Milei quiere derogar Estatuto del Periodista

El Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa, que conduce Rodrigo Genoni, expresó su "profunda preocupación" ante la reforma laboral presentada por el Gobierno Nacional. Para el gremio, constituye "un retroceso histórico en materia de derechos laborales y sociales, afectando directamente la vida cotidiana de los trabajadores y desprotegiendo los pilares fundamentales del sistema laboral argentino".

Desde el CEC advirtieron por la "desprotección del trabajador y fin del amparo pleno de la Ley de Contrato de Trabajo". Esto se debe a que la reforma "introduce nuevas figuras contractuales fuera del régimen laboral tradicional, permitiendo vínculos civiles y comerciales que dejan al trabajador sin estabilidad, sin indemnización adecuada, sin vacaciones pagas y sin la protección que garantiza la Ley de Contrato de Trabajo. A partir de su vigencia, miles de trabajadores pasarán a negociar solos frente al empleador, sin las herramientas jurídicas que durante décadas equilibraron esa relación".

Por otro lado, señalaron que "los convenios colectivos pierden fuerza inmediata debido a la introducción de sumas no remunerativas, componentes salariales 'dinámicos' eliminables y la posibilidad de que el empleador imponga acuerdos individuales por encima de la negociación sectorial. Esto implica que derechos conquistados durante años podrán ser modificados o eliminados de manera unilateral".

Horas extra.

Otro de los puntos negativos que plantearon desde el gremio es que "la reforma habilita un banco de horas que permite extender la jornada laboral sin abonar horas extras, compensando el exceso con descanso en otro momento. Además, el empleador podrá rotar al trabajador entre turnos mañana, tarde o noche, modificar los días de trabajo, incluir domingos o feriados y alterar la organización familiar y personal sin compensación económica. La vida cotidiana del trabajador queda completamente subordinada a las necesidades de la empresa".

"A pesar de que se afirma que la reforma busca reducir la litigiosidad, la realidad es lo contrario. La multiplicación de vínculos precarios, la falta de claridad contractual y la pérdida de derechos generarán más conflictos, más reclamos y más inestabilidad en el mundo del trabajo. La litigiosidad, que hoy ronda el 1,5%, aumentará inevitablemente", añadieron.

Inconstitucional.

Para el CEC, la reforma laboral "vulnera el Artículo 14 bis de la Constitución, que garantiza condiciones dignas, estabilidad, negociación colectiva, salario justo, jornada limitada y protección contra el despido arbitrario. También contradice el Artículo 75 inciso 22, que establece el principio de progresividad y no regresividad: los derechos sociales no pueden retroceder. Asimismo, afecta convenios internacionales de la OIT vinculados a la protección del trabajador, la libertad sindical y la negociación colectiva".

Por estos motivos, consideraron que "no moderniza el mundo laboral: lo precariza. Deja a los trabajadores más solos, más vulnerables y más expuestos a la arbitrariedad patronal. Impacta sobre la organización de la vida familiar, debilita la negociación colectiva, erosiona conquistas históricas y desestructura el modelo social argentino basado en la dignidad del trabajo".

"El Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa reafirma su compromiso con la defensa de los trabajadores y advierte sobre las graves consecuencias que esta reforma tendrá para toda la comunidad laboral", completaron.

"Intentan desmantelar el sistema laboral".

Desde las 62 Organizaciones Peronistas se posicionaron ante el proyecto de reforma laboral y manifestaron su "enérgico rechazo". Consideraron que la iniciativa, bajo el nombre de “modernización”, constituye "un retroceso de gran magnitud en materia de derechos laborales, protección social y condiciones de vida para los trabajadores y trabajadoras argentinas".

"Esta reforma no es una actualización normativa: es un intento de desmantelar el sistema de relaciones laborales construido durante más de siete décadas, debilitando la negociación colectiva, fragmentando los derechos adquiridos y dejando al trabajador aislado frente a los grandes intereses económicos", advirtieron a través de un comunicado.

A su vez, remarcaron que "esta discusión no puede quedar reducida a lo gremial. La profundidad de las modificaciones propuestas exige que el Partido Justicialista, como herramienta política del movimiento nacional, asuma una posición clara, firme y activa en defensa de los derechos laborales y de la justicia social".

"No es posible celebrar 40 años de democracia y al día siguiente mirar hacia otro lado mientras se intenta desproteger a quienes sostienen la vida productiva del país. La dirigencia política, los gobernadores, los intendentes, los legisladores, los movimientos sociales y la militancia peronista en su conjunto están llamados a asumir responsabilidad".

En esa línea, afirmaron que "no alcanza con votar en contra de la reforma laboral. La democracia también puede ser vulnerada mediante estrategias formales, como facilitar el quórum para que otros aprueben aquello que se dice rechazar. Por ello afirmamos que el Partido Justicialista, como herramienta política del peronismo, será juzgado no solo por sus votos, sino también por sus silencios, sus ausencias y las actitudes concretas de sus dirigentes en el momento decisivo. La defensa del trabajador exige coherencia, compromiso y presencia efectiva".

Efectos.

En el documento que emitieron, enumeraron las consecuencias del proyecto libertario y señalaron que "debilita la Ley de Contrato de Trabajo y la presunción de laboralidad; reduce la eficacia de los convenios colectivos; habilita jornadas extendidas sin pago de horas extras mediante el banco de horas; permite rotación compulsiva entre turnos y modificaciones de días de trabajo, incluso domingos; crea figuras contractuales por fuera de la tutela laboral; incrementa la vulnerabilidad y el aislamiento del trabajador; y aumenta la precariedad general del mercado de trabajo".

"La consecuencia inmediata será un país con trabajadores más desprotegidos, familias más inestables y una estructura productiva más desigual", advirtieron. A esto le sumaron que la reforma "contradice el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, viola el principio de progresividad y no regresividad del artículo 75 inciso 22, y desconoce convenios internacionales de la OIT que protegen la negociación colectiva, la jornada limitada, la salud laboral y la estabilidad".

Finalmente, aseguraron que "no van a abandonar la defensa de los derechos laborales ni permitirán que se destruya la estructura que equilibró históricamente la relación entre capital y trabajo. La batalla por el trabajo digno es una responsabilidad colectiva, política y moral".

“Milei fomenta el odio al periodismo”.

Con el proyecto de reforma laboral, el gobierno de Javier Milei busca derogar el Estatuto del Periodista Profesional y el Estatuto del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas. La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) calificó la iniciativa como un “ataque directo”.

A través de un comunicado, explicaron que las normas sancionadas hace 80 años “son la base de nuestros derechos y la primera línea de defensa para garantizar la estabilidad de nuestro trabajo. Permiten a cualquiera que trabaje en prensa, incluso sin el correcto registro, intimar a quien lo emplea para que se ajuste a derecho si incurre en algún tipo de fraude laboral y exigirle una reparación. Incluso si el trabajador no quiere realizar una acción judicial, le otorga mejores condiciones para cualquier tipo de negociación”.

“Estos son derechos que dan una protección especial para ejercer la tarea de informar frente a las presiones de los intereses políticos y económicos. No sorprende que incomoden a un presidente como Javier Milei, que fomenta abiertamente el odio al periodismo”, apuntaron.

Indicaron que también se busca derogar artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, eliminando los gravámenes a las señales audiovisuales con la que se sostienen los medios públicos, medios comunitarios y micropymes. De este modo, “le quita derechos a quienes trabajan en sus compañías y las exime de impuestos que fueron pensados para posibilitar un arco plural de voces”.

“Nuestra suerte está ligada a la del conjunto de los trabajadores en la Argentina, a quienes este Gobierno nacional nos convirtió en enemigos declarados”, completaron.