¿El gremio blanquea su apoyo a Clarín?

En un documento donde reivindica elípticamente la privatización menemista de Entel, el Soeesit destaca el rol de las “licenciatarias nacionales” en La Pampa, antes que el de las cooperativas.

“Tenemos que ser receptores del cambio tecnológico” advirtió el Sindicato de las Telecomunicaciones, cuya filial pampeana está encabezada por César Montes de Oca, diputado provincial y padre de la viceintendenta acusada como “lobista” del Grupo Clarín. Mediante un comunicado firmado por Montes de Oca y Damián Gaya (secretario de Prensa), el Soeesit reafirmó su “compromiso de acompañar un proceso que ponga en el centro el trabajo, la producción local y el interés público”, aunque sin explicar de qué manera el desembarco de Clarín contribuirá con estas consignas.

En el texto, difundido ayer, la conducción de un sindicato que hace 35 años allanó el camino a la privatización de Entel acompañando a la gestión menemista, ratificó que “mantiene la coherencia histórica que sostuvo durante décadas de lucha sindical. Decimos lo que dijimos siempre; explicamos lo que explicamos siempre; defendemos lo que defendimos siempre”.

Sin mencionar a Clarín ni las acusaciones por lobby que pesan sobre la viceintendenta y actual secretaria adjunta del sindicato, Romina Montes de Oca, Soeesit propone “buenas políticas públicas que generen: mayor servicio para las y los usuarios; mejores tarifas; más conectividad en toda la provincia; estabilidad laboral y más empleo pampeano”.

Aunque suenan bien y reflejan demandas prioritarias, las consignas no muestran “coherencia histórica”, porque las consecuencias inmediatas de aquel proceso de privatización y desregulación telefónica concretado por Carlos Menem, y acompañado por la dirigencia sindical, produjo un descomunal incremento de tarifas, consolidó un monopolio privado y cesanteó a decenas de miles de empleados telefónicos.

Además, el gremio recuerda que “la conectividad sostiene la educación, la salud, el comercio, el empleo y la innovación” aunque olvida mencionar que durante la pandemia esta conectividad fue garantizada por las cooperativas y el Estado provincial, mientras los prestadores privados se limitaron a seguir cobrando tarifas.

Sin precisiones.

Según el Soeesit, desde 1990 La Pampa consolidó “una matriz de conectividad sólida, diversa y con fuerte presencia territorial, resultado de una articulación entre inversión pública, acción cooperativa, desarrollo Pyme, empresas licenciatarias y el esfuerzo cotidiano de cientos de trabajadoras y trabajadores”. El gremio no precisa como podría contribuir Clarín con esa matriz provincial, a quien sus principales referentes lo consideran una amenaza y no un aliado.

“A partir de 2001, en un contexto marcado por privatizaciones, concentración del mercado, abandono de inversiones en el interior y competencia desigual por parte de las licenciatarias nacionales, la provincia defendió un modelo propio: inversiones sostenidas, generación de empleo, calidad de servicio, tarifas accesibles y desarrollo local”, agrega el sindicato. Ese modelo le permitió a La Pampa “contar hoy con un ecosistema plural de prestadores (cooperativas, pymes, empresas estatales, cableras, ISP y operadores móviles) que garantiza diversidad, competencia y posibilidad de elegir, comparar y acceder a servicios de calidad”.

Enfocado en la necesidad de “resguardar ese patrimonio colectivo”, el sindicato convoca “a todos los sectores (instituciones, prestadores, comunidad y actores productivos) a construir colectivamente el futuro tecnológico de nuestra provincia, con justicia social, igualdad de oportunidades y desarrollo para todas y todos”.

“Debemos ser receptores del cambio tecnológico, exigiendo a los prestadores inversiones concretas en infraestructura digital que permitan servicios de calidad, mejores tarifas y más empleo en todo el territorio pampeano”, concluyen.

Sobre el Concejo.

Si bien omite hacer referencia a la máxima autoridad del Concejo Deliberante, el gremio manifiesta su acuerdo con “la decisión unánime de archivar tres proyectos vinculados al sistema de telecomunicaciones, porque que no implica silencio ni retroceso, sino que abre la puerta a una discusión más profunda, moderna y participativa sobre el futuro tecnológico de la ciudad y de la provincia”.

Y sin mencionar a Clarín ni su avanzada con postes y cableado de fibra óptica en distintos puntos de la ciudad, el Soeesit “acompaña especialmente la voluntad institucional de habilitar un tiempo para desarrollar un debate estratégico sobre la conectividad como infraestructura productiva esencial; la participación activa del Estado provincial, licenciatarias nacionales, cooperativas, pymes, ISP, cableras, cámaras empresarias, Universidad y trabajadores del sector”. Llamativamente, esta enumeración la encabezan el Estado y las “licenciatarias nacionales”, y detrás aparecen las cooperativas, aunque el Artículo 42 de la Constitución Provincial establece que los servicios públicos “pertenecen al Estado” pampeano” y dispone “que su explotación sea concretada preferentemente por el Estado, municipios o cooperativas de usuarios”.

Además, este lapso debería ser dedicado “a la construcción de reglas claras que promuevan competencia, eficiencia, innovación y desarrollo local con empleo decente” y permitan llevar adelante “un análisis responsable de su impacto en el empleo y el crecimiento de las empresas pampeanas”.

La privatización de Entel.

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) fue privatizada en 1990, mediante un proceso que dividió en dos el territorio argentino y otorgó la concesión de los servicios de telecomunicaciones a Telecom (Norte) y Telefónica (Sur), a cambio de una amortización de deuda externa. Como resultado, se consolidó un oligopolio, aumentaron las tarifas y se inició el camino para desregular todos los servicios públicos, un proceso marcado por conflictos con sindicatos de la actividad y diversos debates sobre su impacto en el acceso a la comunicación.

En 1989, Menem ordenó la privatización mediante el Decreto 731 y designó a María Julia Asogaray como interventora encargada de gestionar la venta. Telecom y Telefónica adquirieron Entel a cambio de unos 5.000 millones de dólares en bonos de deuda externa y un pago adicional en efectivo. El dúo accedió al control del mercado telefónico prometiendo competencia y eficiencia, pero la historia demostró que se dedicaron a consolidar un oligopolio.

Al asumir en Entel, Alsogaray implementó una política de deterioro y vaciamiento para justificar un discurso oficial que proponía la necesidad de mayor eficiencia como argumento para el modelo privatizador. Encabezados por Clarín, los medios oligopólicos fueron fundamentales para difundir este discurso, centrado en la necesidad de “un achicamiento del Estado”.

Una consecuencia inmediata de la privatización fueron los aumentos significativos de tarifas, facilitados por una desregulación que las desvinculó del costo real del servicio. Además, hubo una drástica reducción del personal, mediante programas de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas, que generó profundos conflictos gremiales con el sindicato telefónico, a la par que diversos sectores cuestionaban la privatización por el modo utilizado para valorar la empresa y una política que reducía a un negocio el ejercicio de un derecho.

Aquel hito neoliberal del menemismo transformó el modelo de servicio telefónico regulado por el Estado y consolidó un monopolio privado en sectores estratégicos. Los debates que despertó, sobre el rol del Estado y el derecho a la comunicación, aún permanecen vigentes.