Descubren megaestafa con planes

La denuncia de un beneficiario de un plan social en el Banco Provincia del Neuquén (BPN) permitió descubrir una megaestafa que involucra a funcionarios públicos. Desde la Fiscalía a cargo de la investigación señalaron que el monto de la maniobra supera los 123 millones de pesos.

 

Según informó el diario Río Negro, la causa se inició a instancias de una denuncia que presentó un apoderado legal del BPN, reclamando que no recibió el monto de dos meses. La respuesta que le dieron fue que el pago ya había sido concretado. A partir de ahí, las autoridades del BPN comenzaron una investigación interna y luego efectuaron la denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal.

 

Se realizaban extracciones con las tarjetas originales, por montos que van desde los 1.500 pesos hasta los 35.000, utilizando cajeros del BPN ubicados en todo el territorio de la provincia. Si bien la investigación se inició por una sola persona a la que le faltó dinero de su cuenta, el universo de damnificados se acerca a las 200. Se especula que prestaban las tarjetas -voluntariamente o bajo coacción-, lo que se ignora es con qué porcentaje del dinero se quedaban quienes concretaban las extracciones.

 

Si bien el plazo de la investigación abarca desde el año 2020 hasta julio de 2022, sólo entre febrero y julio de este año, las extracciones fueron por $57.120.000. Hay al menos seis personas identificadas que hacían "extracciones ráfagas", iban a un cajero con varias tarjetas de débito y en minutos vaciaban las cuentas. Son contratadas políticas del Ministerio de Desarrollo Social.

 

Allanamientos.

 

El último miércoles se realizaron 11 allanamientos simultáneos, en los que se secuestraron computadoras y buscan automóviles. El director provincial de Planes Sociales de Neuquén, Ricardo Soiza, y su mano derecha Pablo Sanz fueron demorados unas horas, y les secuestraron sus computadoras y teléfonos personales, en el marco de la investigación.

 

La escalada política del escándalo alcanzó otro nivel, con declaraciones del histórico dirigente del Movimiento Popular Neuquino Guillermo Pereyra, quien manifestó sus sospechas respecto de que el concejal de su partido Claudio Domínguez podría estar involucrado en la maniobra. Domínguez le contestó con una fulminante carta documento, y hoy se presentará en la fiscalía para exigir que llamen a declarar al petrolero.

 

La semana pasada, Pereyra había pedido la renuncia del ministro de Desarrollo Social y Trabajo, Abel Di Luca, pero el gobernador Omar Gutiérrez respaldó al miembro de su gabinete con un gesto simbólico: lo llevó a un acto de inauguración de una obra pública, aunque evitó una foto juntos.

 

Operativos simultáneos.

 

Soiza y Sanz fueron demorados el miércoles y sus domicilios fueron allanados en el marco de un operativo desplegado por la fiscalía de Delitos Económicos que dirige el fiscal jefe Pablo Vignaroli. En total hubo 11 allanamientos, con 11 personas demoradas y 30 dispositivos electrónicos secuestrados, entre computadoras, notebooks y teléfonos celulares. Los procedimientos se realizaron en domicilios particulares de Neuquén y Centenario, y en la Dirección Provincial de Planes Sociales.

 

Si bien la denuncia original fue el 26 de junio, la investigación fiscal lleva aproximadamente 15 días. El fiscal Vignaroli aseguró que a pesar del tiempo transcurrido, su oficina dispone de la tecnología necesaria para recuperar archivos que hayan sido borrados en los distintos elementos tecnológicos secuestrados.

 

Habilitada.

 

Según explicó el fiscal en conferencia de prensa, la dirección de Planes Sociales está facultada para habilitar cuentas en el Banco Provincia de Neuquén a nombre de beneficiarios de tres programas provinciales: subsidios Sociales Transitorios; de Familia y de Desocupados.

 

El beneficiario sólo tenía que ir a retirar la tarjeta al BPN. Se descubrió que luego se la entregaba a otra persona, que a su vez se la pasaba a un tercero, quien se encargaba de ir al cajero automático a retirar el importe del plan depositado. Esas personas quedaron registradas en las cámaras de vigilancia de los cajeros, y fueron demoradas en los allanamientos del miércoles.

 

Los vehículos en los cuales se movilizaban, según fuentes de la investigación, pertenecen a Desarrollo Social, no fueron localizados y tienen pedido de secuestro. En una de las viviendas allanadas se hallaron cinco tarjetas con stickers adheridos en los cuales figuraba la supuesta clave de acceso para poder operar.

 

Larga data.

 

Por lo que se sabe hasta ahora, la maniobra se viene perpetrando desde 2020 con un universo de 193 personas, de las cuales una sola hizo la denuncia. Vignaroli dijo que se trata de un hombre que no tiene miedo, como tampoco expresaron temor ninguno de los demás beneficiarios que están declarando y confirmando el despojo que sufrían.

 

La provincia es querellante.

 

Cuántos y de qué nivel son los comprometidos en la defraudación es algo que por ahora sólo se puede sospechar. El funcionario de más alto rango involucrado por la fiscalía hasta el momento es el director de Planes Sociales, pero Pereyra viene insistiendo en que el ministro de Desarrollo Social y -ahora agregó- el concejal Domínguez tienen responsabilidad.

 

En la Legislatura, en tanto, Juntos por el Cambio presentó un pedido de informes a Desarrollo Social, pero el Frente de Todos ayudó al MPN a bloquearlo. Los kirchneristas del bloque que no acordaron con esa decisión analizaban ayer con otros miembros de la oposición insistir en un pedido de información a partir de las novedades conocidas en la causa. El gobierno neuquino, en tanto, sigue en silencio.

 

El fiscal de Estado de Neuquén, Raúl Gaitán, tomó vista del expediente y se constituyó en querellante. Aunque en su opinión, "hasta ahora no tenemos indicios de que esto sea algo más amplio".