¿El gobierno porteño espió a Baric?

El titular del Juzgado Federal de Santa Rosa, Juan José Baric, es uno de los cientos de jueces que fueron notificados por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), debido a que el Gobierno de la Ciudad pidió al Registro Nacional de la Personas sus datos personales sin justificación. Los movimientos que se solicitaron del magistrado que se desempeña en La Pampa datan del 2019 y el 2020.

 

Según reveló el diario Ambito, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) a cargo del fiscal Sergio Rodríguez notificó a más de doscientos jueces y juezas que el Gobierno de la Ciudad pidió al Registro Nacional de la Personas sus datos personales "presumiblemente sin justificativo válido". Las actuaciones que "levantaron la sospecha de los investigadores de la PIA tuvieron lugar en el marco del convenio firmado entre el Renaper y la cartera de Justicia de CABA para la obtención de datos biométricos de personas prófugas. Bajo ese paraguas es que se habría buscado información sensible sobre jueces/as y fiscales", indicó el portal.

 

Según pudo saber LA ARENA, en ese listado de más de 200 magistrados también se encuentra el titular del Juzgado Federal de Santa Rosa, Juan José Baric. Desde su entorno explicaron que "le llegó la notificación y ya está en averiguaciones para conocer en detalle los motivos".

 

En esa línea, revelaron que se trataba de "ingresos del año 2019 y 2020". De todas maneras, aseguraron que una vez interiorizado en el expediente el juez decidirá qué pasos seguir.

 

La denuncia.

 

La PIA había denunciado penalmente en abril de este año a las autoridades de CABA por el presunto espionaje ilegal a millones de ciudadanos a través del sistema de datos biométricos y la base de datos suministrada por el Registro Nacional de las Personas (Renaper). Según informó Tiempo Argentino, el fiscal Sergio Rodríguez consideró, tras una investigación de oficio, que "el acceso/consultas a la base de datos del RENAPER por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad del gobierno de la Ciudad de buenos Aires parecería no tener una justificación racional a la luz de los datos aportados, lo que permitiría presumir que esos accesos no estarían justificados por lo que podría calificárselos de ilegales".

 

Las consultas se realizaron sobre la base de un convenio firmado entre CABA y el Renaper en febrero de 2019, cuando ambas esferas estaban en manos de Cambiemos. El ministro de Seguridad y Justicia porteño era Marcelo D'Alessandro. El dictamen de la PIA sostiene que "la existencia de un convenio no legitima cualquier acceso"; por lo tanto, "al no tener un motivo legítimo tornaría el acceso en ilegal".

 

"La denuncia se basa sobre el artículo 157 del Código Penal, que establece penas de un mes a dos años de cárcel e inhabilitación al funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos. Se trata, en esencia, de la protección de los datos personales, concretamente de la intimidad de los ciudadanos", indicó Tiempo. "Como ha quedado demostrado, existió una migración en cantidades exorbitantes de datos biométricos desde el Renaper al Ministerio y/o la Policía de la Ciudad con motivo de las prevenciones efectuadas o para la carga y alimentación del Servicio de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP). Tanto el peritaje como la propia información brindada por el RENAPER dan cuenta de más de 18 millones de consultas de registros existentes en los archivos remitidos".

 

El dictamen, de unas 30 páginas, apunta a la responsabilidad penal del Ministerio y a la administrativa del Renaper. "Luego de un exhaustivo análisis, cabe concluir que no encuentra relación lógica el número de consultas realizadas por el GCBA. Y esto no era un dato que le era ajeno al Renaper, en cuanto conocían la cantidad de prófugos (no superior a 40.000 registros)", señala el documento.

 

Coincidencias.

 

Tras la comunicación de la PIA, varios de los afectados encontraron coincidencias entre los pedidos de información sobre ellos y hechos trascendentes en el marco de actuaciones en expedientes sensibles. Uno de ellos, es el juez de la Cámara de Casación de Py, Alejandro Slokar. Según le notificó la PIA, pidieron sus datos al Renaper el 23/09//2021 a las 10:57 de la mañana. Según Ámbito, ese día, a esa hora, tras haber llevado a su hijo a vacunar contra el Covid-19 a Exaltación de la Cruz, el magistrado estaba en su casa firmando en forma digital una resolución favorable a la vicepresidenta Cristina de Kirchner. Era en el marco de la causa por el envío de diarios a Santa Cruz en el avión presidencial. Aquel fallo salió 2 a 1 favorable a la vicepresidenta. La lista de los "espiados" es variopinta y supera los doscientos.

 

Otro de los casos es el del fiscal Javier De Luca. El Ministerio de Justicia de CABA pedía sus datos biométricos el mismo día en el que estaba alegando a favor de Milagro Sala. El funcionario, quien recibió la notificación de dos pedidos sobre sus movimientos, manifestó su preocupación ante la consulta de Ámbito y advirtió que "alguien está armando un banco de datos que no tiene modo legal para armarlo, entonces usa el convenio como vehículo".

 

Otro caso ocurrió el 25 de marzo del 2020 a las 14.53 hs. Ese día fueron solicitados los datos de Marcela Pérez Pardo, la esposa del exjuez destituido por el macrismo, Eduardo Freiler. En ese momento, se estaba por tratar si se cerraba o no el pedido de juicio político contra ella y contra la sala L de la Cámara Civil que ella componía, por una resolución de una causa del Instituto Patria contra la Inspección General de Justicia presentada en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri. Aquel fallo salió 3 a 1 a favorable al Patria, pero Pardo, quien pertenece a Justicia Legítima, fue la única de los tres que figura en el pedido de datos biométricos.

 

El hecho sin precedentes y que generó alarma entre los cientos de notificados derivó en una denuncia penal de oficio, por tratarse de un presunto delito de acción pública (violación de secreto). La causa (CFP 1311/23) quedó radicada en el juzgado de Ariel Lijo de Comodoro Py.

 

El listado de dirigentes afectados.

 

El listado de personas sobre las cuales se hicieron las consultas abarca a dirigentes sociales, políticos y de la Justicia. Según precisó Tiempo Argentino en su momento, el convenio firmado en el último año del gobierno de Mauricio Macri establecía que la Ciudad "sólo podía efectuar consultas cuando desarrolle tareas requeridas por el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial Nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y durante la etapa de prevención e investigación de delitos de acción pública".

 

Sin embargo, no hay constancias de requerimientos judiciales, ni de prevención o investigación que involucrara a Enriqueta Estela Barnes de Carlotto, Eduardo Emilio Belliboni, Sergio Alejandro Berni, el camarista Roberto José Boico y la fiscal de la causa Correo Argentino Gabriela Boquín. Tampoco del dirigente social Ángel Borello; Myriam Bregman; Alejandro Pedro Bulgheroni, Patricia Bullrich, Elisa María Avelina Carrió, Eduardo Francisco Constantini, Eduardo Enrique "Wado" De Pedro, Nicolás Del Caño, Eduardo Sergio Elsztain, José Luis Espert, Dolores Etchehevere, Eduardo Feinmann, Alberto Ángel Fernández, Cristina Elisabet Fernández (226 consultas, la mayor cantidad), Aníbal Domingo Fernández, Marcos Eduardo Galperin, Alejandra Magdalena Gils Carbó y Juan Grabois.

 

Nada constaba para justificar las consultas sobre el jefe de la Policía Federal, Juan Carlos Hernández; el policía de la Ciudad desaparecido hace más de cuatro años Arshak Karhanyan; Axel Kicillof, Florencia Kirchner, Máximo Carlos Kirchner, Rafael Klejzer (Director Nacional de Políticas Integradoras de la Nación), Andrés Larroque, Ricardo López Murphy, Héctor Horacio Magnetto, Facundo Manes, Sergio Tomás Massa, Javier Gerardo Milei, Esmeralda Mitre, Gerardo Rubén Morales, Joaquín Miguel Morales (Solá).

 

En la misma situación están Pablo Hugo Moyano, María Rosa Muiños (Defensora del Pueblo de la CABA), Juan Manuel Olmos (vice jefe de Gabinete nacional), María Hebe Pastor de Bonafini, Paula Penacca, Jorge Gregorio Pérez Companc, Miguel Ángel Pesce, el fiscal Franco Eduardo Picardi, Néstor Pitrola, Julio Juan Piumato, Mariano Recalde, Paolo Rocca, Alberto Roemmers, Alejandro Guillermo Roemmers, Alfredo Pablo Roemmers, Carlos Fernando Rosenkrantz, Hugo Arnoldo Sigman, Vanesa Raquel Siley, Carlos Ernesto Stornelli, Gustavo Fabián Sylvestre, Inés Mónica Weinberg (Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de CABA), Emiliano Benjamín Yacobitti y Eugenio Raúl Zaffaroni.

 

Son sólo algunos nombres conocidos, en millones de búsquedas. "La cuantía de consultas efectuadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA podría estar afectando la protección de los datos de un sin número de titulares", advirtió el fiscal Sergio Rodríguez.

 

Sistema inconstitucional.

 

Además de esta causa que ahora tramita en la Justicia Federal, recordó Ambito, hubo otras denuncias de iniciativa privada que tuvieron lugar en la justicia de la Ciudad. Tras la demanda del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y del Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIO) la Cámara de Apelaciones de la Ciudad confirmó en abril de este año la inconstitucionalidad del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos implementado por el Gobierno porteño y que en su momento defendió el desplazado ministro de Seguridad Marcelo D'Alessandro.

 

La Sala I rechazó las apelaciones del Gobierno de la Ciudad y del Ministerio Público Fiscal y confirmó la sentencia de la jueza de primera instancia Elena Liberatori, que en septiembre de 2022 había dicho que el sistema de progresión biométrica se implementó sin la debida protección de los derechos de las y los habitantes.