“Mendoza apropiadora y Nación cómplice”

En un documento difundido tras la decisión de Nación, la Fundación Chadileuvú (Fuchad) sostuvo que Mendoza es una "provincia delincuente" porque, según planteó, "robó dos ríos", en referencia al Atuel y al sistema Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó. En ese marco, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció el carácter interprovincial del río Atuel y cuestionó que las distintas administraciones nacionales no hayan obligado a Mendoza a cumplir con las decisiones judiciales.

"La sentencia fue dictada por el máximo organismo de justicia de la Nación, Mendoza desacató y los gobiernos nacionales, quienes son los que deben obligar a cumplirla, no hicieron nada", afirmó la entidad. Y agregó: "Nuestra provincia reclamó reiteradas veces que se cumpla lo dispuesto por la Suprema Corte, la respuesta fue solo el silencio y la inacción".

La organización también vinculó el conflicto actual por las regalías de Los Nihuiles con la historia de la explotación hidroeléctrica del Atuel. Recordó que las represas fueron construidas por el Estado nacional y, por lo tanto, financiadas por el conjunto de los argentinos. Desde esa perspectiva, sostuvo que La Pampa también tenía derechos sobre esos aprovechamientos.

El documento señala que en 1973, frente a los reclamos pampeanos por el carácter interprovincial del Atuel, el Gobierno nacional estableció que las regalías generadas por el Complejo Hidroeléctrico Los Nihuiles fueran distribuidas en partes iguales entre Mendoza y La Pampa.

Interprovincialidad.

Según la Fundación, aquella decisión tuvo como fundamento precisamente la interprovincialidad del río, una condición que Mendoza históricamente rechazó al considerarse la única titular del recurso.

Catorce años después, en 1987, la Corte Suprema reconoció formalmente al Atuel como un río interprovincial. "La Suprema Corte estableció justicia y sentenció lo que era evidente: el Atuel era un río interprovincial", sostuvo la organización.

El repaso histórico también alcanza al proceso de privatización de la década de 1990. La Fundación recordó que en 1992 el Estado nacional, Mendoza y La Pampa firmaron un convenio integral para reorganizar el sector eléctrico, mediante el cual la provincia pampeana prestó su consentimiento para que Nación transfiriera a Mendoza la propiedad y el control de las fuentes hidroeléctricas.

Ese proceso permitió posteriormente la privatización y la creación de Hidroeléctrica Los Nihuiles S.A. Sin embargo, la Fundación remarcó que en aquel acuerdo se mantuvo el régimen de pago de regalías, convenio que fue aprobado por las legislaturas provinciales y homologado por la Corte Suprema.

Para la entidad, el decreto firmado ahora por el presidente Milei modifica ese esquema y representa un nuevo perjuicio para La Pampa. "Hoy el gobierno del presidente Milei anula el decreto de Lanusse y le retribuye los favores políticos a Mendoza por el apoyo a su política", afirmó.

"Así perdemos el premio consuelo de la inequidad", concluyó la Fundación Chadileuvú, en una crítica que coloca nuevamente en el centro de la discusión el conflicto histórico por el Atuel, los derechos pampeanos sobre los recursos hídricos y el rol del Estado nacional frente a las disputas interprovinciales.