Fuerte rechazo de la Fuchad al loteo sobre el acuífero

La investigadora Beatriz Dillon, en representación de Fundación Chadileuvú, fue la primera expositora en la última jornada de audiencia pública por el loteo sobre el acuífero.

 

Dillon planteó una “posición avalada por estudios científicos con base social para evitar análisis reduccionistas. Temas como el crecimiento población, rol del estado, valor del suelo urbano, negocio inmobiliario, los servicios públicos serán abordados. Es una ciudad muy estudiada. Se ha hablado de sentido común, pero Santa Rosa ha crecido de manera constante. Desde 2001 hasta la actualidad hay una ralentización del crecimiento”.

 

“Ayer se dijo que la ciudad no crece por un problema de desarrollo. La expansión urbana ha sido condicionada por el mercado inmobiliario, por un valor del suelo urbano. Este es un tema fundamental. Un importante sector, el 25 o 30 %, recurre a las políticas públicas del Estado para obtener una vivienda social. El 25,7 % vive en una vivienda social y lo sigue demandando por la imposibilidad de acceder a un suelo urbano. El problema es la mercantilización del suelo que eleva los valores. El 25% de Santa Rosa es pobre y el 7% es indigente, ¿y a dónde va a recurrir esa gente para vivir? Al Estado. Tiene mucho que ver con lo que estamos discutiendo”, sostuvo.

 

En su exposición, advirtió que “Santa Rosa pierde su tejido y se divide en islas desconectadas por barreras físicas que impiden la cohesión ¿Esta es la ciudad que queremos? La ciudad está dividida en cuatro dependiendo el valor del suelo urbano”.

 

Para Dillon, hace falta “un verdadero estudio de ordenamiento de crecimiento, no solo definir áreas de urbanización, sino qué hay que ordenar. Santa Rosa es una ciudad ideal para planificarla. Es una ciudad dispersa y costosa para el grupo de ciudadanos. Nos merecemos un estudio de ordenamiento de base social”.

 

“Dicen que quieren dar vida a una zona de la ciudad que fue postergada al crecimiento. El romanticismo urbanístico alejado de la realidad social es típico de la década del 90”, enfatizó y consideró que el proyecto de 171 lotes con 90 propietarios está destinado “a un sector pequeño de la población. Nos fragmenta a un grupo. Si bien el grupo se encarga decir que no es un barrio privado, proponen un barrio con barreras simbólicas. Este urbanismo no resuelve la expansión, la accesibilidad ni los problemas de un cuarto de la población ni los costos del municipio”.

 

Por otro lado, advirtió que provoca “alteraciones en el ambiente. La importancia estratégica del agua es una lucha que está Fundación y el gobierno mantiene desde hace muchos años. Lejos podríamos estar de apoyar esta urbanización. Me refiero al mercado que regula, no al grupo de personas. La Fundación solicita no aprobar la incorporación de esta fracción. No es prioritaria porque no resuelve ningún problema sino que agudiza la mercantilización del suelo y el agua del acuífero. No dicen cuánto consumirán de ese agua”, completó.