El juicio por jurados sigue pendiente en la provincia

Mientras numerosas provincias argentinas avanzan en la participación ciudadana en la administración de justicia penal, La Pampa continúa postergando una reforma que constituye un mandato constitucional desde 1853.

Días atrás, la provincia de Chubut realizó el sorteo de 6.096 ciudadanos que podrán integrar los jurados populares durante 2027 y 2028. La noticia vuelve a poner de manifiesto el avance que ha tenido este sistema de juzgamiento en nuestro país y, al mismo tiempo, el inexplicable retraso de La Pampa.

El juicio por jurados no constituye una innovación reciente, sino el cumplimiento de un mandato expresamente consagrado en nuestra Constitución Nacional. Su incorporación representa un avance fundamental en la democratización de la justicia, al permitir que ciudadanos comunes participen directamente en las decisiones sobre la culpabilidad o no culpabilidad de las personas acusadas de cometer delitos graves.

Por jurisdicciones.

Córdoba fue la primera provincia argentina en incorporarlo, mediante una ley sancionada en 2004, que comenzó a aplicarse en 2005. Posteriormente, Neuquén implementó el modelo de jurados populares en 2014 y numerosas provincias siguieron ese camino. Actualmente son catorce jurisdicciones argentinas cuentan con legislación que contempla este sistema, aunque su implementación no ha sido uniforme. Incluso el Código Procesal Penal Federal lo prevé, aunque todavía resta la sanción de una ley nacional específica que permita ponerlo en funcionamiento.

¿Por qué no?

La Pampa, que supo estar a la vanguardia en materia procesal penal, incluso durante la vigencia del antiguo procedimiento mixto, ha quedado hoy inexplicablemente rezagada.

Resulta difícil justificar que una provincia con tradición de innovación jurídica no abone a la idea de posibilitar a sus ciudadanos que participen en la administración de justicia.

En nuestra Legislatura existe un proyecto impulsado por el diputado Hernán Pérez Araujo, que ha recibido tratamiento en comisión y el aporte de distintos sectores jurídicos y académicos. Sin embargo, su sanción continúa pendiente, sin que se adviertan razones suficientes para la demora.

Colegio, sí.

El Colegio de Abogados de La Pampa -particularmente los profesionales dedicados al ejercicio del Derecho Penal-, ha expresado públicamente su firme respaldo a esta reforma y su compromiso con la pronta incorporación del juicio por jurados.

La Pampa tiene la oportunidad de recuperar el protagonismo que alguna vez tuvo en materia procesal penal. No se trata simplemente de modificar una forma de

juzgamiento, sino de fortalecer la legitimidad de las decisiones judiciales, acercar la justicia a la sociedad y dar cumplimiento a una obligación constitucional largamente postergada.

Esto dicen.

“En nuestra provincia el proyecto de juicio por jurados tiene estado parlamentario, y esperamos que el año próximo estemos ultimando todo para que se apruebe y se ponga en marcha”, sostuvo el diputado provincial Hernán Pérez Araujo (Frejupa). El legislador es precisamente el autor del proyecto que impulsa la implementación.

Cabe señalar que en 2012 fue Martín Berhongaray –entonces legislador provincial- quien había presentado una iniciativa en el mismo sentido pero el proyecto no avanzó.

“El juicio por jurados es una realidad en muchas provincias del país, y es una pena que la nuestra, que en algún momento estuvo a la vanguardia de los códigos de la Patagonia aparezca ahora rezagada en este tema”, dijo la penalista Vanessa Ranocchia Ongaro, quien el año pasado expuso sobre la cuestión en la Legislatura provincial en representación del Colegio de Abogados de La Pampa.

Cómo sería.

La idea que tienen los abogados del foro es que el proyecto contemple el juzgamiento por jurados en delitos cuya pena en abstracto supere los 15 años, pero se ha puesto en duda que quede en manos de la fiscalía definir cuándo corresponde. “La competencia no debe quedar sujeta a la estrategia de una de las partes. Eso debilita la igualdad de armas”, adujeron los penalistas.

Sobre otros requisitos, parecería haber acuerdo –para integrar los jurados-- que se debería ampliar la edad de participación desde los 18 años y eliminar el límite máximo de 75, así como suprimir la exigencia de contar con oficio o profesión. Esto es, la opinión mayoritaria en el foro local es que el jurado debería estar compuesto por ciudadanos comunes, con sus luces y sombras, como cualquier integrante de la sociedad.

Si bien parecería haber un cierto acuerdo, sería tiempo de transformar ese consenso en una decisión legislativa concreta.