“En contra de las familias”

La Central de Trabajadores y Trabajadoras de La Pampa salió ayer a repudiar la decisión de los diputados nacionales pampeanos Martín Ardohain (PRO) y Adrián Ravier (LLA) de votar a favor de la ley que elimina el subsidio al gas para más de 136.000 familias pampeanas en pleno inicio del invierno.

 

En un comunicado de prensa señalaron que el proyecto, con media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación, establece un incremento del 60 por ciento en la factura del gas para trabajadores y trabajadoras, mientras que en el mismo texto se perdona las deudas a las distribuidoras eléctricas privadas.

 

Y añadieron que la decisión afecta a 12 departamentos de La Pampa que quedarían excluidos del régimen de Zona Fría, un beneficio que contemplaba las condiciones climáticas de la región para amortiguar el costo energético en los meses más duros del año.

 

Además, agregaron que "comedores comunitarios, clubes de barrio y bibliotecas populares verán aumentados sus gastos de funcionamiento sin ningún tipo de compensación".

 

"Ardohain y Ravier tuvieron la oportunidad de defender a sus representados. Eligieron no hacerlo. Votaron en sintonía con los intereses de las grandes corporaciones del sector energético y en contra de las familias que los eligieron", expresó la CTA Y llamó a la unidad de todas las organizaciones sindicales, sociales, políticas y populares de La Pampa para articular una respuesta conjunta y exigir al Senado de la Nación que rechace la ley antes de que se convierta en realidad.

 

"La defensa del régimen de Zona Fría, del acceso a la energía como derecho y de la dignidad de los hogares trabajadores no es negociable. Resistir es nuestra respuesta", concluyeron.

 

Rectores.

 

Por su parte, la Red de Universidades Patagónicas (RUPA), que integra la UNLPam, también se expresó en contra de “cualquier intento de modificar o recortar el régimen de Zona Fría, el esquema de subsidios al gas que alcanza a millones de habitantes de la Patagonia y otras regiones de bajas temperaturas”, tras recibir media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación.

 

En un comunicado conjunto, rectoras y rectores señalaron que la Zona Fría “no constituye un privilegio”, sino una herramienta compensatoria frente a las desigualdades que implica vivir en territorios atravesados por condiciones climáticas extremas, grandes distancias y mayores costos de vida.

 

Advirtieron que alterar este régimen “en pleno invierno significa trasladar nuevamente el peso de la crisis sobre los sectores medios y populares” y cuestionaron las miradas “centralistas” que desconocen las particularidades territoriales y climáticas de la región patagónica. “La calefacción no es un consumo suntuario: es una necesidad básica vinculada a la salud, la vida cotidiana y la dignidad humana”, sostuvieron.

 

Asimismo, alertaron que la eventual reducción de subsidios por Zona Fría impactaría directamente sobre las universidades nacionales patagónicas, en un contexto marcado por la falta de actualización presupuestaria, el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la pérdida del poder adquisitivo de docentes y nodocentes. Indicaron también que un aumento en los costos energéticos podría afectar el funcionamiento institucional de las universidades públicas de la región, que cumplen un rol central en la formación profesional, la producción científica y la ampliación de oportunidades educativas en territorios históricamente postergados.

 

Finalmente, solicitaron a representantes del Congreso de la Nación que revean cualquier iniciativa orientada a modificar el régimen de Zona Fría.