Proponen girar el proyecto a Provincia

Ayer se realizó la segunda audiencia pública que propone analizar los pros y las contras del proyecto de urbanización sobre el acuífero Toay-Santa Rosa-Anguil-Catriló del fideicomiso Santa Rosa Rugby Club. Los concejales y concejalas escucharon atentamente las argumentaciones de los seis expositores. Algunos se mostraron a favor del desarrollo urbanístico, otros advirtieron sobre el impacto ambiental y social, la Caja Forense pidió la intervención de Provincia y la Cámara de Comercio propuso la creación de un Consejo Permanente de Gestión y Protección del Acuífero.

 

La jornada comenzó minutos después de las 17. El salón del tercer piso de la UNLPam ya no estuvo tan lleno como el martes.

 

Intervención provincial.

 

Rodrigo Villa se sentó frente al auditorio para representar a la Caja Forense de La Pampa. Recordó que la institución propuso, en períodos anteriores, realizar un proyecto urbanístico en el corredor de la ruta nacional 5, en terrenos lindantes al autódromo, pero “ni la Provincia ni el municipio llegaron a expedir definiciones”.

 

Explicó que el Código Urbano Ambiental, aprobado por unanimidad, definió como zona de urbanización futura a la ubicada entre el kilómetro 602 y 605 de la ruta. Pero al estar ubicado sobre el acuífero, el proyecto debe ser aprobado por la Secretaría de Recursos Hídricos. “Esta presentación no es ni adhesión ni impugnación, sino precisión sobre las reglas del juego”, aclaró Villa. Asimismo, sostuvo que “el desarrollo urbano sobre acuífero es posible. El propio Código Urbano Ambiental lo prevé, pero esa posibilidad tiene condiciones: la normativa vigente”.

 

El abogado pidió que el Concejo Deliberante “se manifieste según la normativa vigente” porque el Código “es claro” y menciona que “la ciudad va a crecer hacia allí”. Sin embargo, sostuvo que “nadie está pidiendo que se apruebe a ciegas. Cualquier decisión aquí excede a la ciudad, al departamento capital y compromete un recurso del que dependen cuatro localidades. Las decisiones de municipio y Provincia son necesarias”.

 

“Antes de votar, el Concejo Deliberante debería girar el proyecto a la Secretaría de Recursos Hídricos y esperar el informe técnico con sus observaciones, conclusiones y recomendaciones”, exigió el representante de la Caja Forense y pidió al Concejo que sea coherente con el proyecto “sin selectividad” porque existe un precedente: la aprobación de la colocación de una estación de servicio. “Este estándar técnico existe y es verificable. Ese mismo estándar debe exigirse a cualquier otro proyecto”, concluyó Villa.

 

Crear un Consejo.

 

La Cámara de Comercio, Industria y Producción de La Pampa (Cacip) estuvo representada por Rosalyn Valenzuela, quien afirmó que la institución “expresa su apoyo a todo proyecto inmobiliario que demuestre, mediante estudios técnicos independientes y mecanismos de controles permanentes, que no producirá impacto negativo sobre la cantidad y la calidad de las reservas de agua subterránea”. Consideró “indispensable” que los emprendimientos incorporen sistemas modernos de tratamientos de efluentes, reutilización de agua, monitoreo ambiental y obras de infraestructura.

 

La Cacip propuso “algo más ambicioso”: la creación de un Consejo Permanente de Gestión y Protección del Acuífero. La misma tendría representación multisectorial y autonomía técnica. “El objetivo sería que la comunidad perciba que el desarrollo urbano no avanza sin controles independientes y permanentes”, afirmó. Valenzuela explicó que estaría integrada por ingenieros, arquitectos, la universidad, empresas prestadoras de agua, organizaciones ambientales, entre otros. “Ningún sector tendría mayoría propia, la presidencia podría ser rotativa cada dos años”, indicó.

 

Las funciones del Consejo serían: monitoreo permanente, informes mensuales y técnicos y la contratación de universidades y consultoras especializadas para realizar los mismos. Se financiaría con un canon que pagarían los propietarios de los lotes.“No podemos seguir diciéndole a nuestras próximas generaciones que las cosas no se pueden hacer, tenemos que buscar la forma de controlar y de hacerlo eficiente para que entre privados y públicos se pueda lograr que la ciudad se desarrolle”, completó Valenzuela.

 

Propietario y geólogo.

 

Víctor Sesma, ingeniero agrónomo y asesor fitosanitario externo inscripto en Recursos Naturales también habló en la audiencia. Aclaró que es propietario de uno de los 171 lotes y, de esa manera, deslizó su posicionamiento respecto a la discusión.

 

El profesional recogió el planteo del exintendente Leandro Altolaguirre, quien se manifestó contra el desarrollo de la zona. "Entre tanta vapuleada se confunde a la población”, apuntó y explicó técnicamente qué es un acuífero. “El agua se potabiliza, se corrige. El ‘no por el no’ no existe, la Facultad de Agronomía nos preparó para solucionar problemas”, sostuvo y propuso trabajar el comportamiento del agua de forma “anticíclica”, como Israel. “Tenemos tanto por trabajar o corregir”, señaló.

 

Remarcó que la recarga del acuífero “tiene 80 kilómetros” y que el proyecto “es factible, pero tenemos que aunar conocimientos. No hay banderías políticas, sindical ni religiosa. Todos somos de la selección en el tema del agua”, continuó e insistió: “Todo se puede hacer, pero hay que generar proyectos para solucionar problemas”.

 

A su turno, el geólogo Gustavo Fábregas explicó más detalles del “Estudio hidrogeológico y técnico del proyecto de urbanización del fideicomiso” que realizó con Matías Hirsch. Aclaró que el proyecto urbanístico se encuentra “en una zona de baja recarga” del acuífero y que “no prevé perforaciones”. También criticó la “legislación” que permite que los vecinos de Villa Martita (al sur de la ruta 5) sí puedan realizar perforaciones y el loteo en cuestión (al norte de la ruta 5) “no puedan tocar una gota”. En ese marco propuso realizar “dos perforaciones comunitarias” para necesidades de urgencia, como incendios. “El proyecto no es el que va arruinar el acuífero”, completó.

 

Tercera jornada.

 

Hoy será el último día de audiencia pública y hablarán Beatriz Dillon, Leticia García, Diego Camargo, Roberto Travaíni, Gustavo Rodríguez y Diego Núñez.

 

Reproches de vieja data.

 

La audiencia pública por la habilitación o no del loteo al este de la capital pampeana trajo reproches entre funcionarios. Además del tire y afloje de responsabilidades entre el Gobierno provincial y el municipio, el intendente Luciano di Nápoli tildó al ex jefe comunal Leandro Altolaguirre de “calzarse el traje de falso ambientalismo” por presentarse con la Fundación Alihuen en contra del proyecto del fideicomiso.

 

El intendente Di Nápoli y el concejal Francisco Bompadre le recordaron al radical la aprobación, durante su gestión, la instalación de una estación de servicio por parte de la Caja Forense en un predio ubicado sobre la ruta nacional 5, cerca del ex autódromo. El proyecto ingresó el 17 de mayo de 2018 al Concejo Deliberante y en 14 días se aprobó.

 

Durante la audiencia de este martes, Bompadre le recordó a Altolaguirre que en aquel entonces no pidió una audiencia pública a pesar de tratarse de una cuestión ambiental, de que la Ordenanza de Audiencia Pública es del año 2011 y el Código de Aguas del 2010. Asimismo, no se requería mayoría como el actual Código Urbano Ambiental. “¿Por qué no llamaste a una audiencia pública?”, le preguntó el concejal y la escueta respuesta del exintendente fue: “Porque el Concejo Deliberante lo aprobó así”.

 

“No resuelve el déficit habitacional”.

 

La Asamblea por los Ríos Pampeanos también dijo presente en la audiencia pública. Néstor Lastiri planteó la necesidad de cuidar el agua para evitar daños irreversibles. Sostuvo que la Asamblea reitera “su compromiso con el cuidado del agua y en la preservación de nuestro acuífero Anguil-Santa Rosa en particular, proponiendo que se mantengan y profundicen las medidas normativas para que no sea afectada la calidad y cantidad del agua”. Remarcó que “cualquier daño al recurso, al agua subterránea, es irreversible y no se recupera. No es un planteo ideológico ni sectorial, es un planteo de sustentabilidad y supervivencia hídrica y ambiental”.

 

En representación de Sitrasap, Mirta Viola, también expresó su rechazo al proyecto. Alertó sobre la ampliación de “brecha de hogares sin red de agua potable” en Santa Rosa y, en cuanto a la temática de la audiencia, lamentó que “no se presentó en tiempo y forma” un estudio de impacto ambiental para dimensionar los “riesgos sanitarios”. En ese marco sostuvo que “se debe priorizar el interés colectivo y la protección del bien común de este recurso indispensable para la vida” ya que el acuífero Toay-Santa Rosa-Anguil-Catriló “está en condiciones de proveer solo el 45 % del agua necesaria para la ciudad”. Para el Sitrasap, “habilitar un loteo sobre la zona del acuífero, que aún se mantiene deshabitado, sería de alto riesgo porque habrá menor recarga hídrica"

 

“Pocas manos”.

 

Iñaki Esponda de la UTT criticó “la profunda concentración de la renta urbana y del acceso al suelo en pocas manos”. Sostuvo que el proyecto del fideicomiso “no está orientado a resolver el déficit habitacional y el acceso democrático a la tierra, sino a consolidar procesos de valorización privada del suelo urbano en beneficio de un reducido grupo de actores económicos”.

 

Dejó en claro que la oposición no es solo ambiental sino también “urbanística, social y política”. Esponda propuso abrir un debate profundo sobre las herramientas de gestión del suelo urbano actualmente vigentes e incrementar la sesión obligatoria de tierras a favor del municipio en loteos superiores a cinco hectáreas.