El presidente y los gobernadores van contra toda la Corte

El gobernador pampeano Sergio Ziliotto y otros diez mandatarios acordaron con el presidente Alberto Fernández, en un hecho sin precedentes en la historia argentina, impulsar el juicio político contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La acusación es por "mal desempeño de sus funciones" y "manifiesta parcialidad" a la hora de dictar fallos.

 

El jefe de Estado ayer encabezó en la Casa Rosada el segundo encuentro con los mandatarios que, en línea con el Gobierno nacional, rechazan la medida cautelar dictada por el máximo tribunal en favor de la ciudad de Buenos Aires en torno a un diferendo por los fondos destinados al traspaso de la Policía a la órbita porteña. Según informó Télam, uno de los voceros luego del encuentro fue el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, quien explicó a la prensa que la firma del pedido de juicio político se realiza "en el marco del artículo 53 de la Constitución Nacional en virtud del mal desempeño en las funciones de los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".Aunque durante varios días se había sostenido que el pedido de juicio político sería solo contra el titular del máximo tribunal y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, ahora se señaló que el proceso será también contra el resto de los integrantes: Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. El gobernador chaqueño dijo que en el documento que desde el Poder Ejecutivo enviarán a la Cámara de Diputados se expondrá "una multiplicidad de hechos" supuestamente irregulares atribuidos al máximo tribunal. Detalló que van desde "la violación de la Ley de Ética Pública" hasta el mal desempeño "a partir de decisiones que tienen que ver con la declaración de inconstitucionalidad de la ley 26.080", que rigió el funcionamiento del Consejo de la Magistratura durante 16 años y que fue reemplazada, por decisión de la Corte, por la derogada ley 24.937.

 

Manifiesta parcialidad.

 

A estos hechos se suma la medida cautelar en favor de la ciudad de Buenos Aires que, según Capitanich, habla de "manifiesta parcialidad" en favor de un sector partidario, en alusión a la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC). "Deben ser custodios de la Constitución. Los argentinos y las argentinas no pueden estar tranquilos en términos de salvaguarda de la vida del patrimonio del honor y de la libertad con miembros de la Corte Suprema de Justicia que violan clara y contundentemente la Constitución Nacional y sobre todo los principios que son esenciales desde el punto de vista al principio republicano", dijo.El gobernador ejemplificó esto con el fallo de la Corte con el que se ordenó al Estado Nacional un aumento en la masa coparticipable en favor de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), al elevarla al 2,95%. "Las provincias argentinas nos sentimos damnificadas por la asignación de recursos de una manera antojadiza. No es cierto que no nos afecta. Nos afecta. Consideramos que la defensa de los intereses de nuestras provincias argentinas y del federalismo es una bandera irrenunciable, porque es la base para lograr equidad e igualdad", apuntó.

 

Legitimidad en duda.Por su parte, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, comentó que la decisión tomada por el Presidente y los mandatarios provinciales "no tiene antecedentes". En ese sentido, sostuvo que la Corte avanzó sobre "atribuciones que no les son propias" y que corresponden a los restantes poderes del Estado. "No es una cuestión solamente de los chats, están los fallos. Es a través de los fallos" que se establece la acusación, aseveró. El mandatario santiagueño Gerardo Zamora señaló que la Corte desoyó y "ni siquiera contestó" tres presentaciones realizadas por los gobernadores en el caso de los fondos por la seguridad porteña. Añadió que esa situación "se agrava muchísimo" luego de que se conocieran los chats entre el director de la vocalía y estrecho colaborador de Rosatti, Silvio Robles, y el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro. Zamora presentó una denuncia contra Robles por considerar que está "involucrado en un hecho gravísimo" y dijo que los diálogos con D'Alessandro "son escandalosos". El mandatario remarcó que "la legitimidad del presidente de la Corte Suprema está totalmente en duda y con ello el Estado de Derecho". Además de Capitanich, Kicillof y Zamora, participaron de manera presencial los gobernadores Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ricardo Quintela (La Rioja), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gildo Insfrán (Formosa). Fuentes oficiales resaltaron que otros gobernadores se sumaron a las conversaciones vía teleconferencia. El Presidente estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y por el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro.

 

Robles no entregó el celular.

 

El juez federal de Santiago del Estero Guillermo Molinari imputó y ordenó el secuestro del teléfono celular de Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema y titular del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, luego de una denuncia presentada por el gobernador de esa provincia, Gerardo Zamora, quien aseguró ayer que el imputado "no quiso entregar sus teléfonos". Tras la presentación, el magistrado envió ayer un oficio a través de la Policía Federal para anoticiar a Robles sobre el celular que es de uso habitual y también "otro aparato de telefonía celular que tenga en uso (personal u oficial)".

 

En el oficio el magistrado le hace saber, además, que "se han habilitado la feria judicial, y días y horas hábiles para el trámite presente", según informó Télam. También, en otro oficio enviado al secretario de turno en feria de la Corte Suprema, Molinari le solicita que "proceda a la recepción y resguardo" del teléfono de Robles y "todo aparato de telefonía celular que fuera entregado por Robles, debiendo asegurar y mantener la cadena de custodia de los mismos a los fines del resguardo del medio de posible prueba, todo labrándose la pertinente acta".

 

Este martes, Zamora reveló que Robles "no quiso entregar sus teléfonos. Sólo se habría limitado a hacer una presentación al Juzgado para pedir estudio del expediente por parte de su abogado, pero sin cumplir la orden judicial".

 

En esa línea, sostuvo que "con esto, en vez de ayudar a aclarar -si es que no tuviera nada que ver con el delito endilgado- oscurece más aún la legitimidad de la presidencia de la CSJN", y "sigue resquebrajando cada vez más, al Estado de derecho en el país..."