Denunciaron la represión ante la ONU y la CIDH

La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra) aseguró, en conferencia de prensa, que iniciarán “las acciones correspondientes” porque “no quieren otro (José Luis) Cabezas”.

Junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) y el Centro de Estudios Legales y Sociales “lamentaron” tener que llevar adelante este anuncio habiendo “advertido” desde “la primera represión” llevada a cabo el 23 de diciembre de 2023, “que esto iba a pasar”.

“Hoy tenemos un compañero en el hospital peleando por su vida. Pablo Grillo fue alumno en Argra en 2018 y lamentamos que la ministra (Patricia) Bullrich, de la que pedimos la renuncia, haya dicho en La Nación + que Pablo estaba detenido cuando estaba peleando por su vida en el Ramos Mejía. Obviamente, vamos a inicar las acciones legales correspondientes para que no quede impune, dijimos que no queremos otro Cabezas”, indicaron.

En la misma línea, señalaron que “no se abstienen ni siquiera al protocolo que ellos mismos hicieron” y, por ese motivo, necesitan que se vaya la ministra de Seguridad Nacional “y su política nefasta que es inconstitucional”: “Somos reporteros gráficos y necesitamos tener libertad de prensa como dice la Constitución y necesitamos no ser más lastimados”, añadieron.

“Hace un año y medio estamos hablando con autoridades de Seguridad pidiendo que no nos lastimen más. Evidentemente, no está resultando porque además a la ministra le encanta que pegarle a la gente. Necesitamos saber quién tiró y que directamente se vaya Bullrich”, manifestaron.

Simultáneamente, plantearon que van a utilizar todos los medios necesarios para pedir un Juicio Político (que está inscripto en el Art. Nro. 117 de la Constitución Nacional) y que diputados, senadores, el Congreso y sobre todo la Justicia “activen” porque todas las presentaciones que vienen realizando “caen en saco roto” y ni un fiscal ni un juez “se hacen cargo de la masacre que están haciendo”: “También queremos hacer cargo al intendente Jorge Macri por la brutal represión que hubo ayer desde la Policía de la Ciudad de Buenos Aires”, agregaron.

Además, le agradeció al diputado nacional (FIT) Cristian Castillo, a los legisladores porteños (FIT) Gabriel Solano y Celeste Fierro, al dirigente social del Partido Obrero (PO) Eduardo Belliboni y a la diputada nacional (FIT) Vanina Biasi, entre otros, por “acompañarlos en este reclamo”.

Para finalizar, remarcaron que “no hubo un solo juez ni fiscal” que haya desactivado el protocolo anti-piquete que puso en marcha Bullrich y permitir “la impunidad con la que maneja esto que sigue pasando”.

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) este protocolo es “antiprotesta, antilibertad de expresión y antimanifestación” porque se propone terminar “con la libre expresión en las calles” y porque apunta “contra los trabajadores que garantizan que esa expresión llegue a la sociedad”.

“Sin el testimonio aportado por los reporteros gráficos en cada lugar no hubiéramos sabido la verdad de lo que paso con muchos compañeros y compañeras”, concluyeron.

Denuncia.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) comunicó a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acerca del operativo represivo que desplegó el Ministerio de Seguridad de la Nación el miércoles y sus consecuencias.

El diario Página 12 informó que, en las próximas horas, se formalizarán las presentaciones ante ambos organismos.

"Desde diciembre de 2023, la CIDH y la ONU le han reclamado al gobierno argentino que garantice las protestas sociales", resaltó Diego Morales, director de Litigio del CELS.

“El gobierno resucita la narrativa del ‘golpe de Estado’ para justificar una represión feroz y una escalada de violencia que empezó con las amenazas de la Ministra Bullrich”, sostuvieron desde el CELS.

En su cuenta oficial de X, el CELS afirmó que "la policía cometió delitos graves: uso descontrolado de armas, ataques a personas mayores, detenciones sin pruebas".

"Todo el operativo debe ser investigado para identificar a los autores materiales de los delitos y establecer las responsabilidades de las autoridades. Las fuerzas de seguridad detuvieron personas al voleo", señalaron.

En tal contexto, el CELS subrayó una parte de la argumentación de la jueza de la Ciudad de Buenos Aires que ordenó la liberación de los detenidos, Karina Andrade, quien adujo que la información sobre las detenciones tenía "deficiencias graves", que se vulneraban derechos constitucionales y que se trató de detenciones arbitrarias.

"Nadie está acusado de atentar contra la vida democrática, que sí se afecta al impedir las protestas", remarcaron desde la institución.

Fotógrafo.

Pablo Grillo, el fotógrafo herido durante la represión policial en la marcha de los jubilados, salió de cirugía y permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado y crítico, según informó su padre.

Los médicos lograron bajar la presión intracraneal y reconstruir parte del tejido dañado, mientras que la respuesta pupilar fue, en principio, positiva. Sin embargo, su estado sigue siendo delicado y los próximos días serán clave para su evolución.

El fotógrafo sufrió el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza, lo que le provocó traumatismo de cráneo grave, fracturas múltiples y pérdida de masa encefálica. La agresión ocurrió en medio de la violenta represión policial contra manifestantes, jubilados y trabajadores de prensa en las inmediaciones del Congreso.

La familia de Grillo y organizaciones de derechos humanos denunciaron el accionar de las fuerzas de seguridad y exigieron explicaciones al Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich.(Pagina12/Tiempoar/NA)