La Sociedad Rural pasó por la Legislatura

Un largo tratamiento en el plenario de las comisiones de Asuntos Agrarios, Hacienda y Presupuesto y Legislación General, tuvo en la Legislatura provincial el proyecto por el que se propone modificar normas para el fraccionamiento de parcelas.

 

Participaron de las deliberaciones los dirigentes de la Sociedad Rural,Juan Cruz Cabral, director del Distrito 5, y Albino Cao, delegado de la entidad.

 

El primero cuestionó la incorporación de un plazo temporal para la aplicación de las modificaciones. “No estamos de acuerdo con que sea por un período de dos años. Si tenemos que acomodar esto, y asumiendo que este es un tema que va a seguir estando en el tiempo y se va a ir incrementando cada vez más, creemos que ponerle temporalidad no tiene sentido en este artículo de la ley que se quiere cambiar”, sostuvo.

 

Unidades económicas.

 

De todos modos expresó que coinciden con la necesidad de actualizar los parámetros de las unidades económicas rurales.

 

“Sí estamos de acuerdo en que tiene que haber una readecuación de las unidades económicas en tamaño. Quizás las 200 hectáreas que están proponiendo para el norte, las 240 para Catriló, 320, 400 y sucesivamente, con un fundamento técnico, pueden ser posibles de acá a futuro”. No obstante, aclaró que cualquier modificación debería establecer superficies mínimas.

 

Respecto de la infraestructura vial rural, sostuvo que la entidad acompaña la prohibición de generar nuevos caminos vecinales a partir de futuros fraccionamientos.

 

Cuestionan argumentos.

 

Cabral cuestionó algunos de los fundamentos vinculados al aumento de la productividad agropecuaria utilizados para respaldar las modificaciones legislativas. “Es verdad que se aumentó la productividad, pero para nosotros eso no implica que el resultado de la explotación económica sea mayor del que era antes. Quizás antes se producían 2.500 kilos de maíz y era más rentable que los 5.000 kilos que producimos ahora”, ejemplificó.

 

Por su parte, Albino Cao pidió que cualquier modificación legislativa tenga una mirada de largo plazo y advirtió que las dificultades vinculadas a los condominios rurales continuarán existiendo más allá de la reforma propuesta.

 

El problema actual de los condóminos va a seguir existiendo porque existe el Código Civil y Comercial. El problema va a estar. Hay que legislar no para una situación puntual que estamos viviendo hoy, sino para los próximos 20 años”, sostuvo.

 

En ese sentido, manifestó su desacuerdo con la incorporación de plazos temporales dentro de la norma.

 

Buscar una solución.

 

El diputado Federico Ortiz (Frejupa) defendió la iniciativa impulsada junto a su compañera de bancada Carolina Giussi. Explicó que la propuesta busca brindar “una solución concreta” a quienes actualmente se encuentran en situación de condominio rural, sin alterar el régimen general vigente.

 

“En realidad sigue la misma normativa, pero le damos la posibilidad, en nuestro caso por cinco o diez años, a aquellos que hoy se encuentran en una situación de condominio rural de que, si así lo desean, puedan partirse en especie esos condominios que hoy no se pueden dividir porque son inferiores a lo que establece la unidad económica agraria en cada región”, explicó.

 

Para el legislador, esta situación demuestra que “la ley no refleja la realidad que hoy tenemos” y que, además, ha derivado en una gran cantidad de condominios rurales que generan dificultades para la actividad productiva.

 

Ortiz cuestionó además el concepto tradicional de unidad económica agraria utilizado por la legislación vigente, al considerar que responde a una realidad productiva y social que ha cambiado significativamente.

 

“Ese concepto analizaba el régimen de lluvias, las características del suelo y las actividades típicas de una zona para determinar una explotación sustentable para una familia. Pero ni el campo es lo que era antes ni la familia es lo que era antes. Creemos que esos parámetros han quedado muy rezagados en el tiempo”, afirmó.

 

Dar respuesta.

 

Hipólito Altolaguirre defendió la necesidad de avanzar con una solución legislativa para los conflictos derivados de los condominios rurales, aunque remarcó que el objetivo de fondo debe ser una reforma integral de la Ley 468.

 

“Comparto lo que decía Juan Cruz: más allá de algunas diferencias de redacción, los distintos proyectos terminan reflejando muchas de las cuestiones que hemos ido plasmando entre todos”, señaló.

 

Para el diputado, la prioridad debe ser brindar respuestas a una problemática que afecta a una gran cantidad de propietarios rurales en toda la provincia.