Rechazan cautelar a delegado gremial

La Sala 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de La Pampa, con el único voto de la jueza Laura Torres, confirmó el rechazo de una medida cautelar solicitada por Claudio Montiel, un trabajador cesanteado del municipio, quien pretendía ser reincorporado de manera inmediata a la Municipalidad de Santa Rosa.Montiel, delegado sindical del Sindicato del Personal de Obras Sanitarias (Sipos), inició una demanda de restablecimiento de sus condiciones laborales al sostener que la Municipalidad dispuso su cesantía sin promover previamente el procedimiento judicial de exclusión de tutela sindical previsto por la Ley de Asociaciones Sindicales. En su presentación también solicitó una medida cautelar para suspender los efectos de las resoluciones administrativas que dispusieron su cesantía y lograr así su inmediata reincorporación mientras se tramitaba el juicio. Sin embargo, el juez de primera instancia rechazó esa petición al considerar que la medida coincidía con el objeto principal de la demanda y que el conflicto requería un debate más amplio antes de adoptar una decisión. Ayer, el poder judicial publicó el fallo de Cámara que rechazó su apelación. Al recurrir esa resolución, Montiel sostuvo que el magistrado aplicó erróneamente normas de la Ley de Contrato de Trabajo, régimen que no resulta aplicable al empleo público municipal.

Argumentó que el caso debía analizarse exclusivamente a la luz del artículo 52 de la Ley 23.551, que impide despedir o modificar las condiciones laborales de un representante sindical sin una resolución judicial previa que lo excluya de la tutela gremial. Es que según Montiel, esa interpretación equivocada fue la que llevó al rechazo de la medida cautelar.Durante el análisis del expediente, la jueza Torres incorporó como prueba dos procesos judiciales iniciados con anterioridad por la propia Municipalidad contra Montiel. De esas actuaciones surgió que el municipio había promovido en distintas oportunidades acciones de exclusión de tutela sindical para aplicar sanciones disciplinarias al trabajador, aunque posteriormente desistió de esos procesos luego de informar que el mandato gremial del agente había finalizado y que las sanciones ya habían sido ejecutadas. Frente a esos antecedentes, la camarista entendió que no podía tener por acreditada, al menos en esta etapa preliminar, la afirmación del actor de que nunca se había iniciado el procedimiento de exclusión de tutela. El fallo también destaca que la reincorporación inmediata solicitada implicaría anticipar el resultado del proceso principal, cuando precisamente el objeto de la demanda consiste en establecer si la cesantía fue legítima o no. En este sentido, el fallo de segunda instancia aclara que la decisión adoptada respecto de la cautelar no implica pronunciarse sobre la validez de la cesantía ni sobre la eventual violación de la tutela sindical invocada por Montiel, cuestiones ambas que deberán resolverse en el juicio.