Río Negro cedió a firma de Israel información hídrica

El Gobierno de Río Negro firmó un contrato secreto con una empresa estatal extranjera en el que aceptó cederle la propiedad intelectual sobre la información hídrica y geológica de la provincia, le garantizó inmunidad a su personal y asumió la responsabilidad y costos sobre los daños que la empresa pudiera ocasionar. También aceptó someter sus eventuales diferendos a un arbitraje privado en Inglaterra bajo las leyes de ese país, y se comprometió a mantener la confidencialidad absoluta e indefinida de todos los términos de ese convenio de cuestionada legitimidad.

Según difundió Tiempo Argentino, se trata del contrato que la ex gobernadora Arabela Carreras (2019-2023) suscribió con la empresa estatal israelí de aguas Mekorot en febrero de 2023, con el declarado propósito de efectuar una consultoría para diseñar un Plan Maestro para el manejo de los recursos hídricos y el saneamiento en la provincia. El plan debe contemplar los desafíos del cambio climático, diseñar una autoridad regulatoria, calcular el valor económico del agua, y proyectar una planta de desalinización sobre la costa atlántica, entre otros objetivos.

“Pero la confidencialidad y el secretismo con que se manejó la contratación, desmesurado para una simple consultoría y asesoramiento, habilita interrogantes justificados que alimentan el mito sobre las intenciones y reales intereses de la empresa Mekorot y el rol del Estado”, afirmaron desde el diario porteño.

Aclararon también que, además de Río Negro, firmaron convenios al parecer similares otras once provincias, “donde el secretismo mantenido a cal y canto por sus gobiernos impide sacar a la luz pública los términos de cada una de esas contrataciones, y siembra de sospecha todo el mecanismo”.

“El extremo del absurdo sucedió en Chubut en abril pasado, cuando el Gobierno de Ignacio Torres negó por escrito al Parlamento la existencia del convenio con Mekorot, que él personalmente había rubricado dos semanas antes”, recordaron.

Términos.

Tiempo Argentino reveló los términos del contrato, luego de que legisladores y legisladoras de Río Negro exigieron información sobre el mismo y el Gobierno provincial se vio obligado a responder. El primer pedido fue de la legisladora peronista Ayelén Spósito, y ante la falta de respuesta fue reiterado por sus compañeros del bloque Vamos con Todos, Magdalena Odarda, José Luis Berros, Fabián Pilquinao y Luciano Delgado Sempé, secundados por Patricia Mc Kidd y Santiago Ibarrolaza, del PRO, y por el libertario César Domínguez.

El convenio se ampara en un Acuerdo Marco suscripto en 1982 entre la última dictadura y el Estado de Israel, y se presenta como un contrato de consultoría de 18 meses para un Plan Maestro de Recursos Hídricos a un costo por todo concepto de 1,5 millones de dólares, que vencerá en octubre próximo pero podrá prorrogarse a un precio de 72 mil dólares mensuales.

La tarea de Mekorot está financiada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), que es el firmante principal del contrato y, como intermediario político y organismo técnico, tuvo un rol fundamental en la gestión de los acuerdos previos que derivaron en los contratos rubricados por las provincias.

El de Río Negro tiene dos partes. Por un lado las cláusulas contractuales que las fuentes consultadas por Tiempo Argentino consideran ilegales y hasta inconstitucionales, y por el otro un conjunto de anexos con el plan de trabajo y los objetivos que deben concluir con un informe final de Mekorot.

Propiedad intelectual.

Una de las cláusulas más delicada es la octava, sobre la propiedad intelectual de la información de los bienes naturales de la provincia. Para hacer su trabajo Mekorot debe contar con información hídrica actualmente en manos del Estado, y realizar además una profunda radiografía del suelo y el subsuelo para compilar todos los cursos de agua, tanto de superficie como subterráneos, determinar su potabilidad y posibilidad de extracción y uso.

Según esta cláusula octava, Mekorot será la única propietaria de toda esa información y decidirá en sus informes qué es lo que Río Negro podrá saber, y qué no, sobre sus propios bienes naturales. La estricta confidencialidad que impone el contrato viola el imperativo constitucional sobre la transparencia y publicidad de los actos de Gobierno.

Incluso se anticipa a eventuales reclamos de transparencia y establece que en caso de verse obligado a difundir “información confidencial” por exigencia de la Justicia, se deberá notificar a la contraparte con antelación suficiente para “emitir un decreto” o “solicitar un amparo” que impida la divulgación.

“Cuando están en juego los bienes naturales comunes, y sobre todo bienes de dominio público como el agua, la información debe ser pública y todo debe realizarse de cara a la sociedad”, enfatizó la diputada provincial Magdalena Odarda, para quien el Gobierno provincial ocultó este contrato que debe ser ahora “derogado por la legislatura”, por su inconstitucionalidad.

Serias denuncias.

Odarda entiende que Río Negro “está entregando la información de sus Bienes Naturales a un Estado extranjero como Israel, que tiene serias denuncias en el ámbito internacional, por la ONU y organismos de Derechos Humanos por el apartheid con el agua que impone violentamente a los ciudadanos de Palestina”. Y la herramienta de ese apartheid es Mekorot.

En la cláusula 14 del contrato “la consultora deslinda en la contratante toda responsabilidad en daños y perjuicios que pudiera sufrir la empresa y su personal, y la exonera completamente asegurando su indemnidad, y librándola de toda responsabilidad por cualquier reclamo que pudiera derivar de la aplicación del contrato”. El punto once, la “Cláusula arbitral”, resuelve que “en caso de controversias no solucionadas se recurrirá a un árbitro único en Inglaterra”, el único país del planeta enfrentado por reclamos de soberanía con la Argentina.