PAMI: denuncian violencia laboral y maltratos

(General Pico) - Trabajadores y profesionales de la agencia de PAMI de General Pico denuncian que viven en un clima marcado por la violencia laboral, el maltrato cotidiano y la persecución, y responsabilizan de esto, a la conducción de la oficina local. Además, indicaron que elevaron sus quejas al área de Recursos Humanos del organismo y que no tuvieron respuestas, dado que estarían. También confirmaron que harán presentaciones ante el Ministerio de Trabajo y ante la Defensoría del Pueblo.

 

Además, indicaron que la gravedad del clima laboral vació áreas críticas del Centro de Atención al público, dejando la atención de los jubilados en una situación de extrema vulnerabilidad.

 

Según indicaron, “un porcentaje inédito del personal se encuentra bajo licencia psiquiátrica prolongada”, debido “a cuadros severos de estrés y ansiedad”, originados por el clima laboral.

 

También, indicaron que “la ola de licencias de personal de carrera incluye renuncias efectivas de profesionales médicos y administrativos que manifestaron la imposibilidad de retornar a sus puestos bajo las condiciones actuales de hostigamiento”.

 

En otro de los párrafos de un comunicado que difundieron ayer, apuntaron de forma directa contra Sofia Mascaró de Garate, actual responsable de las oficinas piquenses de PAMI, de quien aseguraron que “impone de manera sistemática criterios personales por encima de las normativas internas y resoluciones vigentes del instituto” y que ante “cualquier disidencia o consulta técnica, la respuesta patronal se limita a amenazas de sanciones o invitaciones abiertas a la renuncia”.

 

Presentaciones.

 

Los trabajadores afectados aseguraron que recurrieron con estos planteos “a la Dirección de Recursos Humanos de PAMI para activar los protocolos correspondientes ante situaciones de violencia laboral. Sin embargo, las respuestas institucionales consistieron en presiones para firmar "consentimientos de convivencia" en buenos términos, minimizando las denuncias de maltrato sistemático”.

 

Hasta el momento, señalaron que no se aplicaron “medidas de resguardo” hacia los trabajadores y que “las juntas médicas del organismo a nivel central han manifestado su incertidumbre respecto a los plazos de autorización de las licencias, mientras que el 80% del personal local restante asiste a cumplir tareas con un profundo temor a perder su fuente de trabajo en un contexto socioeconómico complejo”.

 

Los denunciantes advirtieron una inacción por parte de las autoridades centrales de PAMI y un presunto “blindaje político” de delegada piquense, debido a su rol de vicepresidenta de La Libertad Avanza en la provincia.

 

Frente esto, los trabajadores confirmaron “que realizarán presentaciones formales ante el Ministerio de Trabajo y la Defensoría del Pueblo para exigir el cese inmediato del hostigamiento y garantizar el derecho a un ambiente de trabajo libre de violencia”.

 

Por último, apuntaron que la funcionaria local enfrenta un conflicto de intereses, dado que sus padres, reconocidos médicos de la ciudad, son “importantes prestadores activos de la obra social PAMI” y que esto “genera una abierta contradicción con la Ley de Ética Pública, dado que la funcionaria tiene bajo su órbita la gestión, auditoría y control de las prestaciones y derivaciones que benefician directamente al patrimonio de su núcleo familiar”.