Propiedad privada: represión y apoyo de la UCR y el PRO

La Libertad Avanza tenía los votos para aprobar en el Senado la reforma del régimen de desalojos exprés y de expropiaciones, pero al cierre de esta edición no lograba garantizar el respaldo para modificar la Ley de Manejo del Fuego, uno de los puntos más controvertidos del proyecto de Propiedad Privada, según informaron fuentes parlamentarias a Noticias Argentinas.

La Cámara alta reanudó ayer a la tarde el tratamiento de una versión recortada de la iniciativa, luego de que el oficialismo eliminó el capítulo que modificaba la Ley de Tierras Rurales ante la resistencia de gobernadores y bloques dialoguistas.

De acuerdo con el poroteo realizado por el oficialismo, La Libertad Avanza contaba con 38 votos para aprobar en general el proyecto y para sancionar los capítulos referidos a los desalojos exprés de viviendas, campos y terrenos ocupados ilegalmente, el nuevo régimen de expropiaciones y la regularización de escrituras de viviendas únicas en barrios vulnerables.

Ese respaldo se conforma con los 21 votos de La Libertad Avanza, 9 de la UCR, 3 del PRO, los dos senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, el correntino Carlos "Camau" Espínola, la neuquina Julieta Corroza y la chubutense Edith Terenzi.

Sin embargo, el escenario cambia para la reforma de la Ley de Manejo del Fuego, ya que había senadores dialoguistas que rechazaban esta propuesta.

Los radicales Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger, además de Edith Terenzi, Flavia Royón, Alejandra Vigo, los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano rechazaban esta propuesta, mientras persistían dudas sobre el voto de Beatriz Ávila y de los dos representantes misioneros.

La ley vigente, impulsada en 2020, prohíbe modificar durante 60 años el uso de bosques nativos y humedales afectados por incendios y durante 30 años en el caso de tierras agropecuarias.

El Gobierno busca flexibilizar ese régimen al considerar que castiga a los propietarios de los inmuebles incendiados.

Debate.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el libertario Agustín Coto, dijo que "el espíritu del proyecto es simplificar y acelerar los procesos para que los dueños de los bienes no sean castigados por las demoras judiciales y garantizar el principio del artículo 17 de la Constitución Nacional, que protege la propiedad privada", señaló.

Coto explicó que la reforma propone que los desalojos por ocupaciones ilegales tramiten por la vía sumarísima, en lugar del procedimiento ordinario vigente, con el objetivo de reducir significativamente los plazos judiciales.

Respecto de la Ley de Manejo del Fuego, sostuvo que las modificaciones buscan evitar que el propietario de un inmueble incendiado "sea doblemente castigado" por las restricciones impuestas por la normativa actual.

En representación del bloque justicialista, el senador pampeano Daniel Bensusán calificó el proyecto como "un nuevo mamarracho" del Gobierno de Javier Milei y aseguró que la iniciativa apunta a "entregar la soberanía argentina a potencias extranjeras".

Además, cuestionó el trámite parlamentario al denunciar que los senadores recibieron el nuevo dictamen "apenas una hora antes del inicio de la reunión, en un archivo sin membrete, sin firma y con decenas de modificaciones".

Otros de los discursos más duros fue el de la senadora rionegrina peronista Ana Marks, quien sostuvo que considerar la tierra "un bien abierto al capital, mirando solamente su función mercantil, es estar en contra del pueblo" y acusó al oficialismo de actuar como "cipayos y entreguistas".

La legisladora también cuestionó el nuevo régimen de desalojos al advertir que el Gobierno "no tiene ningún acompañamiento para quienes no pueden pagar un alquiler" y rechazó que la respuesta a la crisis habitacional sea acelerar las expulsiones de ocupantes.

A su vez, el radical Maximiliano Abad señaló que "las inversiones no van a venir porque se flexibilice una ley o porque se concedan beneficios extraordinarios. Van a venir si en nuestro país hay estabilidad, instituciones sólidas, si tenemos una política exterior coherente y permanente en el tiempo".

Sesión.

La sesión inició a las 14.25 con un pedido de la presidenta del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, para que la comisión de Asuntos Constitucionales analice los proyectos para permitir la votación remota de los legisladores.

De este modo, los senadores del peronismo Anabel Fernández Sagasti y del radicalismo Flavio Fama, que habían pedido participar en forma remota, no podrán hacerlo hasta que se incluya esa posibilidad en el reglamento del cuerpo.

Fernández Sagasti solicitó poder tener voz y voto en la sesión de esta tarde por estar cursando el octavo mes de embarazo, mientras que Fama lo pidió por estar operado de la rodilla.

La vicepresidenta Victoria Villarruel había autorizado los pedidos para participar en forma remota, supeditado a la decisión del cuerpo, pero Bullrich había rechazado esa posibilidad.

En el inicio de la sesión, el senador libertario Joaquín Benegas Lynch rechazó la impugnación de la senadora peronista Juliana Di Tullio por tener una empresa que asesora a inversores extranjeros que quieren comprar tierras rurales.

En la sesión, el senador peronista José Mayans criticó al presidente Javier Milei por sus críticas a su par de Brasil, Lula da Silva, lo que fue rechazado por la jefa del oficialismo, Bullrich.

Más de 250 manifestantes heridos.

La represión se hizo presente una vez más en medio de una marcha pacífica. Más de 250 personas fueron atendidas por la Posta de Salud y Cuidados, y el CeProDH, tras la represión en el Congreso. Entre ellas, se encuentra una periodista de La Izquierda Diario.

Pese a las condiciones climáticas hostiles y al anuncio un día antes de que el Gobierno quitaría el pliego de “extranjerización de tierras” del proyecto, una multitud llenó la Plaza de los Congresos para dejar en claro que “la patria no se vende”.

Según relató Tiempo Argentino, con el correr de la tarde el Congreso se transformó en un escenario de tensión creciente que terminó derivando en un operativo represivo de gran escala. Lo que arrancó como una movilización masiva y ruidosa, con banderas, bombos y consignas, se convirtió en una zona marcada por corridas, gases y balas de goma.

El primer incidente se produjo cuando los cordones de la Policía Federal, apostados detrás de las vallas, se compactaron y avanzaron sobre la multitud. Los manifestantes, que ocupaban la Plaza Congreso y las calles laterales, intentaron sostener la línea bajo la lluvia. Sin embargo, el avance policial fue acompañado por disparos de balas de goma y la primera tanda de gases lacrimógenos, que obligó a retroceder a quienes estaban en la primera fila. El humo comenzó a cubrir la plaza y a dispersar a los grupos más numerosos.

En cuestión de minutos, el operativo se extendió a distintos puntos críticos. Sobre Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos, un carro hidrante irrumpió con fuerza, lanzando chorros de agua que empujaron a los manifestantes hacia las veredas. En Callao y Bartolomé Mitre, Gendarmería avanzó desde detrás de las vallas y disparó nuevas tandas de balas de goma y gases. Varios periodistas denunciaron haber sido apuntados directamente mientras intentaban registrar los incidentes.

El mismo medio, fue testigo en la calle de como las personas corrían buscando refugio en comercios cercanos, muchos de los cuales bajaron sus persianas de manera abrupta. Las líneas de colectivos desviaron su recorrido y el tránsito quedó prácticamente paralizado en las calles que rodean el Congreso. En medio de las corridas, se multiplicaron los testimonios de heridos por balas de goma y de detenciones realizadas en forma intempestiva.

Por otra parte, organizaciones sociales denunciaron la presencia de infiltrados y señalaron que el operativo había sido desproporcionado desde el inicio. A pesar de la represión, varias columnas intentaron reorganizarse para sostener la protesta. Dirigentes políticos como Axel Kicillof y Myriam Bregman se acercaron a la zona para acompañar a los manifestantes y denunciar públicamente el accionar de las fuerzas federales.

Detenidos.

Diez personas fueron detenidas por los incidentes registrados durante las protestas contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que los efectivos de la Policía Federal concretó los arrestos de los implicados por los delitos de atentado y resistencia de autoridad.

Las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio operativo con 820 oficiales por las manifestaciones de diversas organizaciones en contra del proyecto de ley.

El voto pampeano.

El senador Daniel Bensusán (UxP) iba a votar en contra y calificó de “un nuevo mamarracho” del gobierno de Javier Milei al tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Por su parte, Daniel Kroneberger (UCR) había adelantado que iba a votar en contra, pero una vez que sacaron el polémico artículo que cambiaba la Ley de Tierras, cambió su voto. En tanto, Victoria Huala (PRO) no había fijado postura, pero con el artículo más controversial eliminado, podría acompañar la iniciativa.