Repararon legajos de 34 trabajadores municipales prescindidos por la dictadura

La Municipalidad de Santa Rosa y el Concejo Deliberante realizaron este viernes un acto de reparación histórica y simbólica de los legajos de trabajadores municipales prescindidos durante la última dictadura cívico-militar. La actividad se desarrolló en el Centro Municipal de Cultura, con la participación de autoridades municipales, concejales, representantes de la Universidad Nacional de La Pampa, trabajadores afectados y familiares.

La investigación, realizada por un equipo de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam, permitió reconstruir las circunstancias de las cesantías y elevar de 16 a 34 el número de trabajadores identificados. El relevamiento también estableció que el 65% de las personas afectadas tenía antecedentes de participación política, partidaria o sindical.

El intendente Luciano di Nápoli destacó el significado de la reparación y vinculó las cesantías con los mecanismos de disciplinamiento social que desplegó la dictadura. Sostuvo que “la persecución laboral formó parte de un esquema destinado a silenciar a quienes defendían los derechos de los trabajadores y otros proyectos de país. Este es un acto profundamente de resistencia”, expresó, al cuestionar las expresiones negacionistas sobre el terrorismo de Estado.

Además, consideró que la restitución de los legajos “constituye una reparación que no alcanza para dimensionar el daño causado, pero permite devolver parte de la dignidad arrebatada”.

El jefe comunal destacó especialmente el caso de Jesús Rodríguez, trabajador del matadero municipal que fue encarcelado, perseguido y torturado luego de encabezar un reclamo por una jornada laboral de ocho horas. “El me agradeció y me regaló su expediente, lo tengo en el escritorio de mi estudio, porque lo estaban por llevar a

Rawson, y me dijo ‘a mi me salvó tu viejo que metió un habeas corpus’. Para mí, hoy, es un orgullo”, señaló, y concluyó con un mensaje dirigido a los trabajadores: “Ustedes fueron, son y serán empleados del Municipio de Santa Rosa”. En ese momento el propio Rodríguez, emocionado gritó: “si no fuera por el papá de Luciano, yo no estaría acá”.

Recorrido institucional.

La viceintendenta Romina Montes de Oca destacó el recorrido institucional que permitió concretar la iniciativa, cuyos antecedentes se remontan al trabajo conjunto entre el Concejo Deliberante y la Universidad iniciado durante la gestión anterior, con Paula Grotto como viceintendenta. También agradeció la decisión política del Ejecutivo municipal de avanzar con la reparación.

Montes de Oca remarcó que “detrás de cada legajo existe una historia personal y colectiva, con proyectos de vida y derechos vulnerados. La investigación permitió comprobar que la persecución estuvo vinculada con la participación social, política y sindical de los trabajadores. La organización de los trabajadores y las trabajadoras no puede ser nunca un motivo de persecución o de cesantía”, afirmó.

Alcances del informe.

La directora del Instituto de Estudios Socio-Históricos de la Facultad de Ciencias Humanas, Marisa Moroni, explicó los alcances del informe técnico elaborado a partir del convenio firmado en diciembre de 2024. El equipo analizó documentación de archivos municipales y provinciales, además de realizar entrevistas a trabajadores afectados.

El estudio determinó que la mayoría de las cesantías se produjo en 1976, aunque también identificó un segundo pico en 1981. La edad promedio de las personas prescindidas era de 38 años y tenían alrededor de una década de antigüedad laboral, lo que evidenció que se trataba de trabajadores con empleos estables.

Moroni destacó especialmente el aporte de los testimonios para reconstruir las consecuencias personales y familiares de la persecución. También anticipó que el equipo buscará incorporar los resultados de la investigación a los contenidos de las carreras universitarias.

Reconocer una injusticia.

Finalmente, el decano de la Facultad de Ciencias Humanas, Eric Morales, reivindicó el aporte de la universidad pública para reconstruir la memoria y fundamentar las acciones de reparación. “Reparar supone reconocer una injusticia y asumir una responsabilidad pública frente a las huellas que dejó el terrorismo de Estado”, sostuvo.

El decano también defendió el papel de las ciencias humanas y sociales y señaló que la investigación histórica permite comprender las relaciones de poder y los mecanismos que hicieron posibles las injusticias. En ese marco, vinculó el trabajo realizado con la necesidad de sostener las capacidades de investigación y extensión de las universidades públicas.

Trabajadores reconocidos.

El listado de trabajadores cuyos legajos fueron reparados incluye a: Carlos Ismael Abbona, Dante Mario Alonso, Jorge Rufino Andrada, Mario Omar Araque, Cayetano Bernardino Barato, Julio Oreste Braile, Walter Alcides Burgos, Jorge Alberto  Cornejo, Erberto Ángel Cuevas, Francisca Haydeé Domínguez de Domínguez, Manuel Osvaldo Eyheramono, Noelia Guzmán de Sánchez, Francisco Haag, Luis Martín Roque Insausti, Vicente Konrad, Oscar Francisco Luque, Héctor Cipriano Maldonado y Miguel Ángel Maldonado.

Además, a Graciela Mariani, Ricardo Florentino Medina, Carlos Nazario Ochoa, Florentino Nereo Peralta, José Luis Pereyra, Crispiniano Ángel Pérez, Roque Vicente Pisa, Alfredo Rodríguez, Jesús Oscar Rodríguez, Rubén Orlando Rodríguez, Roberto Óscar Santa Juliana, Norma Gladys Sierra, José María Silva (hijo), Ovidio Valcarcel, Héctor Francisco Vermeulen y Elvio José Zamora.