Fallo contra docente: “Una condena exagerada e injusta que genera temor”

"Fue una condena exagerada e injusta que genera temor", expresó el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Educación Pampeana (Sitep), Cristian Rosso, al referirse al fallo contra la docente Ana Cecilia Contreras, quien deberá pagar una multa de $ 913.800 por "maltrato psíquico" a una adolescente de origen judío.

En diálogo con Radio Noticias (99.5), Rosso explicó que desde el gremio sostienen “lo mismo que dijimos antes, durante y después de la condena; pero hoy ya con una preocupación por el antecedente que este fallo genera y las implicancias que tiene”. El juez contravencional Maximiliano Boga Doyhenard aplicó la condena a la docente por “maltrato psicológico” a una alumna de origen judío, luego de que surgiera en una clase un debate sobre el conflicto bélico entre Israel y Palestina.

Remarcó que el hecho juzgado se dio en una clase en la que se estaban abordando cuestiones vinculadas a los derechos humanos, y que el planteo surgió de los mismos estudiantes: “Esto pasó cuando recrudeció el conflicto a raíz del atentado de Hamás en una fiesta electrónica. En ese contexto se da el intercambio”, explicó Rosso. “Ahí es donde nos parece que el contexto no es poco: si bien en esa clase pudo haber un exabrupto o una calificación errónea, es en lo que se basa el fallo, la alumna que se sintió maltratada puede hacer todo el planteo dentro del sistema educativo”.

En ese sentido, remarcó que “la judicialización de ninguna manera es el camino porque hay formas, procedimientos y mediaciones para plantear esta cuestión”.

Recordó, además, que ya hubo un antecedente con la misma familia que presentó la denuncia penal, con respecto a un tema vinculado con la Educación Sexual Integral.

Libertad de cátedra.

Este fallo judicial generó “mucha preocupación” en el sector docente, aseguró Rosso. "Le aplicaron una multa millonaria a una trabajadora de la educación por un dicho en una clase: esto implica que no cobrará un salario más allá de los gastos que tuvo por las costas de las defensas", afirmó, y agregó que "acá ya no hablamos de violencia simbólica sino también económica".

“De ninguna manera avalamos el antisemitismo, que quede muy claro, pero la condena nos parece exagerada e injusta. Y esto genera un temor y preocupación en las salas de docentes sobre la postura desde la cual se enseña”, remarcó.

Opinó que un fallo como este tiene implicancias graves para docentes, así como para toda persona dedicada a las ciencias sociales. “La ciencia es una construcción colectiva, implica subjetividades; después hay argumentaciones científicas y es lo que se puede poner en discusión. Pero de ninguna manera la judicialización de eso puede ser la respuesta. En el trabajo docente interviene toda la comunidad educativa, y la subjetividad y la formación en sentido crítico son esenciales. No se puede disciplinar con un pensamiento único ni pretender escuchar solo lo que querés escuchar; siempre hay que plantear en el marco del respeto, la legalidad y la responsabilidad”.

Por otra parte, señaló que “acá estamos hablando de un intercambio verbal, pero lamentablemente hoy por hoy en las escuelas hay situaciones de violencia de todo tipo. No es nuestra intención, pero al mismo tiempo también hay que decirlo: vemos celeridad para esta cuestión específica, cuando las problemáticas que hay en la provincia son mayúsculas”.

En ese marco, Rosso pidió que el Ministerio de Educación pampeano “tome cartas en el asunto con claridad, con defensa y protección de los docentes y su libertad de cátedra y al mismo tiempo de los estudiantes”. Asimismo reclamó responsabilidad al juez Boga Doyhenard: “Quisiéramos que fuera responsable por lo que está generando, que es cercenar temas, generar un temor innecesario”.

-¿Pudiste hablar con la docente?

- Personalmente no, pero esto ya trasciende lo personal y pasa a ser una cuestión pública y el posicionamiento que tomamos desde el Sitep lo hacemos en ese sentido; no descartamos algún otro tipo de acción para acompañarla. No queremos estar en el lugar de Ana, nos defendemos frente a eso y vamos a seguir sosteniendo esa posición, por la libertad de cátedra y la defensa de los derechos en vigencia. También lo que sucedió fue una gran muestra de solidaridad de todos los otros docentes, porque todos nos sentimos en la mira; sumale la exposición que tiene hoy el trabajo de los docentes con los celulares o las redes sociales, esto se vio reflejado en caso de violencia en escuelas últimamente manifiestos. El fallo, en este contexto nacional donde se habla de “adoctrinamiento”, más la exposición, más la violencia económica, la verdad que es un combo muy fulero para los que trabajamos en educación y ante esto lo seguiremos denunciando en los distintos ámbitos gremiales y políticos a los que podamos acceder.

"Un ataque a la libertad de expresión”.

En las últimas horas comenzó a circular un formulario para juntar firmas y exigir la absolución de la docente Ana Contreras. En el escrito que acompaña el formulario, advierte que se trató de un "ataque a la libertad de expresión en el aula".

"El pasado 9 de abril, el juez Maximiliano Boga Doyhenard del Juzgado Contravencional de la Segunda Circunscripción Judicial de General Pico, La Pampa dictó una sentencia inédita y alarmante: una docente, Ana Contreras fue multada con casi un millón de pesos y sancionada penalmente por abordar en el aula saberes sobre Derechos Humanos y Terrorismo de Estado en Argentina que derivaron en una discusión sobre la ocupación israelí trabajada desde el marco del derecho internacional humanitario", señala el documento.

"Hoy lanzamos un llamado urgente a la acción: necesitamos el respaldo masivo de organizaciones sociales, sindicatos, periodistas, medios de comunicación y figuras públicas para frenar este ataque a la educación pública, laica y gratuita. El plazo es crítico: la defensa de Ana presentará la apelación en los próximos 5 días (venciendo el miércoles 16 de abril), por lo que la difusión inmediata y la presión colectiva son esenciales", ampliaron.

En esa línea, consideraron que "la figura utilizada para imponer esta pena fue la de 'maltrato psicológico', una herramienta legal creada para proteger a víctimas en situaciones de abuso o dependencia, ahora desvirtuada para censurar contenidos curriculares y debates fundamentales en el ámbito educativo. Esta reinterpretación abre un precedente gravísimo: cualquier contenido sensible o controversial podría ser judicializado, atentando directamente contra la libertad de cátedra y el derecho a la formación ciudadana crítica".

No es un caso aislado.

Por otro lado, señalaron que "la condena a Ana no es un caso aislado, sino la manifestación visible de un problema más profundo. Durante más de un año, fue sometida a un agotador proceso judicial que, tras culminar en un juicio y una sentencia condenatoria, dejó secuelas en su salud mental, compromete su situación económica y su trayectoria profesional. Sin embargo, el impacto trasciende lo individual: esta decisión judicial envía un alarmante mensaje colectivo al sistema educativo, donde el ejercicio de la enseñanza crítica podría convertirse, en la práctica, en un acto punible".

"El denunciante, padre de dos alumnas, ya había intentado impedir previamente contenidos de Educación Sexual Integral (ESI), pese a que estos están garantizados por la Ley Nacional 26.150. Este patrón de denuncias revela una estrategia sostenida: usar el sistema judicial para imponer una agenda ideológica en las escuelas, vulnerando tanto la libertad docente como el marco normativo vigente que concibe que los alumnos son sujetos de derechos no propiedad de sus progenitores", remarcaron.

"La educación pública no puede quedar a merced de la censura ni de intereses particulares que desvirtúan los valores democráticos. Esta sentencia contradice los principios consagrados en la Constitución Nacional, así como tratados internacionales que garantizan la libertad de expresión, de pensamiento y de enseñanza", completaron.

“No se puede judicializar”.

La secretaria general de Utelpa, Rosana Gugliara, expresó su preocupación ante la "judicialización de la enseñanza" y rechazó que otros órganos intervengan para resolver los conflictos. "No se puede judicializar la enseñanza, hay normativa vigente que es la Ley 1124, el Estatuto del Trabajador de la Educación, una ley provincial y una currícula que tiene que ver con nuestro trabajo docente. En nuestro estatuto figuran los derechos, obligaciones y sanciones", explicó en La Parte y el Todo, que se emite por la TV Pública Pampeana.

"En nuestra normativa, lo que es derechos y obligaciones, también hay contenidos curriculares y los docentes enseñamos y planificamos a partir de esa currícula. Tratamos temas de Educación Sexual Integral (ESI), de Memoria, Verdad y Justicia, de soberanía sobre Malvinas y de los conflictos en el mundo... Por esto estamos tan preocupados, porque para las cuestiones que ocurren en el ámbito educativo, el propio sistema tiene las normativas y los organismos... Hay un tribunal de disciplina, la FIA para investigar y llevar un proceso si cualquier docente incurre en alguna cuestión para ser investigada y sancionada o no", añadió.

"Nosotros como sindicato tenemos un acuerdo paritario que es el de resguardo y reparación. Estamos realmente muy preocupados de que en el ámbito de la Justicia se diriman cuestiones educativas", continuó.

Gugliara remarcó la importancia de los contenidos curriculares, que son producto de una construcción colectiva. "Por eso defendemos la ESI, poder discutir con nuestros estudiantes y poder formarlos para que sean ciudadanos críticos, también entendiendo que la escuela es un lugar de oportunidades y de debate, y un lugar que nos permite vincularnos con nuestros estudiantes", sostuvo.

"Tenemos dentro del sistema educativo los mecanismos necesarios para poder resolver los conflictos, porque están determinados nuestros derechos y obligaciones. Es preocupante que otros órganos, en este caso la Justicia, dirima sobre cuestiones educativas", concluyó.