Diputados le exige informe al Ejecutivo por el caso del “bebé de Rancul”

La Comisión Investigadora del Poder Legislativo continuará con la investigación del caso conocido de forma mediática como “Bebé de Rancul” y analizará las presuntas irregularidades en el ámbito de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia respecto a la adopción del niño. El Poder Ejecutivo Provincial se había comprometido a brindar toda la información que legalmente corresponda y se encuentre dentro del ámbito de sus competencias, con excepción de la requerida ante el Poder Judicial, y es por ello que la Comisión ahora exige información de tres ministerios.

Hace una semana, el Gobierno envió las respuestas solicitadas por la Cámara de Diputados y aseguró que se cumplió con el marco legal vigente y teniendo como principios rectores la institucionalidad, el interés superior del niño y el deber de reserva que protege la intimidad de la familia adoptante.

Ayer, la Comisión Investigadora emitió un comunicado de prensa tras analizar la respuesta remitida por el Poder Ejecutivo Provincial y resolvió continuar con la investigación, efectuando requerimientos de información y documentación en forma individual, específica y determinada a los organismos provinciales competentes.

Aclaraciones.

En su contestación al gobernador Sergio Ziliotto, la Comisión señaló que varias de las consideraciones formuladas por el Poder Ejecutivo “resultan reiterativas respecto de límites que la propia Comisión ya había establecido expresamente: no es objeto de esta investigación analizar, revisar ni emitir juicio alguno sobre el mérito, acierto o conveniencia de decisiones del Poder Judicial, ni acceder a expedientes judiciales o información sometida a reserva”.

Asimismo, la Comisión ratificó que su investigación se encuentra circunscripta a la actuación administrativa, funcional e institucional de los organismos provinciales, incluyendo procedimientos, actos administrativos, intervención de equipos técnicos, protocolos, comunicaciones, mecanismos de coordinación y demás actuaciones comprendidas dentro de las competencias de la Administración.

En la respuesta también se dejó establecido que, “en un Estado de Derecho y bajo el sistema republicano de gobierno, el ejercicio del poder público se encuentra sujeto a límites y controles recíprocos, y que corresponde al Poder Legislativo ejercer, dentro de sus competencias, el control y fiscalización de los actos del Poder Ejecutivo y verificar que su actuación se ajuste a la Constitución y las leyes”. La Comisión remarcó que esta función de control “no constituye una intromisión en las competencias del Ejecutivo, sino el ejercicio de una atribución propia del sistema republicano”.

Requerimientos.

En consecuencia, y atendiendo también a las observaciones formuladas por el propio Ejecutivo respecto de la individualización de la información requerida, la Comisión resolvió dirigir pedidos separados a los ministerios de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Seguridad y Justicia, y Salud, delimitando en cada caso la información solicitada de acuerdo con las competencias de cada organismo.

Dichos requerimientos establecen un plazo de cinco días hábiles, contemplándose que si la naturaleza o volumen de la documentación exige un plazo mayor, el organismo lo comunique a la Comisión indicando las razones y el tiempo estimado para completar la respuesta.

Por último, la Comisión informó que hoy se reunirán con las abogadas del caso objeto de investigación y aclaró que continuará la investigación dentro de las facultades que le fueron conferidas, con respeto por las competencias de los demás poderes del Estado y con el debido resguardo de los derechos e identidad de niñas, niños y adolescentes involucrados.