Mendoza borra con el codo el convenio que firmó Gabrielli

El 7 de febrero de 1992, en Mendoza, con la firma del mismísimo Carlos Saúl Menem, entonces presidente de la Nación, se firmó el convenio entre la provincia vecina y La Pampa que el gobierno de Alfredo Cornejo no quiere mencionar. Un acuerdo que días después fue ratificado por las legislaturas de ambas provincias.

En ese documento, el Estado nacional representado por el ministro del Interior José Luis Manzano; el Secretario General de la Presidencia, Eduardo Bauzá; y el Subsecretario de Energía, Marcelo Sperman, en nombre del Ministerio de Economía, la provincia de Mendoza, representada por el gobernador Rodolfo Grabrielli y la Provincia de La Pampa, en el nombre del gobernador Rubén Hugo Marín, los dos últimos acompañados por ministros de sus respectivas gestiones, se selló, entre otras cosas, que las regalías de Los Nihuiles se repartían por partes iguales entre Mendoza y La Pampa.

Ambos distritos llegaron a aquel convenio como parte del Protocolo de Entendimiento Interprovincial, firmado entre mendocinos y pampeanos el 7 de noviembre de 1989, según lo dispuesto en el expediente L-195, caratulado “La Pampa, Provincia de c/Mendoza, Provincia de s/Acción posesoria de aguas y regulación de usos”, que se tramitó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Regalías.

Si bien el convenio inicia con una cláusula primera en la que Mendoza “se compromete a entregar el caudal de agua potable necesario para satisfacer la demanda de uso humano de las localidades de Santa Isabel y Algarrobo del Aguila, ambas de nuestra provincia (el acueducto que nace en Agua Escondida, que se construyó con financiamiento nacional), en la cláusula quinta deja en claro que el “Estado Nacional, Mendoza y/o quien resulte propietario del Complejo Hidroeléctrico Los Nihuiles se obligan a cumplimentar las obligaciones a favor de la Provincia de La Pampa en concepto de regalías hidroeléctricas en relación a la explotación del Complejo”.

También establece que la obligación precedente se calculará sobre la base de los porcentajes que fija la Ley Nacional 15336 y su Decreto Reglamentario 1560/73 (NdR: el que Milei derogó por decreto). “Todo ello, sin perjuicio de lo que pudiere establecer en el futuro, Normas Jurídicas o fallos judiciales sobre el particular”, aclara.

Además, en la cláusula séptima queda establecido que ambas provincias firmantes “establecerán de inmediato un sistema de Contralor por parte de la Provincia de La Pampa sobre la operatividad del Complejo Los Nihuiles, a fin de garantizar los derechos patrimoniales que surgen de la Cláusula Quinta del presente Convenio, como así los derechos que le corresponden de acuerdo al fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, en referencia a la sentencia que declaró la interprovincialidad del río Atuel.

Vía incidental.

El otro punto saliente de aquel convenio que ahora Mendoza quiere desconocer a caballo del decreto de Milei estableció que La Pampa prestaba su conformidad a la transferencia del Complejo Hidroeléctrico Los Nihuiles a Mendoza. Se trata de la cláusula décima, la cual también incluye la siguiente leyenda: “Para el caso de incumplimiento de alguna de las cláusulas del presente Convenio, la Provincia de la Pampa se reserva el derecho de reclamar por vía incidental, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, previa designación de un perito único de oficio, que establecerá los perjuicios que tal incumplimiento irrogare.”

El acuerdo, en su cláusula décimo primera, obligaba a las provincias a ratificar el convenio ente sus respectivas legislaturas provinciales. Apenas un mes y una semana después, la Cámara de Diputados y el Senado de la provincia de Mendoza sancionaron la Ley 5826, cuyo Artículo 1º ratificó “el convenio celebrado entre el Poder Ejecutivo Provincial con el Estado Nacional y la provincia de La Pampa, el día 7 de febrero de 1992”. La ley fue publicada el 30 de marzo de ese mismo año por el boletín oficial de la provincia vecina.

Ziliotto a Cornejo: “Cumplan las leyes”

Ante el anuncio del gobernador Sergio Ziliotto de la presentación de una medida cautelar pidiendo la suspensión inmediata de los artículos del Decreto Presidencial 982/2026, su par mendocino, Alfredo Cornejo, se apuró a responder a través de la red social X que el mandatario pampeano estaba mezclando la interjurisdiccionalidad del río Atuel con el origen de las regalías hidroeléctricas, cosa que para el mendocino es “confundir dos cuestiones distintas”.

Mendoza alega que la fuente hidroeléctrica que genera la energía de Los Nihuiles está íntegramente en Mendoza y que por eso la legislación, la jurisprudencia y los dictámenes de la Procuración del Tesoro sostienen que las regalías corresponden a ese distrito. “Mientras La Pampa se dedica a judicializar cada decisión, Mendoza planifica, ejecuta e invierte en obras para aprovechar mejor sus recursos hídricos y mejorar la infraestructura que los sostiene”, sostuvo, omitiendo como siempre, que difícilmente se puedan hacer obras hídricas en el lado pampeano sobre un cauce que no tiene agua.

La respuesta del pampeano no se hizo esperar: pidió que Mendoza honre su compromiso y cumpla el acuerdo que firmó en 1992, junto a Nación y La Pampa -homologado por la CSJN- por el que nos reconocen a los pampeanos nuestro derecho a cobrar regalías por Los Nihuiles. Ese convenio -como se lee en el artículo que se publica en la misma página- es el que “mezcla” la interprovincialidad del Atuel con las regalías del complejo Los Nihuiles.

De paso, Ziliotto también le recordó a Cornejo que Mendoza debe cumplir con el fallo de 2020 de la propia Corte Suprema, por el que ordena garantizar el ingreso de agua del río Atuel en forma permanente a nuestra provincia. “Hace 6 años lo incumplen, a pesar de que como usted bien lo dice, el río Atuel es interprovincial y sus aguas, abundantes o escasas, también nos pertenecen. Resulta inviable invertir para potenciar ese recurso ya que Mendoza mantiene cortado el río Atuel hace casi 80 años”, afirmó.

“Solo eso pedimos, que se cumplan las leyes y se respeten nuestros derechos. Tan simple, como inentendible que moleste reclamar lo que nos pertenece. Y lo definirá la Justicia. Nosotros sí acataremos su fallo. Porque la institucionalidad se proclama y se cumple”, concluyó.