Menos recaudación, más conflictividad laboral

Un trabajo del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) concluyó que la caída del consumo se reflejó en la retracción de transferencias por Coparticipación y en caída de recaudación de impuestos propios de las provincias, lo que llevó en cada distrito a una tensión con los sindicatos que agrupan a los trabajadores públicos de cada jurisdicción. En ese contexto, el mapa del país muestra a La Pampa como una de las provincias con menor conflictividad laboral.

 

Para el CEPA, el primer cuatrimestre de 2026 -en promedio- muestra una caída de 5,6% en Recursos de Origen Nacional y -7,2% en coparticipación. A esto se suma que, desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei (La Libertad Avanza), los recursos propios de las provincias han sufrido una caída real promedio del 16 % (período dic/23 – mar/26) en comparación con el promedio de la etapa anterior (ene/22 – nov/23).

 

“En 2025, en ninguna provincia los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) representaron más del 2% del total de sus recursos, considerando la suma de Recursos de Origen Nacional (incluida la Coparticipación Federal de Impuestos) y Recursos de Origen Provincial, por lo que no representan una solución a la merma de ingresos nacionales y provinciales”, explicaron.

 

La torta.

 

El Centro de Economía Política Argentina en su informe consideró que para comprender en qué afecta a las provincias la caída de la recaudación nacional es necesario examinar la estructura del gasto de las principales jurisdicciones. En ese sentido, indicaron que el gasto provincial se concentra en servicios sociales (que incluyen jubilaciones y salarios de docentes, personal de salud y fuerzas de seguridad) que representan, en promedio, entre el 70 % y 80 % del total erogado.

 

“La caída de la recaudación implicó ajustes en algunos de los sectores donde se concentra el gasto. De allí que todas las provincias argentinas presentan casos de conflictividad en sectores como educación, salud, seguridad, jubilaciones y justicia”, sostuvieron.

 

Al menos 101 conflictos laborales de trabajadores estatales se produjeron en el país desde inicios del año en curso. El 66,3 % siguen activos y no logran solucionarse, mientras que el 33,7 % se resolvieron momentáneamente hasta la próxima negociación paritaria, afirmaron. En ese aspecto, mencionaron que La Pampa registra dos focos de conflicto: uno activo con educación y otro con el empleo público donde “se alcanzó un acuerdo paritario con una nueva recomposición salarial para estatales y jubilados prevista para finales de mayo”.

 

Presumiblemente, al momento de relevar los datos Utelpa y el gobierno provincial aun no habían llegado al acuerdo que las partes sellaron hace 15 días.

 

Anticipos.

 

En respuesta a esta situación de mayor conflictividad, explicaron que el Gobierno nacional oficializó mediante el Decreto 219/2026 un régimen de anticipos financieros para 12 provincias entre las cuales no se cuentan las gobernadas por los peronismos que no trabaron alianzas con Milei, entre ellas La Pampa.

 

¿Cuáles recibieron aportes? Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Recibieron hasta $ 400.000 millones. “El decreto reconoce que dichas provincias se ven impedidas transitoriamente de atender sus compromisos presupuestarios más urgentes, y establece que los anticipos deberán reintegrarse dentro del ejercicio fiscal mediante retención automática de coparticipación”, sostiene el CEPA.

 

“En definitiva, la dinámica ha sido la siguiente: la caída del consumo se reflejó en la retracción de transferencias por Coparticipación y en caída de recaudación de impuestos propios de las provincias. Ello tensionó las relaciones laborales en el sector público y generó recortes en salud, educación, seguridad social, seguridad y/o justicia. Se multiplicaron los conflictos. Para paliar el problema, el Estado nacional interviene proponiendo adelantos de coparticipación, que implican menores ingresos futuros y consolidan la caída de la actividad. La necesidad de recursos debilita, aún más, el poder de negociación de las provincias: de ahora en más, el gobierno nacional sólo ofrecerá mantener el esquema de adelantos”, concluyeron.