Jueves 28 de marzo 2024

El Tribunal de Cuentas no objetó la compra de armas

Redacción 05/11/2022 - 00.15.hs

El Tribunal de Cuentas de la provincia de La Pampa no hizo ninguna objeción a la compra de 160 pistolas por parte de la Jefatura de Policía a la empresa Fabricaciones Militares realizada en 2017. Se trata de la adquisición que fue objeto de una denuncia de la empresa Bersa, fabricante de armas argentina, la cual fue retomada por la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, organismo que sostiene que se pagaron sobreprecios.

 

La Pampa fue uno de los tres distritos que compraron las pistolas, los otros fueron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de San Juan. Bersa se quejó porque las armas que vendió Fabricaciones Militares fueron adquiridas por esta última a la empresa italiana Beretta con un mecanismo que la firma argentina consideró irregular.

 

El informe del fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, sostiene que los gobiernos abonaron cada pistola 675,67 euros, cuando la Dirección General de Fabricaciones Militares las adquirió a 325 euros cada una y los importadores las ingresaban al país a un costo de 213,82 euros por unidad.

 

Tras publicar su informe, Rodríguez presentó una denuncia penal en la que el apuntado es el ex interventor de Fabricaciones Militares durante la presidencia de Mauricio Macri, Héctor Antonio Lostri, quien más adelante sería destacado como embajador argentino en Paraguay. En cuanto a los distritos que compraron a FM, el fiscal le apuntó al ex ministro de Seguridad y Justicia de la CABA y pidió que se profundice la investigación respecto a los responsables en La Pampa y San Juan.

 

Compras directas.

 

Desde el Tribunal de Cuentas de La Pampa, que preside la contadora pública nacional Marita Mac Allister, se informó que en el año 2016 ya se había hecho una compra de armas con el mismo mecanismo, es decir, una adquisición en forma directa a la Dirección General de Fabricaciones Militares, entonces por 100 pistolas.

 

Dicha compra se aprobó por parte del TdC el 22 de septiembre de 2016 por control previo, es decir, un control anterior a que se realice la operación. Es decir, que por Contraloría Fiscal y fue aprobado. El pago a la proveedora se realizó el 29 de diciembre de 2016. "Cada pistola salió 8.471,52 pesos. Esto se pudo hacer por compra directa por el Artículo 34, inciso C, subinciso 3, de la Ley 3, como una excepción porque se le compró a una repartición que es estatal o tiene participación estatal", explicaron.

 

En el 2017 se compran las 160 pistolas ahora objetadas por la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas. Desde el TdC indicaron que el mecanismo fue el mismo, es decir, una compra directa excepcional por tratarse la proveedora de una empresa estatal, Fabricaciones Militares. El control previo se aprobó el 10 de agosto de 2017 y el pago se concretó el 9 de abril de 2018.

 

Licitación.

 

Ya en 2019, la provincia de La Pampa volvió a comprar pistolas 9 mm para la Policía de La Pampa pero lo hizo a través de una licitación pública en la que la empresa ganadora fue Ciafoni, que es un proveedor de la provincia. Desde el TdC se informó que cada pistola tuvo un precio de 19.290 pesos. La compra se aprobó desde el TdC el 18 de octubre de 2019 y el pago se concretó el 27 de diciembre del mismo año.

 

"Todas son pistolas 9 milímetros, no sabemos cuál es la característica de cada una y tampoco tenemos que saber a cuánto las compró Fabricaciones Militares", explicaron desde el TdC.

 

Desde el organismo que se encarga de controlar las cuentas públicas en la provincia indicaron que el responsable de las compras fue el Jefe de la Policía, entonces el comisario retirado Roberto Ayala, ya que hasta el año 2021 la figura del jefe policial se equiparaba a la de un ministro. Después de ese año, el Jefe de Policía solo puede realizar una solicitud de cotización pero no tiene facultades para realizar compras directas ni licitaciones.

 

Cabe recordar que la denuncia de Bersa y de la Fiscalía nacional apunta a que Fabricaciones Militares compró las armas en forma directa a la fábrica italiana, en el marco de un "memorandum de entendimiento" en el que la firma extranjera fue considerada como Estado. Según Rodríguez, se simuló que se iba a transferir la licencia de fabricación y comercialización de las pistolas, que incluía la transferencia de tecnología, capacitación y equipamiento, para lo cual se trató a Fabbrica D'Armi Pietro Beretta S.p.A. como si fuera un Estado extranjero. Sin embargo, no hubo transferencia alguna, sino solo una venta de armas, según dictaminó la Fiscalía.

 

La causa penal se encuentra radicada en el Juzgado Federal 4 de la Capital Federal.

 

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