Fortalecen los controles sobre asociaciones con fondos públicos

El Gobierno provincial y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) firmaron un convenio de colaboración para reforzar los mecanismos de control y transparencia sobre las asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales y fundaciones que reciben fondos públicos.



El acuerdo fue suscripto por el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, y la fiscal adjunta de la FIA, Gabriela Tabernero, quien además se desempeña como autoridad de aplicación de la Ley Provincial de Acceso a la Información Pública. Del acto también participaron el subsecretario de Gobierno y Registros Públicos, Pablo Boleas, y el secretario privado de la Fiscalía, Héctor Manuel Tedín.



El convenio permitirá un trabajo coordinado entre la Fiscalía y la Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio, con el objetivo de agilizar el intercambio de información y verificar la situación registral de las entidades que administran recursos provenientes del Estado.

Facilitar el ejercicio.



De acuerdo con lo establecido, ambos organismos desarrollarán acciones de cooperación institucional para facilitar el ejercicio de sus competencias en materia de fiscalización, control y acceso a la información pública. La iniciativa apunta a fortalecer los controles sobre aquellas personas jurídicas privadas comprendidas en la Ley Provincial 3571 que hayan presentado, de manera voluntaria, documentación ante la Fiscalía.



A partir de este mecanismo, la FIA podrá contrastar la información aportada por las entidades con los antecedentes obrantes en el Registro Público de Comercio y en la Dirección de Personas Jurídicas, lo que permitirá verificar el cumplimiento de las obligaciones legales y detectar posibles inconsistencias.

Asistencia a las entidades.



El acuerdo no solo contempla herramientas de control. También prevé una instancia de acompañamiento para las asociaciones civiles sin fines de lucro, con el propósito de brindar asesoramiento sobre las obligaciones previstas por la normativa de acceso a la información pública y colaborar en la regularización de la documentación exigida.



En ese marco, la Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas aportará información sobre las presentaciones anuales obligatorias y el cumplimiento de los requisitos establecidos por la legislación vigente.

Desde el Ministerio de Gobierno señalaron que el objetivo es fortalecer la transparencia en el manejo de los fondos públicos, facilitar el acceso a la información y promover un mayor cumplimiento de las obligaciones legales por parte de las organizaciones que reciben asistencia estatal.