La motosierra también llegó al INTA: abren retiros voluntarios

La indemnización será de 1,25 sueldos por año para empleados con hasta 18 años de antigüedad y de 0,5 haberes bruto para mayor antigüedad.

Esta semana el gobierno nacional anunciará formalmente la apertura de un proceso de retiros voluntarios en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), uno de los pocos organismos públicos que todavía no había sido alcanzado por la motosierra de Javier Milei. Una Resolución emitida por la Secretaría de Agricultura que sería publicada entre hoy y mañana en el Boletín Oficial dispone que la convocatoria estará vigente para “personal de planta permanente que posea hasta 60 años de edad” en todas las estaciones del país.

Según un informe del portal Bichos de Campo, quienes se acojan al régimen de retiro voluntario “recibirán una compensación indemnizatoria de 1,25 haberes en bruto por cada año trabajado para el personal con hasta 18 años de antigüedad, y de 0,5 haberes bruto por cada año trabajado para los agentes con más de 18 años de antigüedad”. En ambos casos serán incluidos en esta indemnización el aguinaldo y el proporcional de vacaciones.

Para calcular el monto de esta compensación se tomarán “los conceptos remunerativos no extraordinarios percibidos mensualmente en forma normal, regular, habitual y permanente”, sin tener en cuenta “los rubros que no estén afectados por aportes previsionales ni pagos extraordinarios, gastos de movilidad, asignaciones familiares, sueldo anual complementario, y cualquier otro concepto cuyo pago no tenga periodicidad mensual”.

A criterio.

Ni bien salga la resolución de convocatoria a este retiro voluntario, el organismo abrirá un plazo para que los interesados se registren mediante internet. La dirección del organismo podrá tomarse hasta 30 días para analizar cada caso y anunciar las nóminas definitivas de personas que accederán al retiro así como la lista de los rechazados. En todos los casos favorables, el trabajador deberá desistir de acciones judiciales o reclamos, en trámite o posteriores, así como del “derecho que le asiste”.

La convocatoria involucrará tanto a profesionales e investigadores como personal administrativo y auxiliares, pero no podrán solicitarlo empleados con sumario en trámite o en proceso penal activo, ni quienes ya iniciaron trámite jubilatorio, presentaron su renuncia, se encuentran en disponibilidad o tengan 61 años o más.

Asimismo, el organismo se reservará la posibilidad de rechazar algunos pedidos según el criterio de sus autoridades, quienes frente a cada solicitud deberán “emitir opinión respecto a la conveniencia de aceptarla, atendiendo a la criticidad del área en que presta servicios y su impacto en el funcionamiento” del organismo.

La resolución aclara que “la sola presentación de solicitud no otorgará derecho al peticionante para obtener el beneficio, siendo su concesión una facultad exclusiva de la autoridad pertinente (director de Centro, director nacional asistente, director nacional o Consejo Directivo)” quien podrá rechazarla con razones “fundadas en servicio, como: perfil técnico, profesional, especialización, responsabilidad asignada, calificación personal, entre otras”.

Ajuste inexorable.

Hasta ahora, tras ocho meses de gestión libertaria, el INTA era el único organismo vinculado a la producción agropecuaria que no había sufrido recortes de personal. Es más, entre enero y julio de 2024 incrementó su dotación de personal en 1,2% (81 personas, aunque la gran mayoría ingresó con contrato a término.

Actualmente, con 6.871 empleados, resulta la planta permanente más numerosa de todos los organismos dependientes de Agricultura, seguido por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) que, tras un recorte 261 trabajadores (-4,4%) cuenta con 5.562 empleados.

Una vez publicada, la Dirección Nacional para el Desarrollo, Gestión y Fortalecimiento de las Personas comunicará esta resolución a todos los empleados y pondráa disposiciòn el correspondiente formulario de solicitud en la web del organismo. En un anexo, la norma añade una serie de condiciones y “beneficios adicionales” para quienes opten por pedir el retiro. Entre otras cosas, ese apartado establece que “en ningún caso podrán percibir una compensación indemnizatoria total inferior a tres meses de remuneración”.

Para determinar la antigüedad del personal se contabilizará la fecha de ingreso al organismo en cualquier contratación, salvo el período de formación mediante asignación de becas o los años de servicio indemnizados por retiro u otro tipo de desvinculación anterior.

Entre los beneficios adicionales se cuenta el derecho de los hijos del personal retirado “a permanecer hasta el fin del año lectivo 2024 en el Area de Recreación y Cuidado Infantil (ACRI) y una garantía de “continuidad del aporte a la obra social por el término de seis meses contados a partir de su baja”.

Finalmente, se estableció que “las sumas de indemnización será abonadas en un único pago, que incluirá toda otra clase de indemnización o gratificación que pudiera corresponder con motivo del egreso en función de normas vigentes y que sean inferiores a las establecidas en este régimen”.

Secretarios se reunirán mañana.

“El martes nos reuniremos todos los secretarios generales del país para evaluar este anuncio. No quiero adelantarme, pero seguramente habrá un rechazo mayoritario porque es un nuevo intento de achicar la planta disfrazando despidos como retiros voluntarios”, informó Roberto Maldonado, titular de Apinta Anguil. En diálogo con LA ARENA recordó que el personal atravesó “procesos similares durante la década menemista y en 2018 con la gestión de Mauricio Macri” y reveló que a partir de diciembre de 2023 “han intimado a muchos compañeros a jubilarse aunque no hubieran completado los años necesarios de aportes”.