Gráficos expulsaron a Schmidt y lo denunciaron por presunta corrupción

La Federación Argentina de Trabajadores de la Imprenta, Diarios y Afines (Fatida) resolvió la expulsión definitiva de su ex secretario general, el pampeano Aníbal Schmidt. La decisión se tomó en el marco de un escándalo por presuntas irregularidades en el manejo de fondos de la obra social del sector.

 

Según informó el medio Mundo Gremial, la decisión fue adoptada durante el 32° Congreso Extraordinario, con la participación de 18 filiales y 32 congresales de todo el país. A su vez, incluye "la inhabilitación permanente del dirigente para ejercer cargos tanto en la Federación como en la Obra Social del Personal de la Industria Gráfica (Ospida)".

 

La resolución, según el medio, establece que el pampeano sea apartado “de manera inmediata y permanente” tras considerarse acreditadas “conductas inadmisibles” y un “accionar indebido, irregular y moralmente reprochable” en la administración de recursos. "El documento también instruye avanzar con acciones civiles y penales para determinar responsabilidades y recuperar fondos", precisó Mundo Gremial.

 

La medida se fundamenta en una auditoría externa que detectó serias inconsistencias en la rendición de cuentas de la obra social. "Entre los hallazgos más relevantes, se identificaron egresos sin respaldo documental suficiente por un total de $295.522.734,59, lo que impidió verificar la trazabilidad completa de los fondos", amplió.

 

El informe citado por el medio también señala transferencias por más de $301 millones destinadas al pago de salarios, cargas sociales e impuestos de empleados vinculados a un sindicato, sin que pudiera acreditarse su relación directa con prestaciones de salud. "A esto se suma un fuerte deterioro financiero de la obra social: la deuda prestacional trepó a $4.689 millones al 20 de febrero de 2026, con un incremento cercano al 980% respecto al año anterior, situación que ya provocó la interrupción de servicios por falta de pago a prestadores", añadió.

 

La auditoría advirtió inconsistencias en el padrón de afiliados de la delegación La Pampa y transferencias de fondos cuya correspondencia con los beneficiarios no pudo ser validada. Esto agrava las sospechas sobre el manejo discrecional de recursos.

 

Denuncia penal.

 

En simultáneo, la Federación y la obra social radicaron una denuncia penal ante la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires, donde se investiga la gestión del ex dirigente al frente de la obra social. Desde la Federación remarcaron que la sanción busca enviar una señal clara: “no hay lugar para la corrupción, la deslealtad ni la falta de ética”, y sostuvieron que la medida apunta a resguardar la credibilidad institucional y la confianza de los afiliados.

 

"En el mismo ámbito, un plenario de secretarios generales aprobó un documento en el que se rechazó la difusión pública de una denuncia por parte de una dirigente sindical de San Luis. El pronunciamiento sostuvo que ese tipo de situaciones deben canalizarse por vías judiciales e institucionales, advirtiendo que la exposición mediática puede vulnerar el principio de presunción de inocencia y afectar el funcionamiento interno de la organización", completó el artículo.