Sabado 27 de abril 2024

Los candidatos de Milei a la Corte atrasan, advierte Gil Domínguez

Redacción 23/03/2024 - 00.08.hs

El abogado constitucionalista, el pampeano Andrés Gil Domínguez, afirmó que la postulación de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para la Corte Suprema de Justicia de la Nación es “regresiva” porque entre otras cuestiones desconoce la perspectiva de género y la federal para la integración del máximo tribunal.

 

“Al gobierno no le gusta esta modalidad de la Corte en la que deja que la política resuelva sus conflictos porque el gobierno desprecia a la política”, dijo Gil Domínguez en Perfil, advirtiendo que “más allá de los antecedentes de los candidatos, estas dos nominaciones desconocen la normativa vigente dictada por Néstor Kirchner”.

 

El ex presidente, agregó, “estableció determinados parámetros en la selección de estos candidatos o candidatas: uno era la diversidad de género y la otra la perspectiva federal. Existiendo dos vacantes en la Corte, la postulación de dos hombres está desconociendo esto, tanto el de la perspectiva de género, como también de perspectiva federal”.

 

“La nominación es regresiva de una construcción convencional y constitucional de la cual se había hecho una práctica, en donde estas dos variables tenían una importancia de peso, habida cuenta de nuestra historia constitucional y de la protección al universo de las mujeres que le da nuestra Constitución y tratados sobre derechos humanos”.

 

Sobre la cuestión de género, Gil Domínguez indicó que “tener una Corte exclusivamente de hombres es una regresión y un incumplimiento claro de normas constitucionales y normas internacionales” y amplió: “No sé si hay una obligación expresa, lo que hay es la obligación constitucional y convencional, y una norma vigente que lo establece y va a tener que ser evaluado y ponderado por la Cámara de Senadores”.

 

– ¿Por qué se proponen dos miembros de la Corte y no un procurador?

 

– Creo que terminó el tiempo que le dio el gobierno a la Corte para que se alinee con las políticas que está desarrollando, resuelva las causas de inconstitucionalidad planteadas sobre el DNU 70/23 y lo valide, o resolver los planteos de muchos gobernadores sobre la cuestión fiscal. Estas designaciones buscan reformular el funcionamiento de la Corte y darle sesgo ideológico de una derecha muy alejada del centro. Este gobierno necesita enfrentarse con dirigentes o instituciones y este es el primer paso para poder enfrentarse a la Corte. Al gobierno no le gusta esta modalidad de la Corte en la que deja que la política resuelva sus conflictos porque el gobierno desprecia a la política. El primer paso es esta nominación anticipada. La metodología correcta es que empiece el proceso de selección una vez que el puesto está vacante. El cargo de Juan Carlos Maqueda, para mí uno de los mejores jueces de la historia de la Corte, estará vacante en diciembre. El gobierno se anticipa un candidato que responde a una de las facciones de la Corte y el otro a la otra facción, más allá de que los dos tengan una tendencia de derecha y muy alejada del centro. Es un claro primer paso para marcarle la cancha a la Corte.

 

DNU.

 

Gil Domínguez explicó sobre el DNU de Milei que “al gobierno no le interesan las instituciones” y “tienen un proyecto refundacional y mesiánico donde cualquier institución que signifique un límite es descalificada. Creo que esta movida está dirigida al presidente de la Corte Suprema de Justicia que, en caso de darse estas dos nominaciones, quedaría en una situación minoritaria”.

 

“Horacio Rosatti ha sido muy claro en estos años y ha tenido una línea coherente con su vida académica como convencional constituyente y su vida jurisprudencial en la Corte, especialmente en términos de federalismo y de resguardo del orden socioeconómico previsto por la Constitución. Ha sido muy claro en declaraciones públicas que un gobierno, por más mayoría que tenga, debe respetar la Constitución, no puede dolarizar ni desconocer el federalismo, la protección de usuarios y consumidores, y el rol que tiene el Estado en la regulación de una economía. Esta decisión pasa por romper esta estructura de la Corte y rearmar una en la que Rosatti quede en minoría”.

 

Por otro lado, el pampeano afirmó que Milei desde su asunción “utiliza herramientas de excepción, sustituir el Congreso por la voluntad del Ejecutivo y no ha encontrado un límite razonable en las instituciones. Toda cuestión institucional que se oponga a este gobierno es arrasada”.

 

– ¿Puede ser un acto suicida por parte del gobierno si es que no logra imponer a sus candidatos en el Senado y predispone aún peor a la actual Corte?

 

– Podría ser, como también fue un acto suicida publicar un DNU que modifica 83 leyes o mandar una Ley Ómnibus con tantos artículos. Es tan suicida este cambio en la Corte como el DNU. También podría ser suicida que el 24 de marzo se tomen disposiciones que vayan contra alguno de los grandes consensos democráticos que es la política del Nunca Más y la lucha contra la impunidad de los delitos de lesa humanidad. Parece que esta es la propuesta del gobierno: jugar al suicidio. El problema es que está en juego la sociedad argentina y años de historia.

 

El régimen de “Comodoro Py”.

 

El abogado Gil Domínguez advirtió que al gobierno no le interesa la perspectiva de género ni federal, porque “lo que le interesa es el gesto de autoridad en la construcción de un nuevo orden y que, si no se logra esa construcción, la culpa será de ‘la casta’ que le impide desarrollar este proyecto fundacional de la República. La idea es ganar perdiendo”.

 

“Siempre que hablamos de la justicia argentina y analizamos su funcionamiento decimos que existen dos justicias: la justicia argentina y la justicia de Comodoro Py que tiene su propio Código Penal, su propio Código Procesal y su propio régimen interno. La idea de que alguien de primera instancia de Comodoro Py llegue a la Corte es llevar a la Corte este régimen tan particular y especial que reina en Comodoro Py”, agregó.

 

Por otro lado, Gil Domínguez señaló que la normativa vigente establece que este proceso que debe iniciar el Ejecutivo comienza una vez que se ha celebrado una vacante en el plazo de 30 días, algo que en este caso no sucede.

 

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