la situación fiscal de los municipios, identificaron una lista de factores críticos, como la caída de la coparticipación federal, que afecta la previsibilidad del presupuesto: en los primeros tres meses del año cayó un 11%, sumándose a las bajas del 2024 y 2025, que al mes de marzo han acumulado una caída del 21%.

Respecto a los ATN, señalaron que el gobierno nacional “los está utilizando con absoluta discrecionalidad sin cumplir la finalidad con la que fueron establecidos. Por ello, resulta urgente que se distribuyan en idéntica forma que la coparticipación entre las provincias y los municipios”. 

Asimismo, indicaron que “la eliminación de subsidios que impactaron en servicios esenciales, con fuertes aumentos en las tarifas de luz y gas, haciendo que muchas familias no puedan pagar los servicios básicos. Además, la quita del subsidio al transporte público generó aumento de tarifas, deterioro en los servicios y hasta el cierre de empresas de transportes”. 

“Hasta el 31 de marzo, el Gobierno Nacional recaudó 1,5 billones de pesos por el Impuesto a los Combustibles y no lo está utilizando, ni para bajar el precio de la nafta o el gasoil, ni para hacer obras en rutas”, advirtieron, y añadieron que “falta transferencia efectiva de los fondos vinculados al impuesto al transporte. Asimismo, se advierte la necesidad de mayor claridad y equidad en la distribución de recursos estratégicos”. 

 

Impacto productivo y económico. 

Por otra parte, las y los jefes comunales señalaron que el escenario actual presenta efectos directos sobre la actividad económica local, con caída de la producción industrial, por la apertura indiscriminada de importaciones, lo que generó pérdida de empleo y al momento ya han cerrado más de 22 mil empresas en todo el país y afectación directa a las economías regionales. El aumento de tarifas que encarecen la producción, reduce el consumo. 

Respecto de la actividad turística, señalaron que está atravesando una fuerte crisis, habiendo transcurrido una de las peores temporadas de los últimos 20 años. Junto con la desaparición de herramientas que sostenían a pequeños emprendedores y Pymes, comprometen la sostenibilidad del entramado productivo y el empleo.

 

Impacto social.

Entre los indicadores críticos respecto del impacto social, resaltaron: aumentó un 100% la demanda de alimentos y de ayuda social. Y aun así, a más de dos años de gobierno, no llegó a los municipios ni un paquete de arroz como todos los gobiernos nacionales lo hicieron. Jubilados que ya no logran acceder a medicamentos básicos. 

Dificultades en el acceso y continuidad de derechos de personas con discapacidad: En muchos casos, se les quitó la pensión y también la ayuda para comprar medicamentos. Esto hace que muchas familias no puedan sostener tratamientos básicos y vean afecta da su salud y su calidad de vida. Deterioro general de las condiciones de vida de trabajadores y familias. Y la presión sobre los municipios como primer nivel de contención es creciente. 

 

Consideraciones institucionales. 

“Los municipios defendemos los intereses de nuestras comunidades y representamos de manera directa a millones de argentinos. Somos parte de un movimiento con raíces en el trabajo, la producción y la justicia social. Nuestra identidad histórica está ligada a la defensa de los niños, los estudiantes, sectores de la ciencia y la tecnología, sectores de la cultura, universidades, trabajadores, jubilados, comerciantes, pymes, empresarios de las economías locales y del desarrollo con inclusión”, resaltaron los jefes y jefas comunales. 

 

Solicitud.

En función de todo lo expuesto en documento, las y los intendentes le solicitaron al gobierno nacional “una revisión y fortalecimiento del esquema de coparticipación federal. La normalización en el envío de recursos nacionales, y garantizar la entrega de alimentos a quienes más lo necesitan”. 

 

Asimismo, pidieron por la “restitución o compensación de subsidios eliminados Implementación de medidas de compensación por el impacto del gasoil en el transporte público. Reactivación de políticas de apoyo a la industria, pymes y economías regionales; y la garantía de acceso a medicamentos para jubilados, como así también, el fortalecimiento de políticas para personas con discapacidad”. 

 

“Transparencia y equidad en la distribución de recursos estratégicos. Creación de una mesa de trabajo permanente entre el Ministerio de Economía y la FAM. Nuestros vecinos atraviesan una situación de alta exigencia, en un contexto de creciente demanda social y recursos cada vez más limitados, por lo que se vuelve imprescindible avanzar en una agenda común que permita garantizar condiciones mínimas de bienestar para la población, preservar el entramado productivo y sostener el funcionamiento de los gobiernos locales”, agregaron. 

 

Pero, además, señalaron que “estamos frente a un escenario social cada vez más crítico. Se acerca una profundísima crisis económica y social si no hay respuestas urgentes. Y lo más alarmante es que ya empezamos a ver señales de desesperación porque la plata no alcanza: volvió el trueque a muchas plazas de nuestras ciudades, donde familias intercambian ropa usada por medio kilogramo de pan, un paquete de fideos, o un litro de aceite para poder comer ese día”. 

“Una postal que creíamos parte del pasado, pero que hoy vuelve a repetirse como consecuencia de un modelo que excluye y deja a millones fuera del sistema. No podemos permitir que a nuestros vecinos les falte un plato de comida. No podemos permitir ver en la Argentina chicos o abuelos desnutridos. Fortalecer a nuestras comunidades es fortalecer a la Argentina”, concluyeron.