El BCRA admitió que habrá un fuerte ajuste

El último Informe de Política Monetaria del Banco Central adelantó que el Gobierno profundizará en los próximos meses nuevos recortes en partidas sensibles del gasto público. La motosierra volverá a concentrarse en rubros de impacto directo sobre ingresos y consumo.

 

“Hacia delante, se espera que continúe el proceso de consolidación fiscal y que el Tesoro Nacional cuente con más y mejores opciones de financiamiento de sus compromisos locales y externos”, en un contexto en el que el Proyecto de Presupuesto Nacional 2026, ya aprobado por el Congreso, “contemplaba una proyección de superávit primario de 1,5% del PIB para 2026”, una meta que además “fue validada por los analistas especializados según se reflejó en la mediana de las proyecciones del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM)”.

 

Según informó El Destape, el informe oficial de la institución presidida por Santiago Bausili, advierte que la arquitectura del ajuste todavía presenta tensiones internas, ya que “dado que el PPN-26 fue aprobado sin la derogación de la ley de financiamiento educativo universitario ni de la ley de emergencia en discapacidad, será necesario recortar otros gastos, en particular aquellos cuyo ajuste no es automático, por un monto cercano a 0,5% del PIB”. En ese marco, el Banco Central enumera con precisión los sectores que quedarían bajo presión fiscal al señalar que “dentro de los rubros entre los cuales se podría concentrar el ajuste se encuentran los salarios, los subsidios, los planes sociales y los bienes y servicios”.

 

Motosierra.

 

El informe asegura que, “en caso de aprobarse el Proyecto de Ley de Modernización Laboral, los recursos destinados al financiamiento de la seguridad social podrían reducirse”, lo que anticipa un nuevo ajuste del esquema de ingresos y egresos del sistema. Todo este proceso se completa, según el Banco Central, con un escenario financiero más favorable, ya que “por el lado del financiamiento, se espera que la Argentina continúe reduciendo su prima de riesgo, acercándose cada vez más a la de sus pares regionales”.

 

En el primer año completo de implementación del programa económico, el Estado nacional alcanzó un superávit primario en torno al 1,8% del PIB y un superávit financiero cercano al 0,3%, un resultado explicado fundamentalmente por una fuerte contracción del gasto real, con caídas significativas en subsidios económicos, transferencias a provincias, obra pública y programas sociales.

 

Durante 2024, los subsidios energéticos y al transporte mostraron una reducción superior al 50% en términos reales, como resultado de la recomposición tarifaria y de la eliminación de esquemas de asistencia generalizada, mientras que el gasto en salarios públicos perdió poder adquisitivo frente a la inflación y las partidas destinadas a bienes y servicios registraron niveles históricamente bajos de ejecución. En paralelo, la inversión pública fue uno de los componentes más afectados, con una virtual paralización de proyectos de infraestructura a nivel nacional.

 

En 2025, el esquema se profundizó, aunque con un ritmo más moderado, y permitió al Gobierno sostener un superávit primario cercano al 1,4% del PIB, nuevamente apoyado en la contención del gasto social y económico. Los datos de ejecución presupuestaria mostraron nuevas caídas reales en planes sociales, una reducción adicional de los subsidios energéticos y una continuidad del deterioro salarial en el sector público, mientras que el gasto previsional solo logró evitar una contracción mayor por la actualización automática de haberes, en un contexto de menor cobertura de bonos y refuerzos.

 

Riesgos.

 

Por otra parte, según informó Ámbito, el BCRA admitió que, en el primer trimestre de este año, el proceso de desinflación "enfrenta riesgos". Desde su óptica, esos riesgos están ligados a factores de carácter estacional y a incertidumbre derivada del cambio en la composición de la canasta del IPC del Indec, que debutará con la medición de enero, combinados con la aplicación del nuevo régimen de subsidios, que implica un salto en las tarifas energéticas.

 

"Entre los factores de riesgo se puede mencionar: primero, la estacionalidad del agrupado Carnes y derivados en el período noviembre-marzo que puede afectar la categoría Núcleo del IPC; un segundo riesgo transitorio lo constituye la corrección prevista en las tarifas residenciales de electricidad y gas por la readecuación del esquema de subsidios, con impacto en la categoría Regulados; y por último, en marzo suelen incidir significativamente los aumentos en el agrupado Educación (Regulados) y en Prendas de vestir (Estacionales), en este último caso asociado al cambio de temporada para la ropa", argumentó el BCRA.

 

Y añadió: "La magnitud de estos impactos transitorios sobre la inflación también se verá afectada por los ponderadores de la canasta de consumo del nuevo IPC anunciado por el Indec".