La Pampa: 8º en ranking de horas de audiencia

Una investigación sobre el trabajo de jueces y juezas reveló que La Pampa ocupa en octavo lugar en un ranking de horas en audiencia de jueces y juezas penales de la Argentina correspondiente al año 2019. El trabajo, indicó que el promedio mensual de los y las magistradas pampeanas es de 14.

 

El dato corresponde al informe que elaboró el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) luego de un relevamiento nacional con datos aportados por Poderes Judiciales de todo el país. Según el documento al que accedió LA ARENA, el objetivo de la investigación fue "conocer el tiempo que jueces y juezas penales dedican a la realización de audiencias", debido a que "la consolidación de los sistemas acusatorios ha puesto de manifiesto la centralidad de la oralidad en el Poder Judicial".

 

El informe resalta que "jueces y juezas cumplen así un rol central en el perfeccionamiento del tratamiento de la prueba, la mejora de la calidad del litigio de las partes y la protección de las garantías del imputado/a", por lo que el tiempo que poseen "constituye el recurso más valioso del Poder Judicial". En ese sentido, se destaca que hay provincias, como La Pampa, que "han avanzado en el rediseño organizacional de su sistema de justicia, y el conjunto de tareas administrativas que tradicionalmente estuvieron a cargo de jueces y juezas han sido entregados a un órgano específico: las oficinas judiciales".

 

La investigación del Inecip busca "conocer el promedio mensual de horas que los jueces y juezas penales se encuentran en audiencias. Para eso, se ha realizado un relevamiento y análisis a partir de pedidos de información pública enviados a todos los Poderes Judiciales. En esta primera etapa, la investigación se centra en las audiencias realizadas por jueces y juezas penales de garantías y juicio".

 

Por provincias.

 

El período analizado es entre febrero y diciembre de 2019, con el objetivo de "evitar que los resultados se vean afectados por las consecuencias que la pandemia por el Covid-19 tuvo sobre la administración de justicia y la lenta vuelta a la presencialidad que todavía extiende sus efectos".

 

Para elaborar el promedio mensual, se tomó en cuenta el total anual de horas por juez o jueza, y el promedio anual y mensual en audiencias. Para ello, se tuvo como parámetro once meses de 20 días hábiles. Con esa información, se elaboró un ránking con el promedio mensual de horas en audiencia de jueces y juezas penales de cada provincia.

 

El listado es encabezado por Neuquén con 25 horas, en segundo lugar está Mendoza con 19.40 y CABA tercera con 19.18. En cuarto lugar figura Chubut con 19 horas, seguida de Río Negro con 17.20, Salta con 17, Santiago del Estero con 16.30, La Pampa con 14, Catamarca con 9.20 y Entre Ríos con 3.20.

 

El documento aclara que "Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego no producen información sobre el tiempo que sus jueces y juezas penales están en audiencia", por lo que no están incluidas. "Les solicitamos que nos enviaran un estimativo de horas en función de las audiencias realizadas en 2019. El único estimativo admitido fue el elaborado por la Provincia de Salta que, a pesar de no contar con los datos de cantidad de horas en audiencia, envió un estimativo en función de las audiencias efectivamente realizadas", agrega.

 

Por otro lado, hubo "cinco provincias que directamente no respondieron al pedido de acceso a la información y tres jurisdicciones que han enviado los datos de forma parcial. Los Poderes Judiciales de Formosa, Jujuy, La Rioja, San Juan y Tucumán no han enviado información a pesar de contar con siete meses para enviar una respuesta y de reiterados pedidos". Por su parte, Santa Fe, Misiones y la Justicia Federal "enviaron los datos de forma parcial, lo cual impide elaborar un promedio mensual".

 

Disparidad.

 

La investigación señala que "informes internacionales dedicados a la evaluación del sistema de justicia, como los elaborados por el National Center for State Courts (NCSC), contemplan como tiempo estándar de jueces y juezas para procesar su carga de trabajo 215 días hábiles. En estos trabajos se contempla como jornada laboral ocho horas diarias, que se reparten entre dos horas al día para tareas no relacionadas con el caso, y seis horas por día asignadas a las responsabilidades específicas del trabajo sobre el caso".

 

Si bien este documento es parte de una etapa inicial de investigación, la entidad entendió que "un estándar mínimo de horas que un juez/a penal debería dedicar al trabajo en audiencias es de 72hs por mes hábil de trabajo, es decir de 20 días. Este promedio considera un trabajo de tres días a la semana con seis horas de dedicación en audiencia. Tal parámetro le permite a jueces y juezas contar con dos días para la deliberación o la elaboración de sentencias".

 

Desde el Instituto indicaron que "existe una disparidad grande entre las provincias respecto al tiempo que pasan jueces y juezas en audiencias. Quizás más relevante sea que ninguna de las provincias se acerca al estándar sugerido de 72 horas mensuales de jueces y juezas en audiencia".

 

"Hay provincias con más herramientas que otras para acercarse al estándar, y otras que deberán trabajar en la reforma de sus regímenes procesales (para introducir modelos acusatorios) y en la reorganización institucional y la conformación de oficinas judiciales. Aún nos encontramos con sistemas de información deficientes, que no siempre miden variables útiles y pertinentes para una evaluación, y que, en la mayoría de los casos, luego no se utilizan para tomar decisiones", concluyeron.

 

El MPF, séptimo.

 

El Inecip también actualizó con datos de 2021 el ranking de eficacia político-criminal de los Ministerios Públicos Fiscales. En ese marco, el de La Pampa pasó del quinto lugar en 2019 al séptimo, con una tasa del 5,95%.

 

El listado elaborado está encabezado por Neuquén con el 19,99 % y el podio lo completan Río Negro con 14,04 % y Chubut con 7,96 %.

 

El informe explica que "la tasa básica de eficacia político-criminal busca identificar cuántas de las causas que ingresan a las fiscalías reciben alguna respuesta con capacidad de incidir, aunque sea mínimamente, sobre el control de la criminalidad (uno de los objetivos principales de los Ministerios Públicos)". La misma no llega a ser "una evaluación de impacto (que resultaría imposible con la limitada información disponible)", pero sí "pone el foco sobre los productos finales de las intervenciones de las fiscalías. Es decir: ¿qué respuestas le están dando las fiscalías a la sociedad? Remarcar la importancia de esta pregunta es el principal objetivo de esta investigación".

 

En todos los casos, explica, se trata de información oficial solicitada a los MPF. De todas maneras, se aclara que "es una tasa básica, inicial, exploratoria y, en muchos sentidos, 'tosca' que, como tal, no busca por sí sola dar una respuesta acabada e integral sobre el desempeño de cada MPF. Esa simplicidad obliga a dejar de lado otros aspectos que deberán ser considerados en una evaluación más profunda, como las perspectivas de géneros, la distinción del análisis según el fenómeno criminal, el criterio de determinación de la categoría 'ingresos', la duración de los procesos, el abordaje de casos con autores no individualizados, la eficiencia, los recursos disponibles, entre tantos otros factores".