“Ellos se obligaron a darnos las regalías”

La fiscal de Estado de la provincia de La Pampa, Romina Schmidt, habló ayer sobre el conflicto que generó el Decreto 982/26 del presidente Javier Milei que pretendió quitarle a nuestra provincia las regalías por la generación hidroeléctrica del complejo Los Nihuiles. La funcionaria es la encargada de llevar adelante la estrategia legal del Estado pampeano y ya está trabajando en la demanda de fondo contra lo resuelto por el Ejecutivo nacional el viernes pasado.

Schmidt dialogó ayer por la mañana con Radio Noticias 99.5 donde se refirió al fallo del juez Juan José Baric. “Es una medida interina, porque se toma antes de darle posibilidad de responder a la Nación. Significa que el juez federal vio en nuestro escrito un derecho en peligro y entendió que no podía haber demora en resguardar el derecho, y lo que hizo fue dictar una cautelar interina. A partir de ahora, nosotros le damos traslado de nuestra demanda de cautelar al Estado nacional”, explicó.

-¿Y qué debería pasar a partir de hoy?

-Ellos no pueden apelar, lo que tienen que hacer ahora es contestar la demanda. Son plazos breves porque es una cautelar, son cinco días que tienen para responder.

-¿La firma del decreto de Milei interrumpió las regalías desde el mismo día que se publicó en el boletín oficial?

-El decreto decía que entraba en vigencia el día posterior al de la publicación. Se publicó el viernes y tomó vigencia el lunes.

-O sea que ahora el gobierno debe restituirlas.

-En realidad es el Gobierno de Mendoza el que se tiene que notificar de que no debe aplicar ese decreto. Igualmente, lo más importante en estos días es la confección de los pliegos licitatorios del Complejo Los Nihuiles. Hace dos meses salió el decreto mediante el cual la provincia de Mendoza y el gobierno nacional llamaron a licitación nacional e internacional para explotar el complejo Los Nihuiles. Ahora están en la etapa de la confección de los pliegos. ¿Qué significa eso? Cuando llaman a una empresa nueva nos dejan afuera del costo.

-La estrategia es dejar afuera a La Pampa para concretar esa licitación entre Mendoza y Nación.

-Claramente. Mendoza pidió la nulidad del decreto de 1973 en el 2022 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los plazos de la Corte son largos, pero hace 15 días la Corte dijo que La Pampa es una tercera a la que hay que llamar porque tiene derechos comprometidos. Mendoza en lugar de notificarnos de esa demanda, parece que prefirió acudir al teléfono del presidente de la Nación y salió ese decreto. Creo que esto fue así, aunque no tengo pruebas de esto.

-¿Qué instrumentos legales tiene Mendoza para hacerle frente a esto?

-Mendoza puede seguir con su juicio ante la Corte. En este caso, es un Decreto del gobierno nacional y nosotros vamos contra el gobierno nacional.

-El ex ministro Luis Petri dice que cuando hay un problema entre provincias la que resuelve es la Corte Suprema de Justicia.

-Nosotros fuimos acá y pedimos la cautelar, que le vamos a decir al señor. Cuando hay un río interjurisdiccional el que debe resolver el problema es el comité de cuenca. Como ocurre con el Coirco, donde están representadas las cinco provincias dueñas del río Colorado. Habría que decirle a Petri que en el caso del Atuel no lo tenemos al comité de cuenca porque ellos se niegan. También habría que decirle que la gestión del agua se debería hacer en forma conjunta y a la provincia de La Pampa le debería llegar el agua. Habría que comenzar por esa parte y luego vemos ante qué jurisdicción nos vamos a quejar. Pero más allá de que ellos hablen de fallos, acá hay un convenio de partes del año 1992. Ellos se obligaron a darnos las regalías. Y los contratos están para ser cumplidos.

-¿Qué sigue ahora?

-Hay que resolver la cautelar de fondo y a nosotros nos empezó a correr el plazo para presentar la demanda de fondo, donde además vamos a pedir la inconstitucionalidad del decreto. Esa demanda tenemos diez días para presentarla y la estamos trabajando.

Mendoza salió al cruce de la cautelar.

La ministra de Ambiente y Energía de Mendoza, Jimena Latorre, afirmó ayer que Mendoza no está obligada a acatar el fallo del Juzgado Federal de Santa Rosa que dio curso a la cautelar presentada por La Pampa.

La funcionaria remarcó en declaraciones al diario Los Andes que lo resuelto por el juez Baric es una cautelar interina y no una decisión sobre el fondo de la disputa y se animó a asegurar que Mendoza no está obligada por la sentencia. La postura no sorprende, ya que Mendoza sí es parte en la causa por el río Atuel que ya tiene sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia y tampoco la cumple.

La medida judicial suspendió de manera provisoria los artículos 3° y 4° del Decreto 982/2026, mediante el cual el Gobierno nacional modificó el régimen de distribución de las regalías de Los Nihuiles y estableció que Mendoza debía percibirlas en su totalidad. Esa decisión de la Casa Rosada despojó a La Pampa del 50% que venía cobrando desde 1973 a la fecha.

Es que las regalías hidroeléctricas, equivalentes al 12% de la generación, eran distribuidas en partes iguales entre Mendoza y La Pampa, algo que ambas provincias y la Nación acordaron ratificar en 1992 en un convenio que se firmó en la capital mendocina y que luego fue homologado por ley por las legislaturas de las dos provincias y por la propia Corte.

Latorre calificó el fallo de Baric como un “remedio excepcionalísimo” y remarcó que fue concedida antes de que Nación pudiera exponer sus argumentos. “Lo que hizo la provincia de La Pampa es eludir la competencia originaria de la Corte Suprema y buscar que un juez pampeano resolviera con un remedio excepcionalísimo una discusión que dura muchísimos años”, afirmó.